La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha dado un nuevo giro al caso de los ERE con la solicitud de que el magistrado de apoyo, Álvaro Martín, se dedique a instruir las primeras seis piezas piloto y de esta forma acelere e impulse su tramitación tras casi cinco años de instrucción.

Con la nueva propuesta, consensuada entre ambos magistrados, Núñez pretende que el juez de apoyo deje los asuntos ordinarios del juzgado y culmine cuanto antes la instrucción de las seis piezas piloto, entre ellas la que afecta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la solicitud se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya sala de gobierno tiene previsto aprobarla este lunes para que luego sea ratificada, en última instancia, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Antes de que Núñez accediera a la titularidad del juzgado, estaba previsto que Álvaro Martín, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía occidental, asumiera en junio pasado la causa de los ERE en sustitución de Mercedes Alaya, que logró una plaza en la Audiencia de Sevilla.

Sin embargo, María Núñez obtuvo la plaza del juzgado por escalafón y Martín se quedó como juez comisionado del órgano judicial.

La petición de los jueces se hace «en un marco de plena colaboración y entendimiento» entre ambos y «con la finalidad de dar un impulso de especial relevancia a las diligencias» de los ERE, que empezaron a instruirse hace casi cinco años y cuyos primeros juicios quieren celebrarse en 2016.

«Para conseguir celeridad y una respuesta ágil en la tramitación de estas diligencias», el magistrado de apoyo debería dedicarse en exclusiva al caso y dejar los asuntos ordinarios, responsabilidad que debería asumir un nuevo refuerzo solicitado por Núñez, precisa la propuesta.

Si prospera esta iniciativa, Álvaro Martín instruiría la pieza denominada del «procedimiento específico» que afecta a los políticos, la relativa a las sobrecomisiones que cobraron las aseguradoras y mediadoras así como las que se refieren a las ayudas que recibieron las empresas ACYCO, Sayago y Rosendo, Surcolor y Cenforpre.