La presidenta del Govern, Francina Armengol.

Una ley para regular y garantizar la «presencia del catalán y la disponibilidad lingüística en esta lengua» en las empresas que ofrezcan servicios en Baleares y en las actividades socioeconómicas en general y, en base a esa futura normativa, la amenaza de un veto lingüístico por parte de las administraciones a la hora de conceder licencias de apertura e inicio de actividades a todo tipo de negocios. En el sector servicios, desde hoteles y otros establecimientos turísticos, restaurantes y bares a tiendas y todo tipo de establecimientos comerciales, empresas de construcción o de administración y de gestión, peluquerías y centros de estética, talleres de mecánica, gimnasios, piscinas, empresas de artes gráficas o que ofrezcan servicios socioculturales, informa El Mundo.

El Govern de Francina Armengol da este nuevo paso en la exigencia del uso del catalán al pretender extenderlo al sector privado a través del nuevo plan aprobado esta semana en el seno del Consell Social de la Llengua Catalana. En la aplicación de la futura normativa, supedita la autorización de licencias para abrir empresas a los requisitos lingüísticos y establece que, «antes de conceder» los permisos, las administraciones supervisarán si las empresas cumplen la exigencia. Esta medida responde al «problema», señala el documento, de que en Baleares no hay ninguna normativa ue regule cómo se garantiza el «derecho de consumidores y usuarios a utilizar la lengua catalana en las relaciones con las personas, entidades y empresas proveedoras de bienes y servicios».

El plan implica en este apartado al Govern, a los ayuntamientos y también al Parlament, en este caso por la elaboración y aprobación de una normativa que regule el uso del catalán en las empresas.

Convenios con bancos

En el sector privado, también aboga por establecer convenios con bancos y entidades financieras, y en la sanidad con clínicas y residencias privadas para promover el uso del catalán en sus ámbitos, y plantea suscribir acuerdos de la mano de Cataluña y la Comunidad Valenciana con las empresas farmacéuticas para usen el catalán en los envases y prospectos de los medicamentos.

En el sector público, también rescata otro veto lingüístico a empresas privadas planeado por el anterior Pacte: la exigencia del uso del catalán en las empresas y proveedores de servicios de las administraciones públicas, como condición para optar a contratos públicos y concesiones. Para ello prevé una ley o decreto que establezca como «requisito» la valoración del uso del catalán en los pliegos de condiciones de los contratos públicos. Afectará a todo tipo de empresas, de telefonía, transporte, suministro de energía y agua, de servicios de informática, de limpieza o de máquinas expendedoras de agua y comida. Afirma que es un factor promotor del «cambio de usos lingüísticos que se quiere conseguir» para que los ciudadanos tengan «derecho a acceder a estos bienes y servicios en catalán».

Por otra parte, también incide en abrir vías para aumentar el uso del catalán en la Administración de Justicia, a través de colegios profesionales y aumentando la oferta de cursos, y establece que el Govern, el Parlament, los consells insulares y los ayuntamientos lo deberán utilizar de forma habitual en sus relaciones con los organismos judiciales, las notarías y los registros públicos.

Dinero para que los niños “jueguen” en catalán

Subvenciones para que los niños de Baleares puedan «jugar en catalán». El nuevo plan de política lingüística promovido y aprobado por el Govern de Francina Armengol en el seno del Consell Social de la Llengua Catalana incide en uno de sus apartados en que es «importante» conseguir una oferta «rica y variada de productos lúdicos» en catalán en las islas. En la actualidad, la oferta de juegos y juguetes en catalán en el mercado «sólo supone entre un 6% y un 8%» del total, asegura, proponiendo para ello abrir el grifo de las subvenciones públicas también por este concepto: ayudas para fomentar la creación de productos competitivos aplicando nuevas tecnologías (CD-ROM, animación por ordenador, juegos interactivos y apps).

Esta línea de subvenciones está dirigiga a empresas creadoras de videojuegos, fabricantes de juguetes y comerciantes que venden jueguetes y videojuegos. El plan se apoya en un informe de la Plataforma per la Llengua del que señala que se debe «romper» la dinámica de que en catalán se ofrezcan sobre todo juegos educativos, ya que ello refuerza la asociación del catalán con los estudios «y no con aspectos lúdicos», y crear «conciencia» en la sociedad. «No se trata sólo de que la Administración legisle a favor de incorporar el catalán en este tipo de productos, sino también de que la población esté concienciada y pida juegos en catalán al comerciante, que es quien lo transmitirá al fabricante», dice. En la sanidad pública, incide en blindar la «exigencia» del requisito del catalán al personal sanitario e introduce la novedad de que el paciente podrá pedir cambiar de médico de cabecera u otro facultativo si éste no habla catalán. También prevé un reglamento sobre el uso del catalán en «todo el ámbito» del IB-Salut. La legislación, señala el documento, «no garantiza el derecho a ser atendido en lengua catalana, ni tan sólo a emplearla, en cualquier institución sanitaria o asistencial».