Griñán, a su salida del Supremo.

El ex consejero de Economía y Hacienda y ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán salía pasadas las 15:15 del Tribunal Supremo tras prestar declaración como imputado durante casi cuatro horas ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa por el fraude de los ERE. Sobre el núcleo de esta investigación, es decir, si hubo un plan preconcebido para defraudar mediante la concesión de ayudas sociolaborales, como sostiene la juez Mercedes Alaya en su exposición razonada, Griñán fue tajante: “Está claro que no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude”.

Griñán negó ante el magistrado haber tenido conocimiento de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de las irregularidades en los ERE fraudulentos, ya que no contenían ninguna propuesta de actuación directa para su consejería. Asimismo, se desvinculó de la gestión de los gastos en ayudas socio-laborales. En esta línea, insistió en que la actuación de la Junta, y de forma especícfica en la de la Consejería de Economía, fue en todo momento “conforme a derecho, porque Hacienda no es un órgano de fiscalización, sino de presupuestación” y añadió que nunca de fiscalización de otros departamentos.

Fue en este momento, tras ser preguntado si hubo un plan preconcebido, cuando señaló que no creía que «hubiese un gran plan, pero hubo un gran fraude, y eso significa que alguno de los controles pudieron fallar”. Asimismo, señaló que los presupuestos se aprobaban en su Consejería pero que la ejecución de los mismos correspondía a los departamentos que tenían asignados el crédito, “nunca a otro departamento y menos a la presidencia de la Junta de Andalucía”. Con esas manifestaciones daba a entender, que en el caso de que se hubiesen cometido irregularidades en la concesión de esas ayudas, la responsabilidad habría que buscarla en los departamentos encargados de las mismas, en referencia a la Dirección general de Trabajo, del que era responsable Francisco Javier Guerrero

Alegato de Viera

Al igual que hizo el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, todo apuntana a que se desvincularía de cualquier conocimiento y/o autorización de ningún tipo de irregularidades en las ayudas sociolaborales concedidas entre 2000 y 2009. De hecho, desde el entorno de Griñán se sostiene que con el sistema implementado por la Consejería de Empleo a partir de 2001, cuando se suscribe el Convenio Marco por el se modifican los criterios en la concesión de esas subvenciones con el Instituto de Fomento Andaluz (IFA), que dependía de la citada consejería, se puso en marcha un procedimiento que se estimó «ágil y adecuado a su finalidad» y que, en última instancia, correspondía a la Dirección General de Trabajo, de la que era responsable Francisco Javier Guerrero.