Marcos Vega Gómez

El ex embajador de España en Finlandia Marcos Vega Gómez se enfrentará a partir de este lunes a una pena de diez años de cárcel en el juicio que la Audiencia Nacional celebrará contra él por las irregularidades cometidas en la contratación de varios empleados domésticos en la residencia oficial de la Embajada en el año 2011.

La Fiscalía acusa a Marcos Vega de delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsificación de documento oficial, por los que solicita también que sea condenado a 21 años de inhabilitación especial para el desempeño de un empleo o cargo público y el pago de una multa de 30.000 euros.

El Ministerio Público defenderá ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal que el diplomático contactó en junio de 2011 con la filipina Expedita C. y la etíope Sofia Mohamed S. con el fin de que viajasen a Finlandia para trabajar como empleadas del hogar en su residencia oficial.

El acusado cargó los gastos de desplazamiento a la caja de la embajada sin autorización del Ministerio de Exteriores, ascendiendo los billetes de avión y los visados a 2.095 euros, que posteriormente éstas debían reintegrar.

Pese a conocer que ambas habían entrado como turistas y carecían de permiso de trabajo y residencia en Finlandia, firmó con ellas el 1 de julio de 2011 sendos acuerdos de prestación de servicios a cambio de 800 euros netos al mes. Exteriores le exigió que reintegrase los 4.800 euros abonados con fondos públicos y de manera irregular entre julio, agosto y septiembre de aquel año.

CARGÓ LOS GASTOS A LA EMBAJADA

En su escrito provisional de acusación, la Fiscalía señala que el 31 de mayo y el 24 de agosto de 2011 la Embajada de Finlandia con la autorización del Ministerio convocó un proceso selectivo para la contratación de dos personas para cubrir los puestos de mayordomo y empleada del servicio doméstica. El acusado participó en la convocatoria, pese a que “tenía interés personal” y debía abstenerse, y el proceso terminó adjudicando las plazas de forma arbitraria a Expedita y Sofia.

El embajador firmó sendos contratos en español que remitió al Ministerio de Exteriores en los que indicaba que Expedita trabajaría como mayordomo por 19.768 euros, lo que suponía un sueldo neto mensual de 1.400 euros; y a Sofia por 16.838,88 euros (1.200 euros netos mensuales).

Sin embargo, Vega redactó otros contratos en inglés que fue los que dio a las empleadas, en los que establecía que su sueldo mensual sería de 800 euros, no coincidiendo tampoco su categoría, su horario laboral ni duración. Con la diferencia entre los sueldos recogidos en los contratos remitidos oficialmente y lo que realmente les pagaba, gestionó la contratación de una tercera empleada de nacionalidad filipina, Conchita V., con un sueldo de 800 euros mensuales netos.

El 18 de agosto de 2011, la Embajada convocó otro proceso para seleccionar como empleado de limpieza a Everest Akpoveta, en cuyo contrato se indicaba que su jornada laboral sería de tres horas a cambio de 10.140 euros. Sin embargo, el acusado firmó con él un contrato en inglés en el que cifraba en cinco horas su jornada y ampliaba sus cometidos a trabajos de jardinería y retirada de la nieve en la embajada durante el periodo invernal.