Remito unas nociones sobre lo que son las órdenes en la milicia dedicada a usted, teniente Segura, a partir de ahora, Luisito. Espero que este artículo y los que le sucederán le aclaren lo que no ha aprendido en la milicia en casi 20 años.

Comenzaré diciéndole, Luisito, que las ordenes del mando y de servicio no son actos administrativos. La actividad de mando militar, como modo de desenvolverse la institución militar en el cumplimiento de sus funciones (adiestramiento, combate, gestión técnica, logística, etc), puede decirse que es un ejemplo típico de lo que se ha denominado como “actividad técnica de la Administración”. Esta “es imputable directamente como tal actividad al agente físico que la realiza”, aunque acarree efectos para la Administración que lo acoge, por lo que no se trata de un indiferente jurídico. Así pues, su actuación, la del Mando, no la suya, “aparece enmarcada y ordenada a través de la actividad jurídica, la cual o la precede, o la subsigue, o la acompaña”. (Garcia de Enterria). El normal actuar de la Institución, sobre todo en la medida en que actúa con efectos organizativos ad intra (dejando de lado, para que me entienda, la actividad administrativa con otros sujetos como puede ser la contratación pública de material y personal), es una actuación material o técnica que se rige por sus propias reglas, formas o cauces técnicos, enmarcada por la Ley cabecera de grupo: las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

La actividad del mando militar tiene su marco dentro de esta conceptualización, como puede verse claramente en las órdenes de servicio que sólo tienen efectos sobre la organización, pero que pueden mostrar fisuras en el caso de las órdenes de ejecución, en la medida en que éstas tienen efectos sobre el exterior de la organizacón.

Cuando se producen órdenes de servicio, el régimen jurídico-administrativo, estrimado Luisito, ha de decaer en aras del mejor funcionamiento de la maquinaria militar. De ahí que tales órdenes tengan un régimen de recursos “contencioso-administrativo” propio: el recurso por la vía del derecho de petición ante cualquier aspecto por el que el militar paciente (u obediente) “que se sintiese agraviado”, pudiendo llegar hasta el Rey, tal y como establece el artículo correspondiente en las Reales Ordenanzas. También tiene usted a su disposición todo el régimen de recursos que puede ejercitar todo militar en general. Ese régimen garantiza, por otros cauces, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución. Y así, en una de las pocas declaraciones que he podido rastrear, una STSJ de Madrid de 14 de junio de 1995, ante un recurso interpuesto al amparo de la extinta Ley 62/1979, se declara que:

“En todo caso, el hecho de que al notificársele la Orden (del mando) se le informará de que contra la misma no cabía recurso alguno, no conllevaría conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva y ello porque: 1º, entendemos que la orden dictada en estricto uso de las funciones de mando no es susceptible de recurso administrativo ni jurisdiccional salvo el llamado recurso de agravio; 2º, porque tal mención no imposibilita, por si misma, el acceso al recurso administrativo ni al jurisdiccional si la parte lo considera procedente”.

No obstante si, como suele ser habitual, se trata de una orden y la objeción o recurso al cumplimiento de la misma puede dificultar “la misión encomendada”, tal objeción “la reservará hasta haberla cumplido”, como indican las Reales Ordenanzas. De este modo sí cabe un recurso, pero específico, por el conducto reglamentario, que usted no ha respetado, y, será lo normal, con posterioridad a la orden recurrida. También cabe la exigibilidad de responsabilidades disciplinarias por la orden emitida por el superior, aspecto nada desdeñable, que usted sólo ha tenido en cuenta cuando estaba ya en el candelero.

La próxima semana le mostraré, estimado Luisito, que la aplicación del régimen administrativo a las órdenes de ejecución también resulta problemático.

Suyo, afectísimo

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca.