“No es un documento contra nadie ni la palabra de un contrincante político en un tiempo electoral”. Estas fueron las primeras palabras del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, al presentar este lunes la instucción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”.

El texto, aprobado por dos tercios de los obispos durante la pasada Asamblea Plenaria, parte de un análisis sobre “la situación social” que la crisis económica ha dejado en España para ofrecer una serie de propuestas “ante la ardua tarea que queda por afrontar”. “No se trata de imponer una doctrina sino de hacer una propuesta razonable y en positivo sabiendo que cada uno es libre de escucharnos o no”, aseguró el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño, monseñor Juan José Omella Omella, durante la presentación del documento.

A lo largo 24 folios, el texto denuncia “el aumento de las desigualdades sociales” que ha dejado tras de sí la crisis y sobre todo las serias dificultades que deben afrontar los hogares pese a que “los datos esperanzadores” llevan a pensar que la recesión “está superada”. “Hasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados la mejoría que los indicadores macroeconómicos señalan, no podremos conformarnos”, señalan. En concreto, destacan la situación precaria de la familia que se ha visto “agravada por la carencia de una política de decidido apoyo” y de las elevadas cifras de paro que “resulta especialmente doloroso” entre los jóvenes y mayores de 50 años.

En su análisis de la actual situación social, los obispos dedican un apartado a la corrupción y recuerdan que se trata “de una grave deformación del sistema político”. “El enriquecimiento ilícito que supone constituye una seria afrenta para los que están sufriendo estrecheces derivadas de la crisis; esos abusos quiebran gravemente la solidaridad y siembran la desconfianza social”, apuntan los prelados, al tiempo que alertan que “la falta de energía en su erradicación puede abrir las puertas a indeseadas perturbaciones políticas y sociales”.

Recuperar la dimensión ética

Los obispos atribuyen las causas de esta crisis económica a múltiples factores, entre los que destacan la falta de primacía del ser humano y la supremacía, en cambio, de lo técnico. “El desarrollo técnico parecer ser la panacea para resolver todos nuestros males. Pero la técnica no es la medida de todas las cosas, sino el ser humano y su dignidad”, recuerdan los prelados, que advierten sobre las graves consecuencias de un modelo centrado en “una determinada forma de economía basada exclusivamente en la lógica del crecimiento”.

En este sentido, también critican el supuesto desarrollo económico que ha traido el actual modelo, al “acrecentar la pobreza en épocas de recesión, pero sin llegar a recuperarse en la misma medida en épocas de expansión”. “Todos los datos oficiales muestran el aumento de la desigualdad y de la exclusión social, lo que representa sin duda una seria amenaza a largo plazo”, afirman.

Ante esta “mal funcionamiento” del sistema, provocado sobre todo “por el comportamiento inmoral de los individuos y las instituciones”, la “única solución aplicada” ha sido la de “las reformas y los ajustes”, se lamentan los obispos, a la par que recuerdan que la actividad económica “por sí sola no puede solucionar todos los problemas sociales”. “Debemos recordar que es la comunidad política -por la acción de los legisladores, los gobiernos y los tribunales- la que tiene la responsabilidad de garantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos”, añade.

Siguiendo la doctrina social de la Iglesia, los obispos proponen “afrontar las raíces de la pobreza” con una serie de “objetivos e iniciativas” entre los que destacan “recuperar la dimensión ética de la economía”; defender la familia y la vida como “bienes sociales fundamentales”; “superar el actual modelo de desarrollo y plantear alternativas válidas sin caer en populismos estériles” y que “se llegue a un pacto social contra la pobreza aunando los esfuerzos de los poderes públicos y de la sociedad”.