La número dos del PP andaluz, Dolores López.

La número dos del PP andaluz, Dolores López, ha acusado hoy a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de tener en un cuarto cerrado “bajo llave” la información sobre 1.000 millones de los cursos de formación que están “en el limbo” porque se han quedado sin ejecutar o todavía no se han justificado.

López ha reclamado a Díaz en rueda de prensa que aclare “dónde ha ido el dinero de los parados andaluces”, pero ha denunciado que a la presidenta socialista “no le interesa que se sepa”.

La popular considera que Díaz quiere “cerrar en falso” la comisión de investigación sobre los cursos de formación “para que no se sepa hasta dónde llega el fraude” y ha opinado que “quien veta esa información es porque está detrás de ella y probablemente si sale a la luz pueda salir señalada”.

López ha recordado que el PP está “continuamente reiterando” que se le dé esa información en la comisión, a lo que ha agregado que “seguramente si Díaz no tuviera bajo llave la información que se le solicita a día de hoy podría decir dónde están esos fondos”.

En concreto, el PP se refiere a los 386 millones que se quedaron sin ejecutar en el periodo 2002-2012, y que “nadie sabe dónde están, si en una cuenta corriente o en una caja fuerte”, y los 539 millones en ayudas que aún están pendientes de justificación.

Ha mostrado la “preocupación” del PP por lo ocurrido en la formación y por que a la comisión “no llegue” documentación o lo haga “sesgada”, con comparecientes que no dicen “nada” o que cuando hablan lo hacen para “despistar”.

La secretaria general del PP-A ha lamentado que el dinero de formación se haya empleado en “pagar seguros de entierros”, en facturas para supermercados o para pagar camareros, y que haya 1.386 millones todavía “sin revisar”.

Ante la puesta en marcha de nuevo de la convocatoria para cursos de formación, ha explicado que en el PP están de acuerdo con ella porque es un “derecho” de los andaluces, pero ha advertido de que debe garantizarse que no se puedan repetir las “irregularidades”.

Ha tendido la mano al diálogo para conseguir que la formación llegue a los parados “y no termine en los juzgados” y ha pedido que se negocie con todos los grupos y los agentes sociales.

El PP andaluz defiende una formación que tenga una planificación estratégica plurianual, con protagonismo de los agentes sociales, además de que sea “coherente” con las necesidades del tejido productivo y que haya una evaluación de la calidad e impacto real.

Además, piden que se garantice la concurrencia competitiva, que se prohíba la subcontratación y que se incluya el “cheque formación”, con el que el empleado pueda decidir qué tipo de curso recibe y qué entidad lo imparte.