El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en la firma de la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 27 de septiembre.

Por Roberto Centeno.- Ni el Gobierno, ni los partidos políticos, ni la Corona se han enterado todavía de lo que está en juego. No existe ni un solo antecedente en la historia de los acontecimientos mundiales, como tampoco en la historia de las ideas políticas, que justifique el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir dentro de un estado histórico como el español, que encontró su unidad nacional antes de la Revolución francesa. Un acontecimiento capital para entender la razón última y única que justificó el derecho de autodeterminación de los pueblos que no habían realizado la identificación entre nación y estado. Para Marx y todos los grandes pensadores políticos, el derecho de autodeterminación sería absurdo en naciones como Inglaterra (1), España, Portugal y Francia que habían adquirido conciencia de su unidad nacional antes de tan grandioso acontecimiento revolucionario.

Y ahora resulta que un puñado de ambiciosos pretende la secesión sin fuerza real para hacerla efectiva. Dislate que solo se explica porque tienen enfrente a unos pusilánimes que no se atreven a aplicar la ley, que es su obligación política esencial y primordial, lo que les descalifica no solo como gobernantes de España sino de cualquier país civilizado. En una democracia no cabe decidir sobre lo indecidible porque no entra en el terreno de sus competencias. El maestro de Ortega, el pensador e historiador francés Renan, afirmaba que “una nación puede hacer todo menos suicidarse”. Y la separación de Cataluña sería el suicidio de España. Las realidades históricas como España no son proyectos nacionales dependientes de la voluntad de sus ciudadanos en las urnas, solo lo deciden acontecimientos históricos, generalmente bélicos.

¿Cómo se ha podido llegar a esta degradación?

Felipe VI y Mariano Rajoy, en una reunión en el Palacio de Marivent.

¿Acaso hay duda que desde hace décadas se viene agravando la tensión y el conflicto entre los gobiernos de España y la Generalitat? ¿Acaso no ha habido situaciones casi de emergencia nacional en las que el monarca estaba obligado constitucionalmente a moderar y en su caso arbitrar ante los flagrantes incumplimientos de las instituciones catalanas de las sentencias y resoluciones de las máximas instancias jurídicas del Estado? Y la Corona jamás se ha comprometido en defensa de la unidad de España, que es su única función constitucional y la única justificación de su existencia.

Y Rajoy, que a semejanza de Mas ni cumple la ley ni la Constitución, dijo que el gobierno “está estudiando todas las posibilidades legales”, porque después de 37 años de Constitución, tres años de gobierno, con dos ministros de Justicia y 600 asesores, aún no sabe cuáles son, y repitió como novedad que “en España la ley se va a cumplir. Vamos a dar la batalla”. Es decir, Rajoy finge ignorar que la ley no se cumple desde que él gobierna, y que no se dan batallas para hacer cumplir las leyes, única fuerza del Estado de Derecho. Parece convencido de que hay que batallar para que la Generalitat cumpla las leyes, cuando lo único que debe hacer si las leyes del Estado no son obedecidas es ejecutar esas leyes por la fuerza.

La tradicional cobardía de los presidentes de gobierno de la Transición ha hecho creer a los gobernados la barbarie de que las leyes solo se cumplen mediante consenso o acuerdos bilaterales. Esa creencia, fruto del oportunismo y del miedo a ser tachados de franquistas, es algo tan monstruoso que no solo es privativo de esta generación miedosa, sino que lleva directamente a la destrucción absoluta del Estado de Derecho. Según el CIS, la fractura política, social, moral y cultural producida por el gobierno y el parlamento catalán con las demás instituciones es total. No solo no se ha movido un dedo para evitarlo, es que se ha dado todo tipo de facilidades para ello, empezando por la transferencia de las competencias de Educación, con las que han adoctrinado en el odio a España y la mentira histórica a toda una generación.

Pero, además, la ruptura se ha producido desde arriba, es decir, por puras ambiciones de poder y no por una evolución natural de los gobernados. Un 50,3 % de los encuestados por el CIS es contrario a la independencia frente a un 44 % a favor, lo que es una derrota del independentismo. Problema: a través de una asignación de escaños totalmente arbitraria, los independentistas de CiU y ERC más las CUP llegan a la nueva ilegalidad que es interpretar que la mayoría de escaños y no de votos decide la cuestión de la independencia en el Parlamento. ¡Es la locura total! Unos auténticos dementes. Los separatistas revolucionarios de las CUP pueden tener en sus manos el futuro de Cataluña.

