Manuel Chaves acude a declarar al Tribunal Supremo en relación con los ERE

En pleno proceso de negociación para la formación del nuevo Gobierno de España el PSOE, a diferencia del Partido Popular, se está beneficiando de la lentitud en la investigación del mayor escándalo de corrupción en términos cuantitativos (acumula 275 imputados y más de 300.000 folios) y políticos: ha puesto en la antesala del banquillo al mayor monopolio de poder de los socialistas en una Autonomía. Se acaban de cumplir cinco años del estallido del caso ERE y todavía no se ha celebrado ningún juicio sobre el «gran fraude» de los expedientes de regulación de empleo, como lo llamó José Antonio Griñán tras declarar en el Supremo.

Hay 51 ex altos cargos del Gobierno andaluz investigados por prevaricación administrativa, acusados de diseñar y mantener un procedimiento a sabiendas de que era «ilegal» para ayudar a empresas en crisis que la Junta de Andalucía dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. En la cima de esta pirámide de responsabilidades se sitúan los dos antecesores de Susana Díaz al frente de la Comunidad: Manuel Chaves y Griñán, dos referentes simbólicos para el PSOE. Ambos han sido presidentes federales del partido y juntos suman 23 años de gobierno en Andalucía.

Los delitos prescriben, los imputados fallecen, y nadie se atreve a descartar que en un futuro haya que reducir hipotéticas condenas por dilaciones indebidas. Eso, sin contar con la imagen que para la justicia supone el ritmo lento de este y otros macroprocesos.

El excesivo celo y la particular forma de instruir de la juez Mercedes Alaya, la primera de los cinco jueces por cuyas manos ha pasado esta causa, sumada al peregrinaje judicial de aforados por el Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los palos en las ruedas del gobierno autonómico y el duelo interno en el juzgado de los ERE han complicado una fase de instrucción que ha golpeado a las estructuras de la Junta de Andalucía. Ésta es la crónica de los obstáculos que esta causa ha tenido que sortear a lo largo de estos años.

La investigación de Alaya: Meticulosa, pero eterna

Desde que cogió las riendas del caso hasta que envió la causa al Supremo con los indicios incriminatorios contra nueve aforados pasaron más de tres años y medio. Alaya estuvo de baja seis meses y, además, rechazó los jueces de refuerzo que le ofreció el TSJA para las macrocausas que tenía entre manos: Mercasevilla, los ERE y el Betis. Su investigación fue meticulosa, cuasiobsesiva y, sobre todo, eterna, porque lejos de ir cerrando vías de investigación, Alaya iba abriendo nuevas ramas sin llegar a terminar ninguna. Para desesperación de la Junta, de los imputados que tardaron en algunos casos más de dos años y medio en ser llamados a declarar, de la Fiscalía Anticorrupción, y del TSJA, que expresó su preocupación por estas dilaciones en repetidas ocasiones. Incluso el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dijo que no veía «normal ni aceptable» que los imputados aún no hubieran declarado.

Las trabas de la Junta: ataques personales y demoras

En su empeño por encontrar a los máximos responsables de la trama, la juez ha soportado presiones de todo tipo para cortocircuitarla. Tuvo que lidiar con dos intentos de recusación para apartarla de los casos Mercasevilla (el germen de los ERE) y Betis. Ha sufrido un escrache de sindicalistas a las puertas del juzgado, que obligó a ponerle escoltas. El Gobierno andaluz presumía de colaborar con la justicia al mismo tiempo que demoraba la entrega de los expedientes que le requería y expurgaba documentación comprometida en la Consejería de Empleo durante un fin de semana. La Junta le echó un pulso (y lo perdió) en el Supremo para no darle las 480 actas de los Consejos de Gobierno. El PSOE recrudeció su campaña contra de cara a las generales de 2011, cuando el exdiputado Alfonso Guerra insinuó que había «una relación fuerte personal entre la juez y Zoido», entonces exalcalde de Sevilla.

Seis jueces, un caso. Viaje de ida y vuelta al Supremo

Si bien durante más de tres años el caso ERE siempre estuvo en las mimas manos, la investigación a aforados (tanto autonómicos como nacionales) y la decisión de la juez Alaya de marcharse a la Audiencia de Sevilla contribuyó a ralentizar aún más la instrucción. Durante unos meses la investigación abierta a los expresidentes de la Junta, y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, el foco informativo se trasladó a Madrid, y la de los diputados autonómicos, al TSJA. Los aforados nacionales tuvieron que declarar ante el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que les imputó un delito de prevaricación administrativa (en el caso de Viera, también malversación). Los aforados por el Parlamento andaluz, los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo, desfilaron ante el instructor Miguel Pasquau Liaño. Dentro del juzgado, la causa ha pasado por las manos de Alaya, Iván Escalera (que la sustituyó durante su baja por enfermedad), María Núñez Bolaños y ahora el juez Álvaro Martín.

El duelo interno. El CGPJ toma partido

El aterrizaje de la juez Bolaños como titular del juzgado de Alaya no contribuyó a la estabilidad ni al avance de la causa de los ERE, paralizada durante meses porque el Poder Judicial se resistía a ratificar el plan de actuación que para ese juzgado había acordado la Sala de Gobierno del TSJA. Ese reparto pasaba por que la nueva juez titular se ocupara del juzgado junto con Álvaro Martín y Alaya, quien, a su vez, había pedido quedarse, mediante una comisión de servicios, para concluir la instrucción de esta macrocausa. La pelota del futuro de Alaya pasó así durante meses del tejado del TSJA al CGPJ y de este órgano de nuevo al TSJA, que acabó despachando a Alaya con el argumento de que la convivencia entre las dos juezas iba a ser imposible. El punto de inflexión lo marcó un escrito sin precedentes que la juez sevillana mandó al CGPJ cuestionando la capacidad de Bolaños, que era juez de Familia. para investigar la trama y en el que recordaba que esta juez y su marido son muy amigos del consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera.

División de la causa polémica. Anticorrupción y partes recurren

No llevaba ni mes y medio en el juzgado cuando Núñez accede a la petición de la Fiscalía, rechazada siempre por su antecesora, y divide la causa de los ERE con el objetivo de acelerar la investigación y ir cerrando piezas para su enjuiciamiento. Ha dado prioridad a la rama centrada en el procedimiento irregular de concesión de las ayudas que afecta a los ex altos cargos. Pero su modo de trocear la causa matriz ha desconcertado a las partes. La Fiscalía, varias defensas y acusaciones han recurrido el auto de división del caso por defectos de nulidad. «No cumple ni en la forma ni en el fondo, en términos de estricta corrección procesal, como garantía del adecuado ejercicio de los derechos de defensa de las partes», argumenta la Fiscalía.

Dinero perdido y prescripción. El delito queda impune

La Fiscalía ha hecho sonar en varias ocasiones la alarma por la caducidad de delitos. Cinco años después, va camino de hacerse realidad. Fuentes judiciales apuntan a que próximamente verá la luz un auto que exculpa a doce empresarios implicados al estimar que han prescrito los delitos cometidos por ellos hace más de diez años. Un lustro puede ser una eternidad. Empiezan a fallecer los imputados (dos, el pasado mes de enero) y la Junta continúa sin recuperar ni un céntimo del dinero defraudado.