LR.- El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la resolución independentista aprobada por el Parlament catalán al admitir a trámite la impugnación presentada contra la misma por el Gobierno central.

Al haberlo solicitado el Gobierno y en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución, la admisión del recurso conlleva suspensión cautelar de la vigencia de la declaración durante al menos cinco meses, mientras se estudia el fondo del asunto.

En su escrito, el Gobierno señala que la resolución aprobada con el respaldo de los diputados de Junts pel Sí y la Cup “viola con total evidencia” hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.

Notificación personal

El Tribunal Constitucional ha decidido notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carmen Forcadell, a los que avisa de que incurrirán en delito de desobediencia si no acatan su decisión.

El tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento, han informado fuentes del Tribunal.

El Alto Tribunal recibía esta mañana el recurso del Gobierno contra la resolución del Parlament de Cataluña aprobada el pasado lunes, en la que se daba luz verde a iniciar el proceso de «desconexión» de España y en el que se incidirá en que la mencionada resolución vulnera al menos cuatro artículos de la Carta Magna, entre ellos los relativos a unidad de España, la soberanía nacional así como la supremacía de la Constitución y el principio de jerarquía normativa. Nada más presentarse el recurso en el registro del Alto Tribunal, algo que en todo caso debe producirse antes de las tres de la tarde, el presidente del mismo, Francisco Pérez de los Cobos, convocará de forma inmediata un Pleno para analizar la impugnación del Ejecutivo.

El Gobierno de Mariano Rajoy quería que la suspensión del Alto Tribunal sobre la declaración independentista se notifique «bajo apercibimiento» a un total de 21 cargos electos y del Ejecutivo catalán, una petición que presumiblemente aceptará el TC.

En concreto, el Ejecutivo instaba al TC, como así ha ocurrido, a que notifique su decisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, o a los que conformen el nuevo Gobierno. A todos ellos, esa notificación «se le debe practicar bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones», tal y como establecía la recién aprobada reforma del TC, y «así como de procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento». Además de la suspensión de la propuesta del Parlament, el Ejecutivo reclama en su recurso que se prohíba de forma «expresa» la admisión a trámite «ya para su debate o votación, iniciativa alguna de carácter legislativa o de cualquier otra índole que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución recurrida».

«Autonomía no es soberanía»

En este sentido, cabe recordar que la propuesta refrendada por los grupos independentistas catalanes, instaba a que en un plazo de 30 días se comenzara a tramitar las medidas necesarias para iniciar el proceso de «desconexión» de España, y en concreto, la tramitación de las «leyes de proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública». El Gobierno afirma en su recurso que la resolución catalana es «claramente lesiva de la atribución de la soberanía nacional al pueblo español», tal y como recoge la Constitución española. Junto a ello deja claro que «autonomía no es soberanía».

Por ello, entiende el Ejecutivo de Rajoy que la admisión de la resolución catalana supondría «aceptar que una parte del pueblo español, en este caso el catalán, pudiera en hipótesis, abrir un proceso constituyente por su única y soberana voluntad. E imponer esa apertura de proceso constituyente a la gran mayoría del pueblo español».

La reunión del Pleno extraordinario del TC, que se celebró esta misma tarde, haría que la «vigencia» del acuerdo del Parlament con los votos de los independentistas se habría limitado a 48 horas, pues hoy quedaría suspendido de forma inmediata. La convocatoria del Pleno se haría en el mismo momento en que el TC tenga constancia oficial de la presentación del recurso.

Ley de Consultas Populares catalana

En este sentido, las fuentes consultadas recordaron cómo sucedió algo similar con la Ley de Consultas Populares que aprobó la Cámara catalana para celebrar el 9-N. En esa ocasión, la mañana del 29 de septiembre de 2014 el Gobierno presentaba el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional, y pocas horas después el Alto Tribunal lo admitía a trámite y suspendía provisionalmente la mencionada ley.

