Aguirre y Granados

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospecha que el ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados efectuó determinados gastos para amueblar el apartamento que una amiga brasileña tenía en el madrileño barrio de Salamanca con dinero de origen desconocido.

Así consta en el sumario del caso Púnica, según se desprende de un auto dictado por el magistrado el 16 de noviembre del 2015 en el que desvela los hallazgos obtenidos de las intervenciones telefónicas y la agenda incautada en el domicilio del que fuera número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

«Concretamente conversaciones entre Granados y su amiga Cristiane Jucar descubren determinados gastos efectuados por el primero para posiblemente amueblar un apartamento de la misma en el barrio de Salamanca con cargo a unos fondos de origen desconocido, lo que apoya de nuevo la existencia de dinero que permanece todavía clandestino», señala.

El juez subraya que el exconsejero madrileño, a quien envió a prisión el 30 de octubre del 2014, conserva una parte de su patrimonio escondido de la Hacienda Pública y da credibilidad al testimonio de un confidente anónimo, que apuntó a que podía haber guardado dinero en «cajas fuertes o escondrijos» de personas cercanas, como sus suegros Juan Alarcón y Catalina Castellanos o la familia del sucesor en el Ayuntamiento de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres.

La Guardia Civil acusó también a Granados de utilizar a su ex jefe de gabinete Ignacio Palacios, la supuesta testaferro María José Marijuan Alonso o el constructor Ramiro Cid, para ocultar la titularidad de participaciones societarias o inmuebles de su propiedad, llegando a constituir un «entramado societario» para esconder «las comisiones por su actividad a favor de diversos constructores o empresarios».

Un centenar de imputados

La operación Púnica estalló en octubre del 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación on line suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.