Si la causa de los ERE falsos avanza al ralentí, sin juicio a la vista tras cinco años de instrucción, la investigación que lleva a cabo el mismo juzgado de Sevilla sobre el fraude masivo de los cursos subvencionados por la Junta de Andalucía está estancada. Con la salvedad de que ha sido troceada en nueve piezas, la macrocausa de formación permanece en el mismo punto donde la dejó la magistrada Mercedes Alaya hace ya ocho meses, cuando abandonó el juzgado donde escribió los autos que hicieron tambalearse los cimientos de los gobiernos socialistas.

María Núñez Bolaños no ha ordenado más detenciones en estas diligencias. No ha encausado a nuevos ex altos cargos autonómicos ni, según fuentes judiciales consultadas, ha pedido a la Guardia Civil la apertura de nuevas líneas de investigación de un fraude que, hasta su llegada, había desplazado en el orden de preocupaciones del Gobierno de Susana Díaz al caso ERE, amortizado desde el punto de vista político tras la imputación de dos expresidentes andaluces.

Con estos precedentes, atendiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada dictó el pasado lunes un auto, notificado ayer a las partes, para declarar como una causa compleja la pieza de formación relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que analiza la responsabilidad penal de altos cargos de la Junta de Andalucía en la concesión, justificación y falta de control de las subvenciones. Este trámite le permite disponer de 18 meses para investigar la causa, ya que la reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un máximo de seis. Lo justifica por que «se investiga a un grupo u organización criminal» y por «la gran cantidad de investigados y víctimas», la necesidad de reunir pruebas y examinar «abundante documentación». La causa se centra, añade, en «el favorecimiento concertado y dirigido desde la Consejería [de Empleo] de determinados empresarios».

En ocho meses, el sumario no ha parado de engordar. Acumula 178 tomos con más de 61.000 folios, porque al juzgado han continuado llegando montañas de expedientes, anexos y atestados requeridos por Alaya antes de marcharse a la Audiencia de Sevilla. En este tiempo, sin embargo, no ha testificado ningún imputado. Sólo fijó para el próximo martes la declaración del jefe de servicio de Formación de la Delegación Provincial de Sevilla Daniel Fito, que lo había solicitado de manera voluntaria. Tampoco la Fiscalía, que avaló la división de la causa, había pedido más declaraciones hasta esta semana, cuando ha trascendido un escrito dirigido al juzgado para que llame a declarar a 13 investigados. Entre otros, cita a los exconsejeros de Empleo y Hacienda, Antonio Fernández y Ángel Ojeda, respectivamente. Éste último montó una red de empresas que captó 52,6 millones de la Junta para impartir cursos.

Núñez se estrenó en el cargo dejando sin efecto un auto dictado 48 horas antes por su antecesora que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborar un informe sobre los negocios de Ojeda. Alaya cuestionó la independencia de su sustituta por su amistad con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera.