Luis Ruiz, la dirigente del PSOE de Andalucía, en una imagen tomada de la web de su partido.

VP.- Un nuevo escándalo de corrupción salpica al PSOE andaluz. La Guardia Civil ha detenido dentro de la ‘Operación Rocket’ a Luisa Ruiz Fernández, ex alcaldesa del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo y actual vocal de la ejecutiva del partido en esta comunidad, por su presunta implicación en un fraude millonario a la Unión Europea(UE) para la puesta en marcha de un tren turístico minero que nunca entró en funcionamiento. La dirigente socialista, cercana a la nueva líder del partido Susana Díaz, está acusada de los delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Hay otros dos arrestados, dueños de una empresa de material ferroviario de Bárcelona, y al menos diez imputados.

Hay dos detenidos más y otras diez personas han sido imputadas. Además, la Guardia Civil ha registrado oficinas de empresas y domicilios en cuatro provincias distintas

La operación se inició tras la denuncia presentada por el actual gobierno municipal de la localidad cordobesa, dirigido por la senadora del PP María Gil. al descubrir a su llegada al poder la existencia de supuestas irregularidades en el destino final de subvenciones europeas, estatales y autonómicas dadas en su día a la corporación local para el desarrollo económico del municipio, afectado por la reconversión de las zonas mineras del carbón. De hecho, la denuncia de la actual alcaldesa se centraba en el presuntos desvío de ayudas otorgadas para la construcción del denominado tren turístico ‘El Guadiato’ y un Museo del Ferrocarril.

Sin embargo, las pesquisas de los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permitió comprobar que el supuesto fraude no se limitaba sólo a este proyecto y que, supuestamente, se extendía a posteriores procesos de contratación pública entre los años 2007 y 2011 que se realizaron para hacer efectivas distintas subvenciones. Además de los arrestos, en la operación se han efectuado también once registros, siete de ellos en la provincia de Córdoba, aunque también se han producido en Barcelona, Lérida, Valencia y León, donde están las sedes de varias empresas implicadas en el fraude.

“Susanista” y en Cajasur

La existencia de supuestas irregularidades en la gestión municipal de Luisa Ruiz llevaba meses provocando un cruce de acusaciones en el consistorio que habían desembocado el pasado mes de junio con la presentación por parte de la ahora detenida de una querella por injurias y calumnias contra su sucesora en la alcaldía, la senadora María Gil. La dirigente socialista aseguraba entonces que todas las cuentas de su mandato, incluidas las del tren minero, estaban “justificadas hasta el último céntimo” e invitó a su oponente política a acudir a los tribunales si no era así. Para entonces, la alcaldesa del PP ya lo había hecho y es esa denuncia la que ha provocado ahora la actuación de la Guardia Civil.

Luisa Ruiz es considerada dentro del PSOE andaluz como una de las dirigentes cordobesas más cercanas a la actual líder de la formación, Susana Díaz, quien convirtió la lucha contra la corrupción en una de sus primera banderas cuando tomó el relevo de José Antonio Griñán en un partido sacudido por el escándalo de los ERE. Su detención de este martes no es, sin embargo, el único varapalo que la justicia ha propinado a la ex alcaldesa socialista de Peñarroya en los últimos días., El pasado 10 de octubre el BOE publicó la confirmación de las sanciones que el Banco de España impuso a los consejeros de Cajasur, entre los que se encontraba ella, por las irregularidades detectadas en la gestión de la entidad cordobesa. Luisa Ruiz tuvo que abonar 20.000 euros.

Además, su nombre ya se había visto envuelto en 2010 en una polémica cuando se supo que incluyó a su marido como “asesor” de su ayuntamiento en el séquito de alcaldes y autoridades locales de la Mancomunidad del Valle del Guadiato (Córdoba) que fueron a gastos pagados de viaje en Bolivia para visitar los proyectos de cooperación que desde estos consistorios apoyaban en el país latinoamericano. Los 40.000 euros que costó aquel desplazamiento de doce días fue sufragado íntegramente por las arcas públicas de la Diputación y la Mancomunidad.