El próximo 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, se cumplirán once años de la ley más perversa de las aprobadas en España en lo que va de siglo XXI.

La Ley de Violencia de Género (LVIOGEN) viola multitud de derechos constitucionales: igualdad, presunción de inocencia,  dignidad de la persona, recurso de habeas corpus, y tutela judicial efectiva;  cuestiones que a pesar del tiempo transcurrido, salvo los damnificados, familiares y amigos; la mayoría de la población española continúa sin querer tener en cuenta y suele mirar para otro lado.

En este ámbito la corrupción, es lo más común, para la cual es imprescindible la entusiasta colaboración de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, forenses, psicólogos, y un largo etc. que obtienen pingües beneficios del sufrimiento de cientos de miles de hombres, y de sus familias.

La LVIOGEN legalizó el linchamiento, la vejación sistemática, y el castigo a los varones, «por el hecho de serlo», en las relaciones familiares y conyugales. La VIOGEN impone penas más severas a los hombres, cuando incurren  en el mismo ilícito penal que las mujeres; y priva de la presunción de inocencia a los varones españoles. Según la LVIOGEN casi todo es considerable como delito de «maltrato», si el sujeto activo es varón, insisto: todo, pues la norma invierte la carga de la prueba.

¿Cómo es posible, pues, que el Congreso de los Diputados aprobara semejante engendro?

La Ley de Violencia de Género se aprobó al dictado del lobby feminista al que los políticos no deseaban contradecir, so pena de ser tildados de falócratas, machistas, misóginos, cómplices de los maltratadores, y lindezas por el estilo y “suicidarse” políticamente… Pese a que por entonces, existían mecanismos legales específicos contra los denominados «malos tratos en el ámbito doméstico».

La primera cuestión de inconstitucionalidad a la Ley de Violencia de Género la planteó en julio de 2005 una mujer, la magistrada de Murcia, María Pozas, al verse obligada a mandar a un hombre a la cárcel tras discutir con su esposa. La magistrada afirmaba que imponer penas distintas en función del sexo del agresor es claramente inconstitucional, al generar desigualdad penal por el mero hecho de ser hombre…

También los Fiscales de Violencia doméstica afirmaron que la LVIOGEN no debía incluir ninguna mención a la denominada «discriminación positiva»,  por entender que ello implica la violación del art. 14 de nuestra Constitución.

Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial redactó un informe demoledor en contra del proyecto de Ley de Violencia de Género.

Una vez conseguido el aval del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, en una de sus sentencias acabó «de un plumazo» con la presunción de inocencia recogida en el artículo 24 de la Constitución, decidiendo que «basta el testimonio de la víctima aunque no haya otros testigos del hecho para fundamentar la condena contra el marido».

Cualquiera que esté en contacto con la terrible realidad de las rupturas matrimoniales, los pleitos por la custodia de los menores, los pleitos por la liquidación del régimen económico de gananciales, sabe hasta qué extremos la ley ha envilecido cualquier afecto conyugal.

Desde la entrada en vigor de la LVIOGEN han sido procesados en España más de 1.500.000 hombres denunciados «malos tratos»- y juzgados en tribunales de excepción, donde se procesa exclusivamente a hombres-  de las que alrededor del 85% son denuncias falsas o abusivas, según el estudio llevado a cabo por el ex magistrado Francisco Serrano y algunos juristas de reconocido prestigio. La mayoría de los denunciados, además de ser detenidos ilegalmente, por una simple denuncia, se les impone medidas cautelares desproporcionadas: órdenes de alejamiento, expulsión inmediata del domicilio, suspensión del régimen de comunicación y estancias con sus hijos, y la anotación de sus nombres en un registro central de maltratadores. Todo esto antes de haber sido juzgados y, generalmente, antes de haber sido siquiera escuchados.

Una vez etiquetado el varón como «maltratador», antes o después de ser juzgado, puede ser acusado de otros delitos mucho más graves: delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la pareja o incesto, de los que se ocuparán también los juzgados de Violencia de Género, aplicándosele la presunción de culpabilidad hasta el infinito. El «maltratador», se convierte automáticamente en culpable de cualquier otro delito que se le desee imputar. Lo cual conduce hombres inocentes a ser destruidos como ciudadanos: más de un millar de suicidios anuales de varones por esta causa.

Las acusaciones por «malos tratos» planean sobre la mayoría de los procesos de divorcio, y muchos abogados los utilizan como elemento de presión. Con una simple denuncia, el expediente de separación pasa del Juzgado de Familia, civil, al de Violencia de Género, penal.

