El pasado 2 de abril, un grupo de 14 hombres violaron y asesinaron a Yuyun, una estudiante de 13 ó 14 años de edad en la provincia indonesia de Sumatra antes de arrojar su cuerpo a una plantación de caucho, donde permaneció dos días abandonado. Los detenidos, según medios locales, se estaban riendo mientras les colocaban las esposas. El brutal crimen ha puesto de relevancia la impunidad casi absoluta de la que disfrutan los violadores en el país asiático, donde solo es resuelto uno de cada 100 casos de asalto sexual.

Éste es el dato predominante de una encuesta conjunta entre el magacín ‘Magdalene’ y el grupo de apoyo a las víctimas de la violencia sexual en Indonesia, Lentera Sintas, quienes han abanderado una campaña en Change.org para exigir al Gobierno el endurecimiento de inmediato de los castigos contra los criminales sexuales en un país donde casi un 60 por ciento de la población ha reconocido haber padecido algún tipo de abuso de esta índole.

“Son datos muy crudos”, explica la directora ejecutiva de Lentera, Wulan Danoekoesoemo, “pero también muy poderosos”. Wulan quiso hacer hincapié, en este sentido, en que la violencia sexual es una lacra que no conoce distinción de sexo en este país.

La encuesta siguió a rajatabla la actual proporción por género en el país asiático — 50,8 por mujeres; 49 por ciento hombres, 0,2 por ciento transgénero –. De los más de 1.636 encuestados que reconocieron haber sido violados en algún momento, un 62 por ciento eran mujeres, un 37,1 por ciento hombres y un 0,1 por ciento transgénero (la mitad de esta población en Indonesia).

Los resultados se corresponden en buena parte con los obtenidos por la Comisión nacional sobre la violencia contra las mujeres (la Komnas Perempuan), que reflejan que cada dos horas tres mujeres padecen algún tipo de abuso sexual, que el año pasado se convirtió en el segundo modelo de violencia (por solo por detrás del acoso psicológico) más sufrido en el ámbito personal y el primero en el ámbito de una comunidad que suele guardar estricto silencio y ejerce presión sobre las víctimas.

UNA ALARMA GENERACIONAL QUE NECESITA DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

El hecho de que siete de los 12 acusados de la violación y el asesinato de Yuyun fueran menores de edad confirma que la violencia sexual es un problema generacional en Indonesia que requiere de la participación inmediata del Gobierno. “Los datos que ha aportado la Komnas Perempuan son solo la punta del iceberg porque solo se están basando en los casos denunciados”, lamenta Wulan. De hecho, un 70 por ciento de los participantes en la encuesta tenía menos de 35 años de edad.

“La campaña de firmas que hemos puesto en marcha”, dice la directora de comunicación de Change.org, Desmarita Murni, “no solo demuestra la preocupación reinante, sino la fuerte presión social para que el Gobierno haga algo para terminar con la violencia sexual. Si el Gobierno no responde a estas quejas, la confianza pública en las autoridades acabará erosionada”.

En respuesta al crimen contra Yuyun, el presidente del país, Joko Widodo, aprobó en mayo una ley por la que se eleva a la pena de muerte la sentencia máxima contra los condenados por violación. Además, los violadores también podrán ser castrados químicamente o recibir un chip localizador para que las autoridades estén al corriente de sus actividades. Por último, el Gobierno ha anunciado la creación, en 2017, de un centro de datos que recopile estadísticas sobre la violencia sexual contra niños y mujeres.

EL SILENCIO DE UNA COMUNIDAD

A los factores tradicionales que silencian a las víctimas — el hecho de que el violador fuera la pareja, la vergüenza, la falta de autoestima para dar el paso adelante y denunciarlo — los lazos sociales entre las comunidades locales de Indonesia son el principal obstáculo, según los datos recogidos por la encuesta.

En muchos casos, los violadores son conocidos de la víctima — en el caso de Yuyun, su ex novio se encuentra entre los detenidos — y no son pocas las familias que deciden resolver el delito de puertas adentro, generalmente a través de una compensación económica.

A ello se añade, en palabras de la directora de campaña de Lentera, Sophia Hage, “la existencia un fuerte estigma sobre las víctimas”. En la ultraconservadora sociedad indonesia, “la gente prefiere culparles a las víctimas y a sus familias en lugar de centrarse en proporcionar un castigo al violador”, lamenta, en particular cuando la violación se produce entre personas del mismo sexo, o cuando se corre el peligro de “deteriorar el honor familiar”, lo que ocurre en la práctica totalidad de las ocasiones.

Sea como fuere, el crimen contra Yuyun ha reactivado un movimiento social que se encontraba paralizado durante los últimos años y que gracias a la explosión de las redes sociales, ha permitido a las mujeres hablar a las claras sobre los obstáculos a los que se enfrentan para denunciar los abusos que han padecido, y cuya voz sirve de ejemplo y ánimo a hombres y transgénero para dar un paso adelante.

“La violación no es una cuestión de lujuria”, subrayó una usuaria de Twitter, Nisa Rizkiah. “Es un abuso de poder, y no podemos dejar que continúe”.