La Fiscalía Anticorrupción avanza con paso firme en las diligencias abiertas en Castilla y León por la llamada «trama eólica», el cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de asesoramiento para la construcción de parques de energías renovables en la comunidad.

Estas diligencias de investigación han estrechado el cerco sobre un peso pesado en el PP, Federico Trillo-Figueroa, embajador de España en Reino Unido, expresidente del Congreso y exministro de Defensa. También sobre los exparlamentarios Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Tormé, quienes no repitieron como diputado y senadora, respectivamente, en las últimas elecciones.

La investigación de la «trama eólica» se basa en un informe de la Agencia Tributaria que recoge el pago de unos 110 millones de euros entre cargos de la Junta, políticos y asesores, en supuesta connivencia con empresas regionales, para favorecer la concesión de autorizaciones de medio centenar de los 241 parques eólicos sembrados en Castilla y León en la última década. Las pesquisas dirigidas por el fiscal anticorrupción Tomás Herranz, que cuenta con tres equipos especializados desde hace un año, han puesto en el punto de mira, además de a destacados responsables de la Administración autonómica e importantes constructores de Valladolid, los negocios privados de históricos dirigentes del Partido Popular, quienes se lucraron por supuestos servicios de asesoramiento a través de sus despachos cuando eran parlamentarios.

Investigación abierta

Tal y como apuntan fuentes jurídicas, la instrucción de Anticorrupción maneja que Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Tormé recibieron pagos sin justificación a través de sus despachos por parte del Grupo Collosa (Construcción y Obras Llorente, en la actualidad Corporación Llorente), una constructora de Valladolid especializada en obra pública y a quien la Agencia Tributaria señala como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de los parques.

El avance de las pesquisas de Anticorrupción ha provocado que Trillo y Martínez-Pujalte se hayan personado con abogado en las diligencias «para saber de qué se les acusa o investiga» y defenderse, confirmaron fuentes fiscales. Un movimiento judicial que ya conocen en la dirección nacional del PP y que hace temer lo peor, sobre todo en el caso del actual embajador en Reino Unido. Las mismas fuentes señalan, no obstante, que la investigación de la Fiscalía no está cerrada.

El despacho de la familia Trillo, Estudios Jurídicos Labor, que figura a nombre de tres de sus hijos, recibió 354.560 euros de 2006 a 2008 (unos 9.000 euros al mes) por tareas de «asesoramiento general y jurídico» a Collosa. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio ningún informe que acreditase la realización de los servicios descritos en las facturas.