Furgón en el que salen de la Audiencia Nacional en dirección a la cárcel los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, detenidos el viernes acusados de extorsionar a bancos a cambio de publicidad o de retirar acusaciones, para quienes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional y sin fianza.

La filtración a la prensa de la investigación contra la cúpula de Manos Limpias y Ausbanc frustró un pago simulado que se iba a realizar la semana pasada y que habría servido para probar el chantaje a la defensa de la infanta Cristina para retirar su acusación en el caso Nóos.

Según han informado fuentes de la investigación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había llegado a un acuerdo para que la defensa de la infanta colaborara con la investigación accediendo a que se pagara una parte de los 3 millones de euros que Ausbanc y Manos Limpias habían pedido a cambio de retirar la acusación del sindicato en el caso Nóos.

Ese pago se iba a realizar la semana pasada, pero la filtración a la prensa de la investigación lo frustró, por lo que el juez instructor, Santiago Pedraz, decidió adelantar al viernes pasado las detenciones y registros a la cúpula de las organizaciones, que estaban previstos para esta semana.

Estas filtraciones causaron gran malestar en la Audiencia Nacional, ya que si se hubiera hecho el pago trampa el delito habría quedado probado con mucha más consistencia, han indicado las fuentes.

De hecho, el juez Pedraz decidió abrir una pieza separada para investigar el origen de la filtración.

Hoy, el magistrado ha enviado a prisión a los dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, y explica en su auto de prisión los pormenores de este chantaje a la infanta.

El magistrado detalla el comienzo de las conversaciones pinchadas de la extorsión y acaba su relato con la declaración que hizo ante la policía el abogado de la infanta, Miguel Roca, contando el chantaje, pero no desvela las gestiones posteriores para conseguir el pago ficticio.

Todo empezó, indica el juez en el auto, el pasado 29 de febrero, cuando Pineda llamó al director general de la Fundación La Caixa y le propuso “negociar la retirada de la acusación popular de Manos Limpias” en el caso Nóos.

Tras la declaración de la infanta el 3 de marzo ante la Audiencia de Palma, se intervino otra conversación entre Pineda y otro de los imputados, el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Javier Castro Villacañas, en la que comentaron la intervención de la abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación en Nóos.

Pineda dijo que la letrada “se ha pasado”, pero luego añadió: “Pero bueno, luego tendrá que plegar velas tío y punto” y “hacer lo que deba hacerse, no lo que le guste a ella, aparte que su momento de gloria ya lo ha tenido”.

Por otro lado, Pineda llamó el 14 de marzo al subdirector general de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell y le dijo que comunicara al abogado de la infanta, Miguel Roca (consejero de la entidad), que él era el “interlocutor idóneo” en el asunto relacionado con el archivo de la acusación contra la infanta.

Unas horas después, el directivo del banco devolvió la llamada a Pineda y le dijo que le había comunicado a Roca el asunto y que el abogado le recibiría en Madrid un día después.

Quince días más tarde, el directivo de Sabadell se personó ante la policía para denunciar los hechos y habló a los agentes de una cantidad, 2 millones de euros, que Bernad le había pedido seis meses antes para “ayudar económicamente” a una empresa a cambio de interceder para retirar la acusación a la infanta.

Al día siguiente, el 30 de marzo, el mismo directivo acudió de nuevo a la policía en compañía de Roca, y este último manifestó, según el auto, “que no quería celebrar la entrevista por razones deontológicas pero que tenía cierta curiosidad por saber lo que Luis Pineda podía proponer”.

El letrado dijo que en esa entrevista celebrada el 15 de marzo Pineda le dijo que se estaba planteando retirar la acusación, “pero que habían tenido muchos gastos procesales” y que estimaban que habían llegado hasta los 3 millones de euros, lo que Roca interpretó como el dinero que le pedían.