Varios niños llegan con sus mochilas al colegio.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la disposición 7337 que da vía libre al cumplimiento del Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre las evaluaciones que deberán realizar los alumnos de los últimos cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Una norma que habilita sin cambios lo establecido por la Ley Orgánica para el curso 2016-2017 y que avala la realización de las evaluaciones del último curso de ESO y Bachillerato.

Evaluaciones que constarán de pruebas de las materias troncales (cinco asignaturas), dos opcionales y una específica, que no sea ni Educación Física ni Religión.

Según el Real Decreto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinará el marco general de la prueba, las características, el diseño y los contenidos.

Y serán las comunidades autónomas las responsables de la aplicación material de las pruebas, incluida su elaboración, fijación de los tribunales, fechas y lugares, así como reclamaciones.

Los profesores de la escuela pública y sus equipos directivos aplicarán las evaluaciones, que serán controladas en los centros educativos por el profesorado durante su realización.

En la nota final de la evaluación de ESO contará en un 70 % la media de las calificaciones del curso y en un 30 % la de la prueba final; en Bachillerato el 60 % del peso de la nota será, igual que en la ley anterior, la media de las calificaciones del curso y el 40 % la obtenida en la evaluación final.

De este modo, la reválida de bachillerato funcionará este primer curso como la selectividad, para acceder a la universidad, pero desde el año siguiente también se necesitará para tener el título de Bachiller.

El Real Decreto aprobado hoy también regula el acceso a la universidad desde la Formación Profesional (FP) y resuelve situaciones transitorias para los estudiantes del actual sistema.

Según señaló ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, estas pruebas garantizan “la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades en todo el territorio español”.

Asimismo, recordó que la mayoría de “los países de la OCDE y de la UE, realiza una prueba externa y estandarizada al final de las etapas educativas”.