La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, no recurrirá a los servicios jurídicos de la Comunidad, sino que se pagará ella misma un abogado si finalmente decide demandar a Rita Maestre, a quien ha instado a retirar sus palabras acusándola de “pegar a gente” cuando era delegada del Gobierno.

Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Cifuentes ha calificado de “absolutamente inaceptables”en las que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid diferenciaba entre el “escrache” sufrido por el concejal de Seguridad, Javier Barbero, y el que padeció en 2012 Cifuentes cuando era delegada del Gobierno en Madrid.

Rita Maestre afirmó en la entrevista que entre los dos escraches “hay diferencias sustanciales de contexto”. “El clima de la protesta por la indignación social que había en España cuando sucedió lo de Cifuentes no se da ahora (…) En aquel momento, nadie que quisiera hablar con Cifuentes podía hacerlo. No existían cauces de diálogo. Fundamentalmente, su actuación como delegada del Gobierno era pegar a gente, era la jefa de los que apaleaban a quienes se manifestaban en Sol”.

Cifuentes ha calificado estas palabras de “inaceptables” y de “mentirosas”, y aún más graves si quien las dice es la portavoz de un Gobierno municipal, a quien se le presupone un plus de responsabilidad.

Unas palabras “intolerables” tanto hacia ella misma como hacia el Cuerpo Nacional de Policía, porque afectan tanto a su honor como al de las fuerzas de seguridad del Estado, y por eso va a instarle a través de un burofax a que “rectifique inmediatamente”.

“Y si no lo hace, voy a iniciar las acciones que legalmente procedan en defensa de mi honor”, ha reiterado, acciones que está estudiando y que podrán ser civiles o penales.

“Si no quiere (rectificar), yo ejerceré mis derechos. Que me diga -o mejor, que le diga al juez- a qué persona he pegado yo”, ha retado.

Lo que ha dejado claro es que no va a utilizar los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, dado que los hechos se refieren a su anterior etapa política, como delegada del Gobierno, y por eso va a recurrir a su propio abogado, que pagará con sus propios medios.

Cifuentes ha vuelto a instar a Maestre a retractarse. “No voy a consentir que ninguna persona, y menos con cargo de responsabilidad, se permita mentir, difamar y atacar a mi honor”, ha aseverado.

Y más una persona, ha seguido diciendo, que está condenada (una sentencia del juzgado de lo penal número 6 de Madrid la condenó a una multa de 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos ha haberse manifestado con el torno descubierto en la capilla de la Universidad Complutense (UCM) en 2011) y que desde su cargo actual se la presupone una responsabilidad “muy importante”.

“Esto no es una asamblea universitaria donde uno puede decir cosas; ha hecho una acusación muy grave, contra mí y contra la Policía”.

Y ha vuelto a recordar que durante los casi tres años y medio que fue delegada del Gobierno hubo en la región 11.800 protestas, “la inmensa mayoría pacíficas”, y la intervención policial “fue mínima, no llegó al 0,5 %”, ya que a pesar de la “conflictividad” que había la Policía Nacional se manejó “con absoluta profesionalidad”.

De ser necesario acudir a los tribunales, Cifuentes ha dicho tener “gran confianza” en la justicia, que está convencida de que “sabrá actuar para proteger mi honor y el de cualquier persona gravemente difamada por un cargo público”.

Respecto a las diferencias que hace Maestre sobre el escrache que sufrió Barbero y el que sufrió Cifuentes, la presidenta ha señalado que es una muestra de su “gran sectarismo”, y “demuestra bastante poco talante democrático”.

“Yo condeno rotundamente el escrache a Barbero, y si lo tuviera Maestre, también” ha zanjado.