Dice el artículo 24 de la Constitución que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. Por su parte, el artículo 117 agrega que los jueces y magistrados serán “independientes” y estarán “sometidos únicamente al imperio de la ley”, y el artículo 122 configura el “Consejo General del Poder Judicial”.

Pues bien, la independencia de los jueces y Tribunales supone, como es lógico, la independencia de su órgano rector, y sin la independencia de dicho órgano rector no existe la independencia del poder judicial, y sin independencia del poder judicial no existe democracia verdadera, porque la independencia de los llamados tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es la piedra base de la democracia.

Pero esa piedra base no existe, de acuerdo con la propia Constitución, porque los miembros del poder judicial los nombra el poder legislativo, y, a la hora de la verdad, los partidos por consenso tal y como ha venido ocurriendo desde que se puso en marcha la propia Constitución. Si sería anómalo, como siempre se ha dicho, que los jueces eligieran a los diputados, absurdo es que los diputados elijan a quienes han de constituir el Consejo General del Poder Judicial, que de este modo, aunque quiera, no puede ser independiente.

Como tampoco lo son los jueces y magistrados, que, por una parte, han de responder, al dictar sentencia, a su concepto personal de la justicia, que difiere según la asociación profesional e ideológica a que están afiliados, y por otra parte, se hallan sometidos en su riguroso, delicado y trascendente quehacer a una triple presión, la política, la ambiental y mediática, y la terrorista.

De aquí, no solo la lentitud en la administración de la justicia, sino su descrédito y hasta lo que parecía imposible, las ofensas que recibe de portavoces oficiales. Solo unos ejemplos: el que fuese alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, afirmó que la justicia en España era un cachondeo; el que fuese presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, declaró que los jueces eran salteadores de caminos; y el que fuese presidente del Gobierno, Felipe González, llamó terrorista al juez don Marino Barbero.

Estos últimos días, todos hemos sido testigos del linchamiento mediático, de portavoces y representantes oficiales, contra el juez de la Audiencia Nacional, don Ismael Moreno por ordenar el ingreso en prisión por enaltecimiento del terrorismo y atentar contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución, a dos titiriteros de extrema izquierda, contratados por una concejal podemita del ayuntamiento de Madrid, a razón de 23.000 euros por representar, entre otras, la violación de una monja y después su apuñalamiento con un crucifijo. La presión ejercida por el poder mediático posicionado con la extrema izquierda, ha doblegado de nuevo a la justicia española, y se ha reído una vez más de los ciudadanos honestos, del gobierno, y del sistema. Los titiriteros “matarifes” han sido puestos en libertad entre aplausos y el jolgorio de sus compañeros de doctrina ideológica.

¿Dónde hay ahora mismo un juez independiente? Creo que en ningún sitio. Y si a esa inexistente independencia de los jueces, solapamos, las declaraciones de la ex juez hoy alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en las que afirmaba que de la totalidad de los internos de las cárceles españolas solo deberían estar presos el catorce por ciento, y las continuas cesiones a la presión mediática si las medidas judiciales son contra la extrema izquierda, podemos hacernos una ligera idea de cómo pinta el panorama, cuando los que banalizan con el ahorcamiento de un juez ante un público infantil, logren, gracias a los pactos que la democracia permite, dirigir los ministerios de Justicia, Defensa e Interior, con el apoyo de un secretario general del partido socialista.