La jueza Mercedes Alaya considera a la exministra de Fomento, exconsejera de Hacienda de la Junta y ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, responsable y “promotora” del procedimiento que concedió las ayudas sociolaborales que, en opinión de la instructora, es ilegal y dio origen al fraude en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Alaya ha solicitado una fianza civil de 29.568.129 euros a la exministra, a la que acusa de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La magistrada acusa también de lo mismo al viceconsejero de Hacienda que coincidió con Magdalena Álvarez, José Salgueiro, y al secretario general de Hacienda, Antonio Estepa, a los que pide fianzas civiles de 22,1 millones de euros y 8,8 millones de euros, respectivamente.

Alaya ha decidido imponer la fianza a Álvarez, que declaró ante la magistrada por segunda vez el pasado 8 de octubre, pese a que la Fiscalía anticorrupción no la pidió. Tampoco lo hizo la Junta de Andalucía, personada como acusación, y el PP, también acusación, lo dejó a la deliberación de la magistrada. Manos Limpias sí reclamó una fianza de 125 millones de euros.

Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta desde 1994 a 2004. La magistrada le hace responsable del sistema de ayudas desde 2001 a diciembre de 2003. La investigación en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla abarca los años desde 2000 a 2011. La exministra prestó declaración ante la jueza el pasado día 8 de octubre y entonces negó que conociera los informes de reparo de la Intervención General de Hacienda, que nunca fueron de actuación, y también discrepó con la jueza sobre la idoneidad del sistema de las transferencias de financiación para el pago de subvenciones sociolaborales a través del IFA, luego IDEA. Álvarez desvió la responsabilidad sobre el uso que se le dio al procedimiento para conceder las ayudas a la Consejería de Empleo, ya que, en su opinión, este sistema no habría excusado a la misma del cumplimiento de la normativa sobre subvenciones.

En el auto, la magistrada admite que el uso que Empleo dio a los fondos “no era responsabilidad de los inculpados” citados, pero razona que para llegar al procedimiento de las transferencias de financiación y disponer de gasto público “incardinaría la participación de estos”. Afirma que la adopción “de este procedimiento al margen de la ley se iniciaría, entre otros, con la autorización de los inculpados, encargados de la elaboración del Presupuesto anual, en virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales”. La magistrada prosigue que la finalidad de ello era “eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones”. Alaya sostiene que tanto Magdalena Álvarez como Salgueiro y Estepa, en virtud de sus cargos, serían “promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales”.

Alaya ha imputado por el mismo razonamiento a una veintena de cargos públicos y ha señalado a otros siete que están aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La jueza sostiene que todos ellos consintieron por acción u omisión un procedimiento ilegal para conceder las ayudas con el objetivo de escapar a los controles internos de la administración y que ello fue el caldo de cultivo del fraude en las partidas para las ayudas sociolaborales, 850 millones de euros desde 2000 a 2011.