El magistrado José Castro ha imputado a la infanta Cristina en el caso Nóos, a la que cita a declarar el próximo 27 de abril a las 10:00 horas. El juez, que llevaba semanas valorando esta decisión, ha decido citar a la hija menor del Rey de oficio, sin el apoyo de la Fiscalía, que probablemente recurra esta citación.

El instructor imputa a la infanta la acumulación de indicios, que, a su entender, apuntarían que la duquesa de Palma estaba al tanto del día a día del Instituto Nóos y conocía los negocios irregulares de su marido.

Es acumulación de indicios que ha hecho decidirse al juez recoge todo tipo de pruebas. Las primeras son la última tanda de mails de Torres, en los que el yerno del Rey pone al día a su mujer en algunos de sus negocios de Nóos. Otros correos anteriores entregados por el exsocio ya apuntaron a la supuesta intervención de la duquesa de Palma para engrasar gestiones de su esposo al frente del polémico instituto o de la fundación de niños discapacitados, como hizo para intentar sacar adelante la presencia de un segundo sindicato español de vela en la Copa América.

Al margen de los correos, Castro, también valora otras pruebas como el hecho de que sea la única de los cinco miembros de la Junta Directiva de Nóos que no está imputada; que fuera la coopropietaria de la inmobiliaria Aizoon presuntamente usada por Urdangarin para desviar cerca de un millón de dinero público a su bolsillo; que ella aprobara las cuentas anuales de esa firma; que fuera la primera titular de la cuenta que abrió Aizoon; o que girara facturas contra esa mercantil por valor de 600 y 700 euros semanales como si fuese un proveedor más. Todo ello, además del hecho de que recibió en una cuenta a su nombre, no compartida con su marido como otras muchas usadas para desviar dinero, 12.671 euros procedentes de Nóos Consultoría, una de las sociedades satélites de Urdangarin y Torres.

La postura de Castro no es compartida por los responsables de Anticorrupción, que admiten que quizás no se hubieran opuesto a la citación de la infanta al inicio de la instrucción basándose en su puesto como vocal del Instituto Nóos. En Fiscalía insisten en que un año y medio de interrogatorios y diligencias no han aportado «indicios sólidos» para probar que la duquesa de Palma tomó «decisiones pro activas» para ayudar a Iñaki Urdangarin en la comisión de un delito. Algunos de los últimos correos electrónicos aportados por Torres, explican, podrían apuntar a que en algún momento pudo estar al tanto de los negocios de su marido, pero ese conocimiento o el hecho de que ella misma fuera beneficiaria de ese dinero supuestamente ilícito dista mucho de ser una prueba en la que basar una acusación.

Desde la Fiscalía recuerdan que en todo el sumario no hay un solo papel que pruebe que Cristina de Borbón estuviera en el día a día de los trabajos en el Instituto Nóos o el enjambre de empresas que rodeaban esa institución o que controlara las cuentas de estas firmas, como sí hacía Ana María Tejeiro.

Castro, por su parte, ya demostró que no le tiembla el pulso para imputar a un alto cargo de la Casa Real sin el apoyo de Anticorrupción, ya lo hizo con Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, al que llamó a declarar sin que lo pidiera el fiscal, aunque no se opuso a esta medida. El juez, también sin el respaldo del Ministerio Público, ordenó que Hacienda investigara si la infanta pudo acogerse a la amnistía fiscal.

El magistrado comparte algunos de los argumentos de Anticorrupción, pero considera que la acumulación de tantos indicios, aunque sean débiles, hacen imprescindible el interrogatorio de Cristina de Borbón. Y citarla como testigo sería poco garantista para la propia esposa de Urdangarin, que debería responder, sin derecho a mentir, sobre cuestiones que, quizás, podrían implicarla.

Suma de pruebas

La acumulación de indicios que apunta el juez recoge todo tipo de pruebas. Las primeras son la última tanda de mails de Torres, en los que el yerno del Rey pone al día a su mujer en algunos de sus negocios de Nóos. Otros correos anteriores entregados por el exsocio ya apuntaron a la supuesta intervención de la duquesa de Palma para engrasar gestiones de su esposo al frente del polémico instituto o de la fundación de niños discapacitados, como hizo para intentar sacar adelante la presencia de un segundo sindicato español de vela en la Copa América.

Al margen de los correos, Castro, también valora otras pruebas como el hecho de que sea la única de los cinco miembros de la Junta Directiva de Nóos que no está imputada; que fuera la coopropietaria de la inmobiliaria Aizoon presuntamente usada por Urdangarin para desviar cerca de un millón de dinero público a su bolsillo; que ella aprobara las cuentas anuales de esa firma; que fuera la primera titular de la cuenta que abrió Aizoon; o que girara facturas contra esa mercantil por valor de 600 y 700 euros semanales como si fuese un proveedor más. Todo ello, además del hecho de que recibió en una cuenta a su nombre, no compartida con su marido como otras muchas usadas para desviar dinero, 12.671 euros procedentes de Nóos Consultoría, una de las sociedades satélites de Urdangarin y Torres.

