Más de 3,4 millones de kilos de ropa usada al año supone un negocio demasiado suculento como para dejarlo escapar, por lo que multinacionales, medianas empresas y hasta grupos clandestinos compiten ya en la Comunitat de Valencia con las entidades sin ánimo de lucro por asumir la recogida del textil de segunda mano, recoge Las Provincias.

La donación de ropa fuera de uso supuso hace más de dos décadas un impulso para asociaciones benéficas que destinaban estos recursos a un fin social, mientras que en la actualidad se ha convertido ya un negocio con la reventa, tanto nacional como internacional, que intentan copar grupos con ánimo de lucro.

En el caso de la Comunitat forman parte de Aeress las fundaciones Tots Units y José María Haro-Intra (esta última creada por Cáritas Diocesana), las asociaciones Proyecto Lázaro y El Rastrell, y el centro de recuperación El Cuc; aunque también hay otras entidades similares como la ONG La Casa Grande. La instalación de contenedores en la vía pública, previa autorización de los ayuntamientos, es una de sus vías de abastecimiento.

Sin embargo, durante los últimos años se están viendo obligadas a competir por los espacios públicos y la solidaridad de los vecinos con otras organizaciones, desde grandes y medianas empresas «con un marcado ánimo de lucro», hasta grupos no regulados, la mayor parte procedentes del norte de África, que trasladan las prendas recogidas a este continente para su venta, según fuentes de Aeress y de las entidades valencianas.

Por ello, «pedimos a la ciudadanía que se informe bien sobre quién está detrás de cada contenedor de recogida de ropa usada», concretaron desde el Rastrell, entidad que en el último año ha notado un descenso de alrededor del 30% en la cantidad de ropa usada recogida.

En parte de las poblaciones de la Comunitat el problema radica también en que los nuevos competidores ofrecen a los ayuntamientos el abono de tasas por la instalación de los contenedores, por lo que los consistorios aprecian una buena oportunidad para, por un lado, mejorar la economía municipal y, por otro, reducir la recogida de residuos en los que se convierte la ropa tirada directamente en los contenedores de basura. Ante esta situación las entidades sociales sin ánimo de lucro poco pueden hacer.

Estas empresas, algunas de ellas con implantación multinacional, destinan parte de sus beneficios a proyectos sociales, por lo que se escudan en que también participan en mejorar la situación de los más desfavorecidos. Sin embargo, desde Aeress advierten que esta competencia contribuye a la «destrucción del empleo local, especialmente entre los colectivos vulnerables» y reduce el acceso a la ropa a bajo coste a personas con pocos recursos.