Manuel Pastrana, exsecretario general de UGT-A

Un juez de Sevilla ha decidido incoar diligencias previas tras recibir la denuncia de Manos Limpias -que ha sido posteriormente ampliada hasta en cinco ocasiones- contra el sindicato UGT-A por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso “indebido” de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública. En este sentido, fuentes judiciales han informado de que la primera denuncia formulada el pasado día 13 de agosto por Manos Limpias, que ha sido ampliada hasta en cinco ocasiones, ha recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, quien ha decidido incoar diligencias previas.

De este modo, y según las mismas fuentes consultadas, el juez Juan Jesús García Vélez -el mismo que instruyó el accidente mortal por el que fue condenado a dos años y medio de cárcel el extorero José Ortega Cano- ha incoado dichas diligencias previas en una decisión que se encuentra “pendiente” de la ratificación de la denuncia por parte de Manos Limpias.

Hay que recordar que, en la primera denuncia interpuesta el día 13 de agosto, Manos Limpias indicó que UGT-A “falseó facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados”, al tiempo que aseveraba que UGT-A “pagó con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento”. Tras ello, Manos Limpias ha realizado hasta cinco ampliaciones de la misma, la última el pasado día 3 de septiembre, cuando pidió que se investigue si el sindicato “cargó a la Junta de Andalucía una comida de 1.600 mujeres, falseando la factura”.

En esta quinta ampliación de la denuncia, Manos Limpias solicitó que se investigue “la aparición de una nueva ‘noticia criminis’, en el sentido de que UGT cargó a la Junta una comida de 1.600 mujeres, falseando la factura”, precisando que “el convite por el Día de la Mujer Trabajadora se facturó como ‘reuniones de los órganos de participación'”, siendo “el coste de 21.600 euros”. Al hilo de ello, el sindicato pone de manifiesto que “al responsable del restaurante Casa Herminio se le pide por parte de UGT que no figure en la factura mención alguna al Día de la Mujer Trabajadora”.

ERE fraudulentos

En la denuncia, Manos Limpias también pide que se investigue si UGT-A “endosó a la Junta de Andalucía las indemnizaciones de su ERE”, que afectó a “159 empleados”, añadiendo que “el dinero provenía del expediente Andalucía Orienta, subvencionando con fondos de la Junta, lo que demuestra que la póliza que tenía contratada UGT-A con la aseguradora Generali se cargó a la ayuda de la Junta”. El pasado 28 de agosto, el sindicato ya solicitó que se investigara si el sindicato “cargó a la Junta de Andalucía una cena anual de su caseta de la Feria de Sevilla” por importe de 12.176.

Con anterioridad, este sindicato había pedido que la Justicia indagase sobre la petición del sindicato a una empresa de diseño para que modificara una factura por la rotulación de un autobús para la huelga general de 2010 “para poder cargarla a fondos para parados de la UE”; la facturación “con cargo a subvenciones para cursos de formación” de 250 pancartas para la misma protesta; el cargo a la Junta de Andalucía de un “almuerzo de 1.300 euros con el secretario general de UGT, Cándido Méndez” en el marco de las “reuniones divulgativas del Acuerdo de Concertación Social de Andalucía”; y el “pago de sobresueldos a la Ejecutiva de UGT-A camuflados como dietas”.

Previamente, había solicitado al juzgado que investigase tanto la posible “contratación de adolescentes menores de 18 años de forma eventual sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en dinero negro por los servicios prestados a favor de UGT-A” en tareas como el “ensobrado de cuotas sindicales” como el “costeo” de la revista ‘Trabajo y Diálogo Social’ “con fondos de cursos para parados” financiados con cargo al Fondo Social Europeo.