VG.- A la tercera tampoco fue. La socialista Susana Díaz será, si lo consigue, la presidenta más tardía de la Junta de Andalucía, al no haber logrado tampoco ayer la confianza del Parlamento andaluz para formar gobierno. En un encuentro con su grupo parlamentario, Díaz arremetió contra lo que consideró «tacticismos electorales» del resto de fuerzas políticas por no ceder en sus posiciones pensando, dijo, en las componendas que salgan del 24M. Y lanzó un mensaje de aviso: «No voy a permitir que Andalucía sea un cromo de nadie, quien piense eso se está equivocando».

La amenaza no es menor y, además, hay razones para pensar que no va de farol. Díaz siempre ha defendido que ella no es la presidenta de una región cualquiera y hace lo posible por llenar el cargo. Los socialistas capitalizaron en la transición el movimiento popular que permitió a Andalucía equipararse con las comunidades históricas y jamás soltaron ya esa bandera. Así que la idea de ser «una más», dicen en su propio partido, le resulta «insoportable».

A estas alturas, parece evidente que el resto de formaciones quieren esperar a ver cómo resulta el mapa autonómico y municipal tras los comicios. Después, tendrán algo más de un mes, hasta el 5 de julio, para llegar a un acuerdo de investidura y, de no lograrlo, automáticamente se disolvería la Cámara y se repetirían las elecciones. Que es con lo que amenazó ayer Susana Díaz.

Entre los socialistas ha empezado a correr que «el bloque del no» les beneficia y están convencidos de que, de repetirse los comicios, mejorarían sus 47 escaños, ocho por debajo de la mayoría absoluta, y empeorarían los del resto de fuerzas. El PP, que quedó segundo, obtuvo 33; Podemos 15; Ciudadanos 9, e IU 5. Solo la formación de Albert Rivera calcula que podría tener también alguna posibilidad de crecer. De ahí, el órdago de la presidenta en funciones. «Si al final hay que ir a otras elecciones, se irá a elecciones, si alguien no las teme es el PSOE-A y esta candidata», dijo.

Insistió en que el bloqueo de su investidura lo es también del funcionamiento normal de la comunidad y cargó toda la responsabilidad sobre los demás.

En el otro lado, se encuentran el resto de partidos, a los que los socialistas consideran «comparsa» del PP en una «pinza inexplicable». «Solo les une el no a Andalucía y al autogobierno de nuestra tierra», alegan.

«Bochornoso»

La oposición, por el contrario, insiste en que el PSOE no tiene una voluntad de diálogo real porque sigue sin responder a sus exigencias. La mayoría calificó incluso de «esperpéntico» y «bochornoso» que se fuera a una tercera votación de investidura sabiendo que no saldría adelante. En principio, no volverá a ocurrir y está previsto que el presidente de la Cámara no vuelva a convocar el pleno hasta estar seguros del acuerdo. En la trifulca entró ayer incluso Soraya Sáenz de Santamaría, para responder a las continuas apelaciones de Díaz a Mariano Rajoy. Argumentó que la única culpable de la inestabilidad institucional es la presidenta que adelantó los comicios sin razón.

Podemos replicó a la amenaza de repetir elecciones con que «si Díaz está echando cuentas otra vez y poniendo en marcha su máquina demoscópica» queda claro «quién tiene de verdad intereses electoralistas». Y lo mismo planteó Ciudadanos, que además de acusar al PSOE de haberse levantado de la mesa para no firmar el pacto anticorrupción, dijo que esperarán al 24M para «ver qué fichas en este tablero de ajedrez empiezan a mover».

La candidata del PP a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, demostró ayer una vez más que va contracorriente y alabó la decisión de Susana Díaz de paralizar la concesión de la mina de Aznalcóllar; una postura que choca con la del resto de su partido. «Menos mal que (Susana Díaz) ha anulado esto, la felicito por haberlo hecho», dijo la líder madrileña. Desde Moncloa hasta la sede de Sevilla, en cambio, arremetieron contra la socialista y le pidieron explicaciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo tiene una «doble preocupación» con este asunto: por cómo se ha llevado a cabo el proceso de adjudicación y por su efecto en el empleo en la comarca si se retrasa. Por eso, pidió explicaciones a la Junta sobre la «transparencia» del proyecto, apuntando que los términos en los que se pronuncia la jueza son de una «gravedad extraordinaria». Sus palabras tuvieron rápido eco en el Gobierno andaluz, y el consejero de Presidencia Manuel Jiménez Barrios lamentó que «se vuelva a utilizar una vez más la mesa del Consejo de Ministros para hacer oposición a Andalucía».

El PP andaluz insistió en que este caso evidencia «una vez más» la «actitud y la manera de gestionar del socialismo andaluz». Su líder, Juan Manuel Moreno, habló de «sospechas de amiguismo», y lamentó que se ponen en riesgo puestos de trabajo e inversiones. También la patronal del sector minero advirtió de que este tipo de incidencias o retrasos «suponen un paso atrás en el impulso del sector en Andalucía».