Si el CIS acierta, Mas anunciará el comienzo del proceso secesionista en contra de la mayoría de votantes, luego se mofará de una Constitución aprobada en referéndum por la inmensa mayoría del pueblo español -pero sobre todo en Cataluña, donde la votaron más de 86%-, y hacerse una propia donde las exigencias de las CUP, cuyo voto será decisivo, la harán similar a las de Cuba o Corea del Norte. Luego creará una infraestructura de Estado y emprenderá la persecución y marginación de los catalanes españolistas. La declaración unilateral de independencia la hará cuando las Cortes estén disueltas, algo tan infantil que causa sonrojo, aunque el desenlace más probable es el caos, una Cataluña enfrentada e ingobernable que hundirá la región para varias generaciones.

El socialismo inicuo

Además de la perversa dejación de funciones de las principales instituciones del Estado, ordenada por Rajoy, el socialismo, de acuerdo con su tradición demagógica de igualdad, pese a que cuando han gobernado se han producido las mayores diferencias de renta y riqueza de nuestra historia, propone una denominada Tercera Vía, “entre el inmovilismo de Rajoy y el independentismo de Mas”, que aunque no bien definida, porque ni ellos mismos saben lo que quieren y un día afirman una cosa y el siguiente la contraria, supondría conceder una serie de ventajas políticas y fiscales a Cataluña ruinosas para el resto de los españoles.

Hablan de federalismo como papanatas que ignoran que en nuestro Estado autonómico, el más disparatado del planeta, las competencias ya transferidas superan ampliamente las competencias que tendrían en un Estado federal. El gasto descentralizado son ya los dos tercios del gasto público total -excepto Seguridad Social y pago de intereses de la deuda- frente a un 50/50 en los Estados federales. Otros, los más ignorantes, hablan de un pacto fiscal igual al del País Vasco, que supone un robo al resto de los españoles de 11.000 millones de euros anuales, para un PIB que es solo del 6,1% del total nacional. Pero el Nobel a la Estupidez lo ha ganado sin duda Margallo, que propone darles todo el IRPF. ¿Y este insensato es ministro de Exteriores de España? ¿Pero en qué caos se han convertido hoy el PP y el Gobierno?

Si este modelo de cupo, que lo que debe hacerse es suprimirlo porque carece de justificación alguna y es un expolio escandaloso a todos los demás españoles, se trasladara a la totalidad del Estado como piden algunos iletrados dirigentes autonómicos socialistas, Hacienda dejaría de ingresar 180.000 millones de euros, con lo que el Estado tendría un déficit estructural del 22 % del PIB sumando el actual. Es decir, la quiebra absoluta del Estado. En el caso de que se extendiera a Cataluña, el expolio al resto de los españoles se incrementaría en 34.000 millones de euros. El PSOE tendría que explicar a sus millones de votantes no catalanes que para el socialismo son ciudadanos de segunda clase a quienes se puede defraudar.

Ante tan grandes disparates y ante una situación en Cataluña tan incierta, Rajoy no tiene mejor ocurrencia que la de reformar las competencias del Tribunal Constitucional, para que sea este órgano político-administrativo-judicial quien le permita ir a Cataluña con una pistolita de perdigones para asustar a los jactanciosos separatistas, que llevan años vulnerando impunemente la Constitución y el Código Penal de España. La respuesta al necio desafío de las instituciones catalanas no puede ser más que una: aplicación sin demora del Articulo 155 de la Constitución –que no es una amenaza sino el cumplimento de la ley- y del articulado del Código Penal sobre delitos de sedición.

Son las únicas respuestas sensatas y legales al cinismo de los independentistas catalanes, y para que las cumplan no se necesita ni la Guardia Civil ni mucho menos el Ejército. Basta y sobra con la policía autonómica, y en caso de algaradas callejeras, los antidisturbios. Si no lo hacen y el tema se descontrola, Rajoy deberá responder como en cualquier Estado de Derecho ante los tribunales de justicia, y desde luego ya ha de responder ante esta y las futuras generaciones por las consecuencias de su antipatriótica cobardía.