Las familias reales no se libran de los escándalos. Sus vidas públicas les hacen estar constantemente en el disparadero, expuestos a la opinión del pueblo y de la prensa. Abogan los monarcas, don Juan Carlos el primero, por comportamientos ejemplares que les libren de estar en boca de otros por motivos ajenos a la agendas reales. Es por eso que varias monarquías privan a sus miembros de actividades profesionales, para alejarles de asuntos que, a la postre, puedan acarrear problemas burocráticos e incluso judiciales.

Es el caso ahora de la infanta Cristina, que se convierte con el auto dictado este miércoles por el juez Castro en el primer miembro de la Famila Real española en ser imputado. Pero la segunda hija de los Reyes de España ostenta también el dudoso honor de ser la primera persona de la monarquía europea que se sentará ante un magistrado en calidad de imputado. Porque sí, ha habido en el Viejo Continente escándolos que han perseguido a miembros de la realeza, pero nunca un juez ha llegado tan lejos.

Lo más cerca sucedió hace ya un lustro en Bélgica. Entonces, el protagonista no fue otro que la oveja negra de la Familia Real belga. De Laurent, el tercer hijo de los reyes Alberto y Paola, se podía y se puede esperar casi de todo. Ha sido acusado (no formalmente, sino a través de un programa de televisión) de abusar de un antigua novia, se le retiró el carné por conducción temeraria por las calles de Bruselas, sus meteduras de pata se cuentas por decenas; llegó incluso a hacerse eco de los comentarios que apuntan que es hijo ilegítimo (“yo no estuve allí cuando me concibieron”, dijo”) y desde hace ya años está apartado de cualquier actividad de la Familia Real.

Pero lo que le condujo a los juzgados fue la acusación de desviación de fondos públicos, más concretamente de la Marina, para sufragar gastos de la remodelación de su casa cercana a Bruselas. Acudió al juzgados como testigo y fue exonerado. Eso no impidió que días antes, en diciembre de 2006, su padre, el rey Alberto, en el tradicional discurso de Navidad, en una línea similar al que pronunció don Juan Carlos en la Nochebuena de 2011, dijera “ninguna persona está por encima de la ley y la justicia debe poder hacer su trabajo con toda independencia”. Desde entonces no ha vuelto a acudir como miembro de la Familia Real a los actos con motivo de la Fiesta Nacional. Sí, exactamente igual que sucedió con la infanta Cristina cuando quien fue imputado fue su marido, Iñaki Urdangarin.

Pero el escándalo en Bélgica no ha llevado a Laurent a renunciar a sus derechos dinásticos. Como los que mantiene la infanta Cristina. Otros miembros de la realeza, empujados por el pasado o actitudes de sus cónyugues, sí han tenido que privarse de tal privilegio. Sirva como ejemplo el príncipe Johan Friso de Holanda, hoy en coma en un hospital de Londres tras verse aplastado por una avalancha de nieve, y a quien el parlamento no autorizó su boda con la princesa Mabel, por el oscuro pasado de su entonces prometida, por lo que debió renunciar a sus derechos dinásticos para pronunciar el “sí”; y también la princesa Marta Luisa de Noruega, que hizo otro tanto de lo mismo para poder contraer matrimonio con el escritor Ari Behn.

En la generación pasada, la renuncia a las línea