En esta ocasión, es más que previsible que ocurra lo mismo, es decir, que los doce magistrados del Tribunal Constitucional, que ya conocen «de hecho» que hoy se recurrirá la «desconexión» de España, se reúnan de forma inmediata para paralizar la resolución y todo lo que de ella se derive. Es decir, a partir de la suspensión, no se podrá poner en marcha ninguna de las iniciativas que se recogen en el texto recurrido, es decir, iniciar en 30 días una Ley de Proceso constituyente y otra de Hacienda Pública y de Seguridad Social.

El Pleno del TC no entrará en mucho debate para acordar la admisión a trámite y la suspensión provisional de la resolución. Lo hará mediante una providencia, en la que no habrá ningún tipo de motivación jurídica, es decir, no entrará en el fondo del asunto.

En esa resolución, el TC señalará que una vez que se ha comprobado la «concurrencia» de las condiciones procesales de admisibilidad de la demanda, se acuerda «admitir a trámite» el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, contra la resolución del Parlament de Cataluña y sus anexos, sobre «el inicio del proceso político de Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015».

Artículo 161.2 de la Constitución

Junto a ello, se dará traslado a la demanda y demás documentos presentados al Parlament de Cataluña para que, en un plazo de 15 días, se puedan personar y formular las alegaciones que se consideren oportunas. A continuación, vendrá el párrafo clave, pues en el mismo se aludirá a que, una vez que por el Gobierno se ha invocado de forma expresa el artículo 161.2 de la Constitución, «con arreglo al cual puede impugnar ante este Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas», esa impugnación produce la suspensión de la resolución recurrida, «debiendo el tribunal ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses».

Por ello, y de acuerdo con el mencionado artículo de la Constitución –161.2–, el Alto Tribunal suspenderá la resolución impugnada, así como cuantos actos o resoluciones se adopten en aplicación de la misma.

De esta forma, antes del próximo 12 de abril, el TC deberá decidir si mantiene o levanta esa suspensión, algo que, en realidad, es más que improbable. Más bien, podría suceder todo lo contrario, es decir, que antes de agotar ese plazo, dictase sentencia sobre el fondo. Eso fue lo que ocurrió con la Ley de Consultas aprobada para celebrar el 9-N, que fue recurrida el 29 de septiembre del pasado año y en febrero de 2015 el Alto Tribunal falló y la declaró inconstitucional, antes de tener que prorrogar la suspensión.

En este caso, las fuentes consultadas sostienen que puede ocurir algo similiar, es decir, que una muy amplia mayoría del TC considere inconstitucional el acuerdo del Parlament. Otra cosa es que la resolución que se adopte sea unánime, pues hay distintas «sensibilidades» dentro del tribunal sobre este tipo de materias.

RAJOY: “NO PUEDO ACEPTAR QUE HAYA GOBERNANTES QUE NO CUMPLAN LA LEY”

Apenas unos minutos después de que la abogada del Estado, Marta Silva de Lapuerta, presentara ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la resolución secesionista del Parlament, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy comparecía ante los medios para dejar claro que no aceptará que «haya gobernantes que digan que no van a cumplir la ley». En su alocución, el jefe del Ejecutivo señalaba que el Consejo de Ministros había acordado la impugnación ante el TC de la resolución aprobada el lunes en el Parlament. Una decisión tomada tras recibir el dictamen del Consejo de Estado en el que se apuntaba a la «vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución» y una «clara insumisión a las instituciones del Estado».

En palabras del presidente del Gobierno, «la resolución niega el orden constitucional vigente en su conjunto. Se pretende obviar que toda decisión de poder queda sujeta a la Carta Magna sin que existan espacios de inmunidad», tal y como establece el criterio del máximo órgano consultivo del Estado. «Hablamos del respeto a la soberanía nacional y a la unidad de la nación. Es lo que algunos pretenden poner en riesgo y es lo que este Gobierno va a defender», matizaba Rajoy.

