Cándido Conde-Pumpido

La investigación a Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del ex fiscal general del Estado, contiene un buen número de pruebas concluyentes que sitúan al abogado en el meollo del blanqueo de capitales de una organización criminal dedicada a la explotación de clubes de alterne.

Uno de los informes entregados al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu describe que Conde-Pumpido explicó a su banco, tras ser requerido por la entidad, que los 550.800 euros en metálico que retiró entre julio y agosto de 2015 eran «para pagar a proveedores y al personal» de los establecimientos de sus clientes, la mafia desarticulada en junio de 2015 en la operación Pompeya.

Es más, el abogado argumentó que esto se debía a que «los titulares del negocio tienen las cuentas bloqueadas». Efectivamente, el juez bloqueó a finales de junio pasado las cuentas de los burdeles investigados por blanqueo. Por ese motivo, el 2 de julio de 2015 Conde-Pumpido Varela usó su empresa de arquitectura e interiorismo Proyectos Integral Gimonde S.L. para contratar seis datáfonos con el BBVA y colocarlos en el Vive Madrid, el mayor prostíbulo de la capital.

En los dos meses en los que el letrado prestó este servicio a la mafia presuntamente liderada por Ángel Crispín Gilaranz, su empresa ingresó 1,09 millones de euros por los servicios de la clientela del Vive Madrid abonados con tarjeta de crédito.

El letrado se quedó como comisión 125.715 euros y reintegró el resto a la trama, en transferencias y con los citados 550.800 euros.

Doscientas prostitutas

Aunque Pumpido sostiene que eran para pagar a los proveedores y al personal de los tres restaurantes y la «discoteca» -como denominó al prostíbulo de sus clientes-, la investigación ha acreditado que los fondos que recibía la cuenta del letrado procedían casi exclusivamente del prostíbulo, en cargos con tarjeta entre las 00.30 y las 06.35 horas. El personal del Vive Madrid lo integran, además de los camareros, unas 200 prostitutas.

Por otro lado, los investigadores sospechan que la empresa de Conde-Pumpido también pudo servir para cobrar deudas de clientes VIP del prostíbulo, a los que se les adelantaba una línea de crédito que luego liquidaban. Esto sería especialmente grave, ya que no solo habría ayudado a recomponer la trama de blanqueo de la organización criminal recién estructurada, sino que también colaboraría en el cobro de beneficios generados antes de la intervención policial.

Los informes de inteligencia financiera sostienen que «Gestión de Proyectos Integral Gimonde podría estar cobrando deudas contraídas por ciertos clientes de fechas anteriores a que se produjeran los bloqueos a las cuentas bancarias de esta organización (…) impidiendo de esta forma la eficacia del procedimiento judicial, al distraer bienes que debían haber sido ingresados anteriormente».

Los informes destacan que la madrugada del 7 de agosto de 2015 se registraron cuatro cargos en una misma tarjeta que suman 8.460 euros. A las 02:32 horas cobraron 1.200; a las 03:32 fueron 2.190; a las 04:16 el cargo ascendió a 2.550 euros; y a las 05:19 fueron 2.520 euros más.

Los investigadores también han descubierto que entre los recibos que imprime el TPV (Terminal Punto de Venta) y firma el dueño de la tarjeta, «destacan 18, todos ellos con firma, supuestamente realizadas por una persona, si bien se observan diferencias en varias de ellas y siendo estas muy similares a los incluidos en otras boletas correspondientes a otros clientes». Una misma persona podría firmar cargos en tarjetas de otros titulares, por los que podría haber fraudes y/o operaciones de blanqueo.

Por otro lado, en ocasiones se utilizan diversas tarjetas de un mismo titular, probablemente porque el cliente había sobrepasado los límites de crédito.