La primera conclusión que se saca tras la lectura de la perversa ley es que, quienes han tenido la triste suerte de nacer con pene, en España, son ciudadanos de segunda categoría, culpables, no se sabe bien de “qué” mientras no logren demostrar lo contrario. También subyace la idea de que las mujeres nunca mienten. Al entender de los legisladores, las mujeres nunca denuncian falsamente. Las mujeres, según la LVIOGEN,  siempre dicen la verdad, motivo por el cual es impensable que denuncien falsamente a su esposo, novio, compañero, con intención de causarle algún daño.

El repertorio de acciones masculinas calificables como “violencia de género” incluye desde proferir palabras soeces o malsonantes, expeler una ventosidad, zarandear a una mujer, empujarla… hasta ejercer violencia física, puntualmente, o de manera ocasional; o el “cajón de sastre” donde todo cabe, y que nombran como “violencia psíquica” (lo común es que lo llamen violencia “psicológica”, que se supone que debería significar la “violencia que ejercen los psicólogos”).

Lo que narre una mujer ante el Juez, la Policía, o la Guardia Civil, dependerá del daño que pretenda infligirle a su compañero… Da igual si es o no verdad, pues siempre –salvo honrosas excepciones- se encontrará con un juez que considere ciertas sus afirmaciones, y falaces las del denunciado. Otras veces contará con el apoyo entusiasta del Equipo Técnico Psicosocial adscrito a los mencionados juzgados de excepción, que certificarán que posee todos los rasgos de mujer maltratada, y su compañero de un cruel abusador… y si no, todavía queda la valiosa colaboración de algún médico, o médico forense.

En esta terrible tragicomedia, es importante la intervención de los “abogados del turno de oficio de género”, algunos de los cuales harán todo lo posible por convencer al denunciado de que firme una sentencia “de conformidad”, por sugerencia de la fiscalía, si quiere salir de aquello que llaman “palacio de justicia” cuanto antes, y con una sanción leve, pues está perdido irremediablemente, diga lo que diga… Lo cual ocurre en múltiples ocasiones, sobre todo si se ha dado otro factor de especial importancia: cuando un hombre es denunciado por supuestos malos tratos a su compañera, es detenido y encarcelado en los calabozos de la Guardia Civil, o de la Policía, saltándose todas las normas legales, tales como el derecho al “recurso de habeas corpus”; y si la detención se efectúa el viernes, es seguro que el hombre pase todo el fin de semana en el calabozo, y sea puesto a disposición del juez (en algunos casos ni eso) el lunes siguiente. En tales casos, hacer que el detenido firme lo que se le ponga por delante, y se declare culpable de un delito que no ha cometido, está “chupado”. Por supuesto, estos abogados normalmente tienen alzheimer selectivo, y no le cuentan al denunciado que al firmar la sentencia “de conformidad” renuncian a cualquier posibilidad de recurso.

Y… ¿Qué ocurre cuando los que los embustes son de tal magnitud que, la falsaria se contradice y se salen de ojo? Pues muy sencillo, para evitar que el perjudicado pueda reclamar alguna compensación, el juez de turno decretará su absolución “por falta de pruebas”, que no es lo mismo que declararlo inocente.

En los Juzgados -de excepción- de Violencia de “Género” consideran que las denuncias de una mujer -o de un menor- por malos tratos o abusos siempre son veraces,  y que ninguna mujer ni ningún niño miente en tales casos. Y quien piense lo contrario es que se está dejando llevar por estereotipos machistas y patriarcales.

Generalmente, los jueces, atemorizados por el enorme poder de sus seguidores de la perspectiva “de género” y  sus trovadores y aduladores, dictan de forma apresurada medidas cautelares, impidiendo al denunciado el contacto con sus hijos, a riesgo, claro está, de que posteriormente se descubra que el alejamiento era injusto y que éste era el propósito de la madre denunciante.

Desgraciadamente, meses o años de incomunicación desembocan en rupturas de los lazos entre padres e hijos, o alejamientos de por vida.

Estamos hablando de un salvaje retroceso en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978, de la que pronto celebraremos su trigésimo séptimo aniversario, que todos los días se les niega a la mitad de la población por haber nacido con pene. La liberticida y totalitaria LVIOGEN es la culminación de una doctrina que se ha instalado en España y goza de omnipresencia en las instituciones del Estado de Derecho. Una ideología que se llama feminismo de género. Un régimen político, al fin y al cabo, que solo la “sociedad civil” puede derrocar, pues cualquiera que esté bien informado debe de  tener en cuenta que las soluciones no vendrán desde la esfera política. Solo la sociedad civil, con su reacción, puede impedir que lo «inverosímil» se adueñe definitivamente de nuestras vidas.