Pulido, imputado junto con otros directivos de Cajasol por la venta ilegal de activos tóxicos
El Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla, merced a la denuncia promovida por la sociedad limitada unipersonal (SLU) Urbanizadora Rojas contra la antigua Cajasol a cuenta de la operación de compra de los terrenos denominados como BP5 del desarrollo urbanístico de la zona de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, ha resuelto la “imputación” de seis personas entre las que figura Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y máximo dirigente de la citada y caja de ahorros, en la actualidad absorbida por Caixabank.
La denuncia recoge que Cajasol era la propietaria de los citados suelos. Se trataba, según la denuncia, de un activo “tóxico” cuya adquisición “impuso” supuestamente Cajasol al Grupo Inmobiliario Ferro, al que pertenece Urbanizadora Rojas, durante la negociación de “soluciones” financieras a los “problemas” que este grupo promotor sufría.
Compra por obligación
“Las negociaciones para la compraventa de los terrenos referidos estaban sometidos a la obligación de Cajasol de otorgar una financiación en condiciones supuestamente inmejorables y preferenciales”, señala la denuncia, porque en aquellos momentos la situación de la empresa hacía “desaconsejable” operaciones inmobiliarias de esta naturaleza. La empresa, así, fue presuntamente “obligada a comprar dicho terreno a un precio superior a lo permitido por ley en casi cuatro millones de euros”.
“Cajasol, a pesar de la prohibición de vender terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección a un precio superior al establecido por ley, procede a la imposición de la compra a Ferro a un precio muy superior, aprovechando la situación de desesperación y ahogamiento financiero de la empresa y bajo el engaño de que era la única solución para generar recursos para atender su endeudamiento”, señala la denuncia. Al final, además, el grupo Ferro no dispuso de la financiación acordada en esta operación dando lugar al conocido conflicto que rodea a estas viviendas protegidas del sector Entrenúcleos.
Daños y perjuicios
A tal efecto, acusa el grupo Ferro a la antigua caja de ahorros Cajasol de incumplir las “condiciones de disposición del préstamo” acordado, algo “fundamental para la aceptación de la compra del terreno de referencia”, y calcula más de 34 millones de euros en concepto de posibles daños y perjuicios.
En un auto de fecha 6 de diciembre de 2012, el Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla recogía ya esta denuncia al detectar “la posible existencia de una infracción penal”. Ahora, a través de una providencia fechada el 11 de abril de 2013, esta instancia judicial resuelve la “imputación” de Antonio Pulido, el “representante legal de Caixabank (antigua Cajasol), Lázaro Cepas Martínez, Francisco Javier Fernández Sobrino, Baldomero Marín Camargo, y Miguel Valera Moreno, señalando el 22 de mayo como fecha de su “citación”.
Se veía desde el principio que esto iba a quedar en nada porque nada era. Grupo Ferro ni siquiera ha ratificado la demanda, pero se han acogido al tan socorrido “echa mierda, que algo queda”. Les cuesta asumir que la compra que hicieron les salió mal y echan la culpa al mensajero.
Los de Grupo Ferro hicieron una mala inversión y ahora están intentando colocarle el muerto a otro. Lo que aún no entiendo es como el juez admite a trámite estas pataletas. En fin.