En todo momento, el jefe del Ejecutivo ha hecho referencia a la unidad de España, la soberanía nacional y la vigencia de la Carta Magna. La resolución aprobada el lunes por dos formaciones políticas vulnera, a juicio del Gobierno, no solo la Constitución sino el propio Estatut de Cataluña. Los artífices de la «desconexión» con España no sólo intentan quebrar la unidad de España sino que «se arrogan a un poder que no les corresponde y pretenden atribuirse la soberanía del pueblo español, que no se puede dividir ni fragmentar», aseveró Rajoy.

«Nuestro Estado de Derecho protege y vincula a todos los ciudadanos y concierne a los poderes públicos y a los gobiernos que son los primeros obligados por la ley», manifestó tajante el presidente del Gobierno, que acusó a los independentistas de pretender «devolvernos a la arbitrariedad del poder». Y recordaba: «Algunos deberían recordar que sin el respaldo y respeto a la ley cualquier gobierno pierde su legitimación. Cuando se prescinde la ley se prescinde de la democracia».

Notificación directa a Mas y Forcadell

Muy crítico con el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, sus socios de Junts pel Sí y la CUP, Rajoy reiteró que lo único que ofrecen es «quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos». Así, destacó que cuenta con el respaldo de la mayoría de los españoles, sus representantes políticos y públicos. En este sentido, anunció que la abogada del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ya había presentado la impugnación. «Solicitamos que acuerde la inmediata suspensión de esta resolución y sus efectos y que las decisiones sean notificadas de forma personal a quienes tienen la obligación de aplicarlas: a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los miembros de la Mesa , al presidente en funciones, Artur Mas, y a todos los consejeros de su Gobierno. Todos deben asumir su responsabilidad. El Gobierno que presido cumple la suya».

Ya en el turno de preguntas, El presidente del Gobierno ha reiterado que el Estado cumple las leyes y las defiende. «Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no sólo los de los catalanes, pero muy especialmente a ellos. No se trata de la reacción ante la iniciativa de un parlamento sino de la defensa de todo un país», relataba.

¿Y en el caso de que el TC impugnara la resolución y los secesionistas no lo acatarán? El jefe del Ejecutivo lo tiene claro: «Me gustaría no tener que presentar ninguno recurso más, eso sería una buena señal. Yo no voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia, si no se incumplen las resoluciones el Gobierno actuará y lo hará con firmeza y proporcionalidad, pero no le quepa la menor deuda de que lo hará». No obstante, Rajoy insistía en que sería una buena señal que éste fuera el último paso que tuviera que dar el Gobierno y que hubiera una rectificación por parte de las personas que han generado este problema. «El problema son algunos dirigentes de Cataluña», ha zanjado..

«Me negué a que se impusiera un modelo de financiación contrario a la solidaridad con todos los españoles. Me negué a que se celebrara un referéndum que liquidaba el derecho a decidir de todos los españoles. Yo no puedo aceptar que haya gobernantes que digan que no van a cumplir la ley», aseveró el presidente del Gobierno, tras advertir de que se trata de «una resolución que liquida la Constitución española, en la que se dice que no se va a respetar la legalidad vigente y que dice que a lo que diga el TC no hay que hacerles caso». Una resolución, en definitiva, «fuera de lugar, que pretende liquidar la soberanía nacional».

El Rey, informado y preocupado

El presidente del Gobierno también ha hablado de su último encuentro de trabajo con el Rey Felipe VI. Tras comentar que está absolutamente informado y esta siguiendo lo que está sucediendo en Cataluña, ha ratificado que «le preocupa», lo mismo que al Gobierno, a las fuerzas políticas y a la inmensa mayoría de los españoles. «Lo que es España lo deciden el conjunto de españoles y no sólo un grupo de españoles», afirmaba.

En definitiva, el Ejecutivo dejó claro que el Parlamento puede aprobar en el ámbito de sus competencias las leyes que estime oportunas, pero esta resolución «vulnera lo que dice la Carta Magna», por eso pese a que la decisión está en manos del TC, le solicitan que «suspenda la resolución».