El caso Rato, a la deriva entre la complejidad y las dudas un año después
El exvicepresidente del Gobierno, expresidente del FMI y de Bankia, Rodrigo Rato, a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid.
El caso Rato, en el que se investiga al exvicepresidente del Gobierno por presunta corrupción entre particulares, blanqueo de dinero y otros delitos, cumple su primer aniversario inmerso en incógnitas pendientes de despejar por Hacienda, cuyo informe final todavía espera la justicia.
Hace precisamente hoy un año, un escrito de la ONIF, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, alertaba a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rodrigo Rato e iniciaba un proceso que dejó la detención televisada de todo un ex director gerente del FMI, una imagen que dio la vuelta al mundo.
La ONIF hacía esta denuncia temprana apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac.
El también expresidente de Bankia podría haber blanqueado dinero tras acogerse a la amnistía fiscal en 2012 junto a otros 30.000 contribuyentes, la mayoría empresarios y políticos de grandes fortunas familiares como el propio Rato.
Contra todo pronóstico por el peso del secreto bancario, la filtración fue confirmada públicamente por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien añadió que se investiga a Rato para determinar el origen “lícito o ilícito” de sus rentas.
Todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP, calificaron de “escándalo” y “esperpento” una amnistía que “tenía como objetivo blanquear a los propios amigos del Gobierno”.
En las horas siguientes las reacciones monopolizaron una opinión pública que no pudo prever lo que pasaría la tarde del 16 de abril.
La mano del agente de Aduanas sobre la cabeza del considerado por muchos el “gran artífice” del milagro español dejó una instantánea para la memoria y puso fin al registro de quien estuvo llamado a suceder a José María Aznar en la presidencia del PP.
Una intromisión contra la que Rato ha recurrido en varias ocasiones, que fue ejecutada a instancias de la Fiscalía madrileña, tras considerar en horas un presunto alzamiento de bienes que apenas una semana después quedó descartado por el propio juez.
Sin embargo, el registro a Rato permitió la incautación de cientos de documentos ajenos a la acusación inicial relacionados con negocios del exministro que, con el paso de los meses, han ido conformando la amplia lista delictiva confeccionada por la Fiscalía.
Este “levantamiento del velo” ha dejado en evidencia el complejo entramado societario del ex director gerente del FMI, ahora investigado en relación a cinco operaciones detectadas por la ONIF en su informe inicial.
Según Antifraude, Rato cometió hasta nueve delitos de fraude a través de la “sociedad opaca” Kradonara 2001, epicentro de su red; además de movimientos invisibles de divisas con Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo de casi 7 millones de euros.
Entre las operaciones destaca la adjudicación de la campaña publicitaria del debut bursátil de Bankia a Zenith y Publicis, tras el sospechoso pago de dos millones a Alberto Portuondo, entonces asesor tanto del banco como de las empresas.
El fisco sospecha que unos 835.000 euros habrían acabado en la “sociedad opaca del señor Rato”, ingresos “no tributados correctamente” que habrían ocasionado un fraude de cerca 280.000 euros entre 2011 y 2012.
Aunque el grueso de la acusación se centra en el triángulo Kradonara-Westcastle-Red Rose donde Hacienda detecta cinco posibles delitos ya que ni Rato ni ninguna de sus empresas tributaron los movimientos de divisa, generando un perjuicio de casi 4,4 millones.
Las miles de empresas vinculadas a este proceso han trabado la investigación tanto que, el pasado noviembre, el juez instructor urgió a la ONIF a entregar un informe definitivo sobre el caso Rato.
A la espera de las conclusiones definitivas de la Oficina, la Fiscalía tampoco ha trasladado al juez su intención de declarar la “causa compleja”, que permitiría disponer de más tiempo para acordar diligencias.
