Ávila, en el congreso de UGT-A que eligió a Fernández (a la dcha), junto a Pastrana

Los sindicatos UGT y CC.OO. también exportaron sus revolucionarias aulas de formación a los países que conforman el «eje bolivariano» con fondos de la Junta de Andalucía. No tuvieron que competir con otras entidades de cooperación y ONGs para conseguir financiación pública. En diciembre de 2009 el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán concedió dos ayudas de 2,34 millones de euros a ambas federaciones regionales para organizar talleres y cursos destinados principalmente a instruir a mandos sindicales de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia. Se suman a las misiones «pedagógicas» que ambas organizaciones realizaron entre 2007 y 2011 en siete países de Centroamérica y el Caribe con el 90 por ciento de los gastos pagados por la Administración.

Lejos de cortar el grifo de los programas de solidaridad cuando la crisis empezaba a hacer estragos, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), presidida por el entonces consejero socialista Antonio Ávila, canalizó nuevas subvenciones de «carácter excepcional». Los acuerdos se suscribieron el 29 de diciembre de 2009. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, logró una aportación de 1,19 millones para tres proyectos que llevaban títulos tan ilustrativos como «Fortalecimiento de la confederación sindical de las Américas (CSA) para una protección efectiva de los derechos laborales en el marco del diálogo social», «Fortalecimiento de la coordinadora de centrales sindicales andinas y organizaciones sindicales de la región» y «Fortalecimiento del sindicalismo socio-político de la CUT-Auténtica Paraguay». La central «ugetista» sólo tuvo que poner 3.528 euros propios para llevar a Venezuela su socialismo del siglo XXI en versión sindical.

Para montar oficinas y aulas virtuales, ambos sindicatos optaron por contratar a terceros con las ayudas a la cooperación. UGT-A encomendó a su «filial» en el campo de la solidaridad, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, encargos como un «taller-diagnóstico de la situación y posibilidades de futura instalación en Venezuela y Bolivia», la apertura de la sede del Instituto Sindical Andino en Lima (Perú) o de oficinas en Ecuador y Colombia.

Comisiones Obreras también recibió una gran porción en el reparto de fondos autonómicos a la cooperación: 1,15 millones de euros, que se acompañaron con una aportación de su caja de 65.427,90 euros. Realizó cinco proyectos. Uno de ellos, denominado «Fortalecimiento de los instrumentos de información y comunicación de las centrales sindicales», también se focalizó en el bloque afín al «chavismo».