Un piloto de la compañía marroquí Air Maroc se negó a embarcar en su nave a un ilegal esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que iba a ser deportado el lunes de la semana pasada en un vuelo comercial rumbo a Guinea Bissau con escala en Casablanca. Alegó que en su nave no subían personas maniatadas, frustrándo la expulsión de esta persona que fue devuelta al CIE de Aluche y puesta en libertad al cabo de unos días.

Se trata de B.B., un guineano de 42 años que recibió el alto de la Guardia Civil en un control rutinario de carretera cuando cruzaba Logroño camino de Portugal el pasado diciembre. Él no lo sabía, pero tenía dictada una orden de expulsión en su contra, así que no pudo continuar camino. Los agentes le trasladaron a una comisaría y 72 horas después, se vio en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Iban a deportarle.

Cuenta en una entrevista telefónica que la resolución no llegó hasta el día 50 de internamiento, es decir, cuando le faltaban sólo diez días para cumplir el plazo máximo que un extranjero pendiente de expulsión puede permanecer retenido en un CIE.

La nota firmada por el juez le ubicaba en un vuelo macro directo a Bissáu y tampoco esto resultó ser así. En realidad tenía asiento reservado en un vuelo comercial de Air Maroc que el 16 de febrero, su día 53, saldría de Barajas y haría una escala de tres horas y media en Casablanca. Nadie le notificó este asunto. La ONG que le atendió habla de «chapuza».

«Aunque no hayas conseguido nada, aunque no tengas nada, si te vuelves voluntariamente tu familia te recibe bien, pero si te cogen como un paquete y te dejan allí por nada y sin nada, no es lo mismo, no está bien», cuenta B.B., con conocimiento de causa, pues ya pasó por esta experiencia hace cerca de ocho años. Habría sido la segunda vez que le deportasen.

En 2005, cuando llevaba más de una década residiendo en España, fue condenado a tres años y dos meses de cárcel por un delito «relacionado con drogas», según él mismo explica, que le costó el permiso de residencia. Tras 24 meses en prisión, el juez ordenó expulsarle a Guinea con prohibición de volver a entrar durante al menos otros dos años. No lo acató y tras ser descubierto en España, en 2010 volvió a la cárcel y cumplió el año y dos meses que le restaban de condena.

Con todo, el lunes 16 de febrero no opuso resistencia cuando fue conducido en coche por agentes de la Policía Nacional hasta Barajas. Dice que fue tratado correctamente. «El día 53 me llevaron esposado para embarcar. Era un avión comercial. El policía me dijo que esperase en el coche y subió a hablar con el capitán. Volvió y dijo que el capitán se negaba a llevar a uno atado, así que me dijeron que no podía volar y volvimos al CIE», explica.

Aceptó las instrucciones y no le dio más vueltas, se tomó la noticia «tranquilamente». «Dicen que cuando subes al avión te puedes quitar el cinturón y te desatan, pero ahí abajo no me iban a desatar. Creo que ellos (los dos policías que iban a volar como su escolta) no querían un escándalo», plantea. No lo celebró demasiado, considera que «se vive peor en el CIE que en la cárcel» y además, no sabía si le deportarían en otro avión cuyo capitán no pusiera objeciones.

El comandante tiene la última palabra

A pasajeros como B.B. les conocen en las aerolíneas como «potencialmente conflictivos» y hay medidas específicas para ellos, como que embarquen los primeros, ocupen un lugar concreto, no vayan esposados a una parte fija del avión o que sus escoltas dejen las armas en la cabina del piloto, aunque el reglamento de cada compañía tiene sus propios matices, conforme explican a Europa Press desde el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviacion Comercial (COPAC) y el sindicato mayoritario del ramo, SEPLA.

«Lo que se suele hacer es que la Policía se pone en contacto con la compañía para informar y da todo tipo de detalles. El comandante es informado de la situación de que va a llevar un pasajero de estas características y es el que tiene la decisión final y última de si puede o no ser transportado. Si considera que puede suponer un riesgo añadido para la operación de vuelo, con el amparo de la ley, puede negarse a admitirle», señala el director General Técnico de COPAC, Iván Gutierrrez.

El jefe adjunto del Departamento Técnico del SEPLA, Agustín Guzmán, añade además que cuando van esposados, el piloto, que «tiene la última palabra» como «máxima autoridad» en el vuelo, debe decidir ante un dilema. «En caso de emergencia la persona debe poder abandonar sola el avión, pero si es peligrosa quizá es conveniente que vaya esposado (…) Normalmente se trabaja coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No suele haber ningún problema», apunta.

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE, que viene promoviendo un boicot contra las compañías aéreas con las que se contratan este tipo de vuelos, piden tanto a los pilotos como a los auxiliares de vuelo que se posicionen, «y se nieguen a volar con personas que viajan contra su voluntad», algo que, «va incluso contra su propio código ético». «Pueden negarse a volar con personas que no quieren hacerlo, como ha hecho este piloto», señala una de las portavoces de la campaña, Irene Ruano.

Según los últimos datos disponibles, entre enero y octubre del año pasado la Comisaría de Extranjería y Fronteras fletó en solitario o participó con FRONTEX en un total de 38 vuelos internacionales para ejecutar la deportación de 1.167 personas. Desde 2010, se ha expulsado de este modo a más de 9.400 extranjeros y en 257 vuelos internacionales, a los que habría que sumar los fletados a Ceuta y Melilla para deportar por tierra a países del Norte de África.

Un «inexpulsado»

Aunque ha sido puesto en libertad y se encuentra ya a varios cientos de kilómetros del CIE, la situación de B.B. es complicada. Se encuentra sin permiso de residencia y la orden de expulsión sigue pesando sobre él, aunque no haya podido ejecutarse, lo que significa que podría volver a ser detenido. No obstante, el Tribunal Supremo anuló recientemente un artículo del reglamento de los Centros de Internamiento que permitía recluir más de una vez a una persona atendiendo a la misma orden de expulsión, así que sobre B.B., habría que dictar una nueva.

Según detalló la memoria del Fiscal de Sala de Extranjería 2014, durante el año anterior 9.002 personas fueron recluídas en los centros de internamiento de todo el país y algo más del 47% de ellas tuvieron que ser puestas en libertad ante la imposibilidad de ejecutar la expulsión, lo que ocurre cuando la Administración no tiene convenio de repatriación con el país de origen o cuando no consigue probar de qué país se trata, pero también en otras circunstancias, como en el caso de B.B.