Ana María junto con voluntarios del Banco de Alimentos tras recibir una de las donaciones.

Ana María Doroteo llevaba mucho tiempo haciendo una trampa que, en estos tiempos, menos que nunca, no tiene disculpa posible. Directora de la ONG Calvicam y propietaria de un restaurante de Alcalá de Henares, compatibilizaba ambas funciones a la perfección. O, mejor dicho, las complementaba sin ningún tipo de escrúpulos. El Banco de Alimentos de Madrid donaba de forma habitual comida para la organización sin ánimo de lucro, con sede en la calle Golondrina de Camarma de Esteruelas, que ella y el resto de voluntarios de la asociación supuestamente gestionaban para que éstos fueran repartidos entre las familias más necesitadas de la localidad y alrededores. Pero los kilos de comida no perecedera donados, así como las toneladas de fruta y verdura que llegaban a Calvicam, no tenían exclusivamente ese fin, pese al desconocimiento de los trabajadores de la misma.

La solidaridad de particulares y empresas de alimentos acababa servida en los platos de Alcalá Fusión, un pequeño restaurante del polígono Inbisa de Alcalá de Henares, regentado por la directora de la ONG. Es decir, que la mujer sacaba un claro beneficio económico con menús del día elaborados a coste cero, además del consiguiente ahorro en proveedores y distribuidores que soporta cualquier bar. Un negocio redondo sólo apto para gente sin escrúpulos.

Los hechos fueron denunciados por la cocinera del establecimiento, situado en la nave 11-A de la calle Julio Rey Pastor del polígono industrial Inbisa II del municipio. Esta mujer aseguró ante la Policía que esta práctica fue una constante al menos durante los tres meses que ella estuvo trabajando allí: desde diciembre de 2012 hasta febrero de este año, aunque se sospecha que los hechos se remontaban a mucho tiempo atrás. La denunciante afirma que al restaurante llegaban cargamentos de comida etiquetada con el certificado y logo de la Comunidad Económica Europea (CEE), un sello amarillo en que ponía claramente: «Prohibida su venta». Sin embargo, toda esa comida era cocinada y servida en los platos de la carta del establecimiento hostelero.

Tampoco es que Ana María se cortara mucho al apropiarse de forma fraudulenta de kilos y kilos de comida que deberían haberse donado a gente sin recursos. La denunciante afirma que, en más de una ocasión, la propietaria llevaba el cargamento hasta el restaurante con la propia furgoneta de la ONG. En el almacén del local descargaba garrafas de aceite, cajas enteras con paquetes de un kilo de legumbres como judías y garbanzos o arroz (todas con la etiqueta amarilla que prohibía su venta) y comida perecedera como cajas enteras de tomates, lechugas y fruta sin ningún tipo de etiquetado pero de idéntica procedencia. También se sirvieron en Alcalá Fusión croquetas de empresas de congelados que donaron a Calvicam, según la cocinera del establecimiento, que denunció los hechos el pasado 29 de abril. Los agentes de la Policía Judicial de Alcalá, a quienes hay que agradecer esta operación, acudieron al Alcalá Fusión del polígono Inbisa y pudieron comprobar (sin que la empresaria se percatara de su presencia) que la leche y los zumos del desayuno que descaradamente se servían en la barra del bar también tenían el conocido sello europeo que prohíbe su venta.

A sabiendas de que era los jueves cuando Ana María recibía las donaciones del Banco de Alimentos, los agentes decidieron acudir ese día. Fue el 9 de mayo cuando la pillaron por sorpresa. Al acceder al interior del establecimiento, comprobaron que no había otro alimento en el almacén que no fuera de esta fraudulenta procedencia, según fuentes policiales. En ese momento quedó detenida por un delito de estafa, el tercero que acumula en su historial policial. Y es que esta mujer de 39 años y natural de Sabadell (Barcelona) tiene tres reseñas policiales: dos por estafa y otra por usurpación del estado civil.

El pasado 13 de mayo trabajadores de Banco de Alimentos, que confirmaron a la Policía que, efectivamente, colaboraban de forma asidua con esta asociación, acudieron al restaurante a retirar toda la comida para poder repartirla a quien de verdad lo necesita. Los voluntarios no daban crédito a lo que la Policía les había comunicado. Las ingentes cantidades de comida servidas a Calvicam proceden tanto de particulares como de grandes y pequeñas empresas de alimentación, fábricas o cadenas de supermercados que hacen un esfuerzo económico y donan, con su mejor voluntad, kilos de comida para ayudar a quien realmente no tiene ni para comer. El caso ya está en manos de un juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares, según las mismas fuentes, y el restaurante ya lleva varios días con el cierre echado.

En la localidad de Camarma, donde tiene sede la ONG y también el domicilio social Grupo Alcalá Fusión, S. L. –la sociedad de la que es administradora solidaria junto con su ex pareja, Enrique Paz–, conocen a Ana María Doroteo. En septiembre de 2011, la agrupación de Izquierda Unida-Los Verdes de Camarma de la localidad denunció que la ONG Calvicam había encartelado el municipio convocando una concentración utilizando su nombre. La asociación había pegado unos carteles en los que aseguraba que IU-LV de Camarma convocaba una concentración, pero la agrupación emitió un comunicado en el que aseguraba que, «aun pudiendo estar de acuerdo con algunas cosas que se anuncian», querían hacer constar que «algunos puntos del cartel de la convocatoria no son ciertos» y que «ni IU Camarma, ni IU Federal ni IU Comunidad de Madrid han firmado ningún documento», por lo que «no va a permitir que se use de forma fraudulenta y con ánimo de confundir a los ciudadanos el nombre de IU».

La hostelera acusa a su expareja

Ana María Doroteo Moyano y Enrique Paz Jiménez (ex pareja de Ana María) figuran en el Registro Mercantil como administradores del Grupo Alcalá Fusión S. L. , cuyo objeto social es, entre otros, la construcción, instalación y mantenimiento (no figura la hostelería a pesar de que también tenían otro local del mismo nombre en la avenida Juan Carlos I de la localidad). Este diario se puso ayer en contacto con la propietaria del establecimiento, quien aseguró que ella no es dueña del restaurante y que todo partía de una denuncia falsa. Explica que se trata de un plan urdido por su ex pareja, a quien ha denunciado hasta en siete ocasiones por coacciones. Asegura que ha interpuesto una demanda por falsa denuncia y otra por detención ilegal (cuando la detuvo la Policía). Ayer por la tarde, de nuevo, volvió a la comisaría de Alcalá a interponer otra denuncia por coacciones, según fuentes policiales.

Fuente: La Razón