El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, afirma que tanto en el Ministerio del Interior como a nivel europeo «se ha constatado» la vinculación entre las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y la financiación de grupos terroristas internacionales, asunto que se ha convertido en línea «prioritaria» de investigación en España. «No tenemos ninguna duda de que esas relaciones existen», asegura.

En una entrevista con Europa Press, Martínez ha explicado que esta es «una de las prioridades» del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo de reciente creación que, en el marco de la plataforma multidisciplinar europea que investiga las amenazas criminales (EMPACT), ha asumido la competencia de indagar en la actividad en particular de las redes de trata nigerianas y chinas.

«Hemos asumido, y tiene mucha importancia, el estudio de los mecanismos de conexión, que por el momento no hemos podido constatar empíricamente pero que seguiremos muy de cerca, de las organizaciones nigerianas con el grupo terrorista Boko Haram. No hemos encontrado aún esa relación pero es ya una línea de investigación en la que llevamos tiempo trabajando», ha explicado.

BOKO HARAM EN EL PUNTO DE MIRA

En este sentido, un informe del CITCO cerrado este mes seguía la pista de las redes que captan a mujeres en Nigeria para su explotación en España y el resto de Europa a fin de esclarecer si la compraventa de estas personas estaría financiando las actividades de la organización terrorista, como sospechan tanto EUROPOL como EUROJUST y la coordinadora Contra la Trata de Seres Humanos de la Unión Europea, Myria Vassiliadou, de visita oficial estos días en Madrid.

«Como tenemos muy bien estudiado en España el tema de la trata de personas, en un momento dado nos planteamos si esto podía ser una fuente de financiación de Boko Haram. El informe llega a la conclusión de que de momento, no, pero EUROPOL, EUROJUST y la coordinadora europea nos insisten en que estas relaciones existen, y no ya en concreto con Boko Haram, sino entre el terrorismo internacional y la trata de seres humanos, y no tenemos ninguna duda; es una línea que vamos a priorizar», ha señalado.

Martínez afirma que esta línea de investigación es relativamente novedosa, «pues igual que hay informes de Europol y Eurojust que recogen la vinculación indudable entre tráfico de drogas y terrorismo, también los hay sobre la vinculación con la trata de seres humanos», pero «está menos avanzado» y por eso, «es una de las prioridades a adoptar» ahora en España, en «estrechísima colaboración» con los socios europeos.

No es el único flanco abierto para la lucha contra el tráfico de seres humanos. El CITCO, designado «punto focal» sobre trata con fines de explotación, cuenta con una base estadística propia y tiene asimismo entre sus prioridades el seguimiento del dinero que mueve esta flagrante violación de los derechos humanos que es ya uno de los tres negocios ilícitos más lucrativos del mundo, junto con el tráfico de drogas y de armas.

Según explica el número 2 de Interior, «una de las líneas de actuación básicas en las que hay que poner los esfuerzos de investigación criminal es en seguir el dinero, seguir los flujos económicos que mueve la trata de seres humanos, que son gigantescos, y a partir de ahí, ir identificando quién está detrás de todo, cómo se mueven esos capitales y cómo se blanquean».

Más de cinco millones al día

En España, según los datos que maneja este centro de inteligencia, la trata, la explotación sexual y la prostitución generan anualmente 5.300 millones de euros. Sólo la trata de mujeres para esclavitud sexual movería cada día cinco millones de euros, y eso que este es «más un país de tránsito que de destino» de las redes que trafican con mujeres, tal y como apunta Martínez.

Aunque es imposible determinar el volumen de mujeres sometidas, diversos estudios apuntan que el 80% de quienes ejercen la prostitución en calles, clubes, pisos y demás en España lo hacen contra su voluntad. Un estudio de Apramp en 2011 situaba a este como el tercer país de la UE con más demanda de servicios sexuales de pago, algo que habrían solicitado casi cuatro de cada diez españoles.