Oleguer Pujol, durante su comparecencia en la comisión de investigación del «Parlament», en marzo de 2015

Tres tramas de corrupción catalana han utilizado la misma estructura de sociedades pantalla para gestionar el cobro de comisiones presuntamente ilegales. Las investigaciones a Oleguer Pujol, el caso Pretoria -de corrupción urbanística municipal- y el de las ITV -que afecta a Oriol Pujol-, confluyen en una misma sociedad instrumental radicada en La Haya (Holanda), Ard-Choille BV.

Este hecho acredita que la corrupción en Cataluña es tan sistémica que incluso sumarios judiciales que, en teoría, no guardan ninguna relación, confluyen en un mismo despacho, el que dirige el holandés Jacob Broers en La Haya bajo la cabecera ITPS Group, suministradora de sociedades pantalla. Esta mercantil es la matriz de Ard-Choille BV, la empresa que une los tres citados casos de corrupción.

Este nombre ya había aparecido en la investigación a Oleguer Pujol y en el caso Pretoria. De hecho, la sede de la compañía fue registrada por agentes españoles y holandeses a finales del año pasado para aclarar la ruta de las comisiones de las operaciones inmobiliarias que fraguó el hijo pequeño de Jordi Pujol, pero nada se sabía de que el caso de las ITV también pasa por Ard-Choille BV. Distintos registros mercantiles en España y Holanda consultados demuestran que Ard-Choille BV fue utilizada para quedarse con más de una cuarta parte del negocio de las ITV de la catalana Certio, una de las principales concesionarias públicas investigadas en el sumario que acabó con la carrera política de Oriol Pujol.

La sociedad Chebika Holding BV, filial al cien por cien de Ard-Choille BV, es dueña del 26,74 por ciento de Certio ITV SL. Quiénes son los beneficiarios últimos de Ard-Choille BV y, por lo tanto, de Chebika, es todavía una incógnita. Precisamente para eso se utiliza esta estructura de sociedades instrumentales. Según las memorias económicas de la empresa de ITV, Chebika Holding controló ese 26,74 por ciento hasta el año 2013. En 2014 ya no aparece entre los accionistas de la compañía.

Al margen de los beneficiarios últimos, lo que sí ha acreditado la investigación es el funcionamiento de las adjudicaciones de estaciones de ITV. Los conseguidores de la trama contactaban con empresarios del sector para ofrecerles una concesión de la Generalitat, imprescindible para abrir una estación de Inspección Técnica de Vehículos, a cambio de quedarse con una parte de la empresa que rondaba el 20 por ciento.

Uno de los dueños de Certio, antes denominada Inteca, Ricard Puignou, contrató en varias ocasiones los servicios de la consultora Alta Partners, propiedad del cabecilla empresarial de la trama empresarial, Sergi Alsina, íntimo amigo de Oriol Pujol, quien ponía los contactos políticos. Según información contenida en el sumario de las ITV, Inteca pagó a Alta Partners al menos 80.000 euros en el año 2008. Puignou, que mantuvo reuniones con Oriol Pujol como consejero delegado de Certio, es uno de los principales imputados del caso. ABC contacto ayer con Certio y con la defensa de Puignou pero no obtuvo respuesta.

El nuevo mapa de las ITV

El contexto de todos estos contactos era un nuevo reparto de las estaciones de ITV en Cataluña. Alsina ofrecía sus influencias a empresarios del sector para que salieran beneficiados e incluso ofertaba licencias a cambio de quedarse con una parte del negocio, como hicieron con la multinacional alemana TUV, aunque en este caso la operación se frustró.

Según los últimos depósitos de cuentas entregados en el Registro Mercantil, Certio obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 5,6 millones de euros en 2014 y otros tantos en 2013.

Presenta una facturación anual de casi 18 millones de euros. A Chebika Holding le correspondía más de una cuarta parte de este negocio. Su sociedad matriz, la citada Ard-Choille BV, ha participado en negocios muy lucrativos de las otras dos tramas de corrupción catalanas, la investigación a Oleguer Pujol y el caso Pretoria, ambas en la Audiencia Nacional.

En lo que se refiere al benjamín de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, Ard-Choille recibió 5,3 millones de euros, una parte de las comisiones por la mediación en la venta de más 1.500 oficinas del Banco Santander, operación que llevó a cabo el fondo inmobiliario en el que participaba Oleguer Pujol, Drago Capital. Ese dinero habría ido después a la sociedad Aegle International, controlada por el hijo de Pujol y su socio, Luis Iglesias, según un informe de la UDEF.

Marway, otra sociedad holandesa creada en el mismo despacho de ITPS Group, ingresó 6,2 millones de euros en comisiones de la operación Santander. En este caso, entre los beneficiados estaba el hijo del polémico financiero Javier de la Rosa.

En cuanto al caso Pretoria, está pendiente del inicio de juicio en la Audiencia Nacional. Entre los que se sentarán en el banquillo están dos importantes colaboradores de Jordi Pujol, el exconsejero Macià Alavedra y el exsecretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta. También el exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Muñoz y el exdiputado socialista Luis Andrés García. La sociedad instrumental Ard-Choille BV fue utilizada para comprar por 1,5 millones de euros una parte de un negocio urbanístico en Santa Coloma de Gramanet.

Sociedades BV: esconder a los dueños de los activos

Una BV holandesa es una «sociedad de responsabilidad limitada privada» que, por sus características, han sido utilizadas en estructuras de blanqueo y evasión de capitales. Las BV, cuyo uso, obviamente, no siempre es ilegal, sirven como sociedad intermedia o tenedora de las acciones de otra mercantil en las denominadas «estructuras de planificación tributaria». A su vez, una sociedad BV registrada en Holanda suele estar controlada por otra mercantil sita en un paraíso fiscal, pasando, en muchas ocasiones, por las Antillas Holandesas. Con este sistema de «muñecas rusas» se oculta a los verdaderos propietarios de los activos. Así, estamos ante lo que los investigadores denominan sociedades instrumentales o sociedades pantalla.