Así las cosas, según explican diversos responsables judiciales de Palma, la única posibilidad de que la citación de la infanta no termine al arbitrio de la Audiencia Provincial por la oposición de la Fiscalía sería un cambio de parecer de la acusación pública. Un cambio así, señalan estas mismas fuentes, solo sería posible si hay pruebas contundentes de que Cristina de Borbón hizo gestiones determinadas a favor de Nóos, -«no que otros refieran que las iba a hacer»- especifican en Anticorrupción, o que se aporten pruebas de que controlaba la caja. Algo que, todos reconocen, solo puede hacer Torres con una nueva hornada de mensajes.

LA CASA DEL REY EXPRESA SU “SORPRESA” ANTE EL CAMBIO DE CRITERIO DEL JUEZ

La Casa del Rey ha expresado hoy su “sorpresa” por “el cambio de posición” del juez José Castro, instructor del “caso Nóos”, al haber decidido imputar a la infanta Cristina, al tiempo que ha mostrado su “absoluta conformidad” con la decisión de la Fiscalía de recurrir esta medida.

Un portavoz de la Casa Real ha informado a Efe de que “tras tener conocimiento por los medios de comunicación del auto de imputación” que afecta a doña Cristina, y “con el máximo respeto por las decisiones judiciales”, esta institución “quiere manifestar su sorpresa por el cambio de posición” del titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca.

Según argumenta el portavoz, el juez Castro, en su resolución de hoy, modifica la posición inicial de no imputar a la Infanta “mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012, confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca”.

El 12 de diciembre de 2011, días antes de que Urdangarin fuera imputado por el caso ‘Nóos’, la Casa Real anunció que, ante su comportamiento “no ejemplar”, dejaría de participar en actividades oficiales.

Los duques de Palma residían entonces en Washington, pero meses después, en agosto de 2012, decidieron poner fin a su estancia de tres años en los Estados Unidos y regresaron a Barcelona tras pedir Urdangarin una excedencia en Telefónica para evitar los perjuicios que su imputación pudiera causar a esta multinacional.

Al mismo tiempo desapareció toda actividad oficial de la hija menor del Rey de la agenda de la Familia Real, si bien desde entonces ha participado en algún acto de la Fundación La Caixa, donde trabaja como directora de su área internacional.

La última vez que la Duquesa de Palma ha sido vista en público fue el pasado 4 de marzo, con motivo de la operación quirúrgica a la que el Rey fue sometido para tratarle una doble hernia discal. Doña Cristina acudió a la Clínica La Milagrosa de Madrid para visitar a su padre acompañada de la Reina y de su hermana Elena.

REACCIONES

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su respeto por la decisión y ha recordado que en España la Justicia es igual para todos. En declaraciones a los medios tras participar en un acto de conmemoración de las primeras elecciones municipales de la democracia, Rubalcaba ha señalado que como con todas las decisiones judiciales, el PSOE lo que tiene que decir es “respeto”.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha celebrado la decisión al tiempo que ha asegurado que “hace mucha falta en este país que haya jueces que se crean de verdad y tiren para delante con la independencia del poder judicial, sea quien quien tengan enfrente”. “Más vale tarde que nunca”, ha señalado en rueda de prensa en la sede federal de IU, para añadir que la decisión de Castro “abre una buena puerta” para conseguir una verdadera independencia judicial en España. En este sentido, ha ironizado que quizás, con la imputación de la infanta Cristina, se hace realidad “la expresión que dijo el Rey de que todos somos iguales ante la Ley”. “Sueño con que tengamos un día ese país”, ha añadido.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho hoy que necesita “asimilar” la noticia antes de valorar esta información. “Si hay que pronunciarse lo haremos en su momento”, se ha limitado a decir.

El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, considera que la imputación es “un paso adelante muy positivo” y confía en que los siguientes imputados en la causa sean el expresidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, “que colaboraron muy estrechamente” con el marido de la Infanta en la organización de distintos eventos en la capital valenciana. En opinión de Baldoví, la Justicia, “para ser justa, tiene que seguir su curso y tiene que sentar en el banquillo a quien haya cometido delitos”. “Si es un duque, un duque, si es una infanta, una infanta. Y si sientan a duques y a infantas por el caso Nóos, esperemos que también sienten a expresidentes y alcaldesas que allanaron el camino al saqueo a dos manos del dinero público de los valencianos”, ha subrayado a través de un comunicado.

El ‘número dos’ de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que la imputación demuestra que, pese a las “muchas deficiencias”, la democracia española es un Estado de derecho y la impunidad “no se consigue”, aunque se trate de un miembro de la Casa Real. “Es una buena noticia incluso para la propia Monarquía”, ha insistido Gorriarán ha dicho que no pensaba que esto pudiera dañar la imagen de la institución más allá de lo que ya le haya podido afectar la presunta implicación en el caso del yerno del monarca Iñaqui Urdangarín. En cambio, lo haría el hecho de que la infanta lograra eludir sus responsabilidades, si es que las tiene, por el hecho de ser la hija del Rey.

El colectivo Manos Limpias se ha congratulado hoy de que “se haya cumplido el precepto constitucional” recogido en el artículo 14 de la Carta Magna de que todos “los españoles son iguales ante la ley”. En un comunicado, la organización recuerda que había solicitado en varias ocasiones la imputación de la infanta en este caso, y ahora el juez José Castro ha resuelto imputarla “con los argumentos de Manos Limpias y otras pruebas más concluyentes”.