Al menos durante diez años, de 2003 a 2014 incluyendo los peores momentos de la crisis económica, las ocho empresas que servían la comida en los comedores escolares del País Vasco se han estado llenando los bolsillos con 200 millones de euros que no eran suyos, según la estimación del PP a partir de una resolución de la Autoridad Vasca de Competencia (AVC). El fraude abarca, como mínimo, desde la época de Juan José Ibarretxe (PNV), continuó durante el gobierno del hoy presidente del Congreso, Patxi López (PSE), y ha llegado hasta Íñigo Urkullu en la sede del gobierno vasco.

El engaño estaba basado en una concertación ilegal de precios que evitaba la competencia y el ajuste de la tarifa de comedor en los colegios públicos, que estas tres administraciones pasaron por alto. El «pastel» que se repartieron estas ocho empresas durante esa década llegó a los 854 millones de euros, y la AVC les ha impuesto una multa récord de 18 millones.

Quebranto público

Según el organismo vasco de competencia este importante timo «ha provocado un grave quebranto a las arcas públicas y a las personas usuarias del servicio», aunque desde el PSE insisten en que el precio que pagaban las familias vascas por el servicio era independiente de la adjudicación y, por lo tanto, han sido las arcas públicas de este territorio, las únicas víctimas del fraude. Su objetivo es disculpar cualquier reponsabilidad de Patxi López. El PSE reconocen que son «hechos de evidente gravedad» pero insisten en que «no ha existido perjuicio para los usuarios». Parecen olvidar que, de una manera u otra, los ciudadanos son los damnificados ya que son sus impuestos los que sostienen a la Administración.

La investigación de la AVC puede pasar ahora a manos de la Fiscalía después de que el jueves PNV, PSE y Bildu aprobaran en el Parlamento autonómico una iniciativa por la que instan al Gobierno autonómico a dar traslado del caso a la justicia. Era una de las reclamaciones del PP, que va más allá: ha pedido una comisión de investigación junto a UPyD y demanda que se exijan daños y perjuicios, además de delimitar y depurar responsabilidades.

«Son las mismas empresas las que se vienen quedando con todos los lotes y al precio máximo con ese sistema de concurso, que incorporaba un filtro para que solo pudiesen ser esas empresas las que se pudiesen presentar. Nos lleva a pensar que es necesaria la connivencia de la Administración», asegura a ABC Iñaki Oyarzábal, parlamentario vasco del PP. Añade que el fraude es incluso mayor de lo investigado por la AVC y que abarca 18 años. Las empresas se repartían los lotes de tal forma que siempre pujaban por el precio máximo, con el consiguiente sobrecoste. «Los técnicos tenían que estar al cabo de los precios de mercado. Que la Administración pública estuviese pagando un entre un 30 y un 35 por ciento más caros los menús escolares, a alguien le tenía que haber llamado la atención».

Cambio de sistema

El actual ejecutivo encabezado por el lendakari Iñigo Urkullu se escuda en que el año pasado ya cambiaron el modelo de ajdudicación de los menús. «Este gobierno ya ha actuado. Este gobierno ha modificado el sistema», se defendía la consejera de educación, Cristina Uriarte, durante una interpelación parlamentaria. «Ha sido un cambio cosmético para perpetuar el fraude».

Las mismas empresas que han sido multadas, con este cambio que ha hecho el Gobierno vasco se han vuelto a llevar todos los lotes y en buena parte de ellos al precio máximo también», replica Oyarzábal. «El PNV no tiene la voluntad política de clarificar esto y solucionarlo. Este fraude alcanza unas cifras que no habíamos conocido hasta ahora en la comunidad autónoma vasca», remacha.

El Parlamento vasco ha pedido al Ejecutivo que «intensifique» los trabajos con los agentes del sector para adecuar el modelo de gestión de los comedores escolares, de forma que cada centro público puede elegir la forma de gestionar este servicio.