El magistrado que sustituye a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha enviado al Poder Judicial un informe que sugiere que la actual diputada de Podemos incumplió su deber de abstenerse en una causa en la que su pareja podía tener intereses.

Hasta que abandonó el Juzgado para encabezar la candidatura de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas, Rosell dirigía la instrucción abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda en el pago a los empleados de una de sus sociedades, Seguridad Integral Canaria.

La Fiscalía de Las Palmas se ha quejado dos veces sin éxito del ritmo de esa instrucción ante el órgano de gobierno de los jueces, pero en ninguna de las dos ocasiones el Consejo General del Poder Judicial apreció que hubiera pruebas de infracción alguna por parte de Rosell en sus deberes profesionales como magistrada.

En la primera ocasión, a principios de 2015, la fiscal del caso, Evangelina Ríos, se quejó de presuntos retrasos injustificados en la causa y, en la segunda, en diciembre, denunció que Rosell incumplió su deber de abstenerse en ese procedimiento, a pesar de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, había llegado a un acuerdo en la UD Las Palmas para transferirle la gestión de una emisora de FM.

En esa segunda vez, la Fiscalía fue corregida no solo por el CGPJ, sino también por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló sus diligencias por estimar que el Ministerio Público investigó sin competencias presuntas faltas disciplinarias de Rosell (algo que solo puede hacer el Poder Judicial) y que, además, vulneró sus derechos de defensa y sus derechos como candidata en plena campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre.

Sin embargo, según publica hoy “La Provincia”, el sustituto de Rosell en el Juzgado, Salvador Alba, acaba de enviar al CGPJ nuevos indicios de que la actual diputada de Podemos podía tener un interés personal indirecto (a través de su pareja) en esa causa, que se remonta no solo a la licencia de FM transferida a la UD Las Palmas en sus últimos días como juez, sino a varios años atrás.

En el curso del procedimiento por fraude a la Seguridad Social y Hacienda de Seguridad Integral Canaria, Alba citó el pasado día 23 a Ramírez a declarar de nuevo, en una comparecencia que la fiscal Evangelina Ríos y él dedicaron casi por completo a preguntarle por sus relaciones empresariales y comerciales con el periodista Carlos Sosa (“La Provincia” la publicó íntegra este domingo).

El presidente de la UD Las Palmas confirmó al juez en su declaración que entre 2002 y 2011 financió, como “otros empresarios”, negocios de periodísticos dirigidos o participados por la actual pareja de la juez Rosell, mediante préstamos que, una vez vencidos y no de vueltos, se transformaban en acciones.

Salvador Alba, exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Las Palmas, eleva ahora al CGPJ esos datos sobre Victoria Rosell, exportavoz nacional de Jueces para la Democracia, para que dilucide si la actual diputada de Podemos debió o no de abstenerse en una causa cuyo imputado tuvo negocios con su pareja.

Carlos Sosa ya ha precisado que esas relaciones suyas con Ramírez se remontan a un período (de 2002 a 2008) en el que Victoria Rosell todavía no era su pareja y se hicieron, según su versión, con empresas de comunicación de las que era empleado, no propietario.

El actual instructor de la causa contra Ramírez sustituyó a Rosell en octubre. Una de sus primeras decisiones fue imponer a la empresa Seguridad Integral Canaria una fianza de 35 millones de euros para garantizar posibles responsabilidades civiles, algo que la Fiscalía había pedido con anterioridad, sin éxito, a Rosell.

Parte de estos hechos también se encuentran ya en el Tribunal Supremo, porque el ministro de Industria y líder del PP canario, José Manuel Soria, se ha querellado contra Rosell para acusarla de haber retrasado intencionadamente el caso contra Ramírez por intereses personales. Sin embargo, la Fiscalía del Supremo ha recomendado a la Sala de lo Penal que archive esa querella.