El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que investiga varias operaciones irregulares realizadas en Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa, ha decretado el ingreso en prisión provisional de este último eludible bajo una fianza de dos millones y medio de euros acusado de la presunta comisión de varios delitos económicos, entre ellos apropiación indebida, administración desleal y estafa, según han informado fuentes jurídicas. También ha ordenado la retirada de su pasaporte a petición de la acusación popular, todo ello al entender que existen “evidentes indicios de riesgo de fuga” por parte del que fuera máximo responsable de la referida entidad financiera y a la que podría haber provocado un perjuicio superior a los 500 millones de euros. De momento, el exfinanciero dormirá hoy en la prisión de Soto del Real.

El instructor del caso había citado este mediodía de forma urgente y sorpresiva a Blesa, tras recibir días atrás un informe del Banco de España que apreciaba distintas anomalías de cierta gravedad en la adquisición del City National Bank of Florida por parte de la caja de ahorros madrileña. La operación, que fue ocultada a la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid -pese al deber que tenían los responsables de aquella de informarle de sus actuaciones más relevantes-, se hizo en dos tramos -primero, en abril 2008, el 83%, y luego la parte restante hasta la totalidad del capital social en 2010- y tuvo un coste total de 1.117 millones de dólares (unos 745 millones de euros al cambio).

Dicha suma, pese a aproximarse al valor que reflejaban los libros del City National (con sede en Miami), superaba con creces el importe abonado por el Banco Popular y el Banco Sabadell en la adquisición de otras entidades similares en la capital de Florida. Es más, según precisa el juez en su auto, no tuvo en cuenta el fondo de comercio que debía el banco estadounidense, de modo que la operación se habría saldado finalmente con unas pérdidas de, “al menos”, 500 millones de euros para Caja Madrid, “suma que podría haberse incrementado a día de hoy”. De hecho, el propio instituto emisor señala que las cantidades abonadas fueron “excesivas” e incluso el Tesoro de EE UU apreció “déficit muy relevantes en la supervisión” del equipo directivo de entidad, “sin que esté implantada una estrategia viable de negocio”.

Créditos anómalos

El encarcelamiento de Miguel Blesa y el resto de medidas cautelares como presunto autor de delitos societarios, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y estafa habían sido pedidas por la acusación popular que representa la asociación ‘Manos Limpias’, que interpuso hace medio año la querella que ha dado pie a este caso. La Fiscalía -que mantiene abierta una investigación paralela por otras operaciones de Caja Madrid a raíz de una denuncia del partido UPyD- rechazó, sin embargo, su ingreso en prisión -al entender que la retirada del pasaporte sería suficiente dado su arraigo en el país y la falta de indicios sobre la posible destrucción de pruebas- durante la preceptiva ‘vistilla’ celebrada tras la declaración del financiero, quien como ya hizo durante su anterior declaración en diciembre el pasado 5 de diciembre sostuvo que tanto la compra del City National Bank of Florida como la concesión de sendos polémicos créditos al grupo Viajes Marsans se hicieron “con todas las garantías legales” requeridas para ello.

Esos préstamos -que suman un total de 26,5 millones de euros- habían sido hasta ahora el meollo del caso, dado que según el juez ninguno de los imputados -aparte de Blesa, también lo están el expresidente de Marsans, Gerardo Día Ferrán (quien, a su vez, era consejero de la caja de ahorros) y otros directivos de la entidad madrileña- ha aportado hasta la fecha «el menor justificante de pago» de ese dinero. Al contrario, considera que de la documentación que obra en la causa se deduce «más bien lo contrario», al tiempo que reprocha a aquellos que sus versiones no son «mínimamente verosímiles», argumento que queda reforzado con un reciente informe pericial de KPMG donde se constata el trato de favor en dichos préstamos al eludir los controles necesarios para su concesión y no existir garantías suficientes para su cobro (aceptó varias propiedades que valían 6,6 millones sin llegar a verificar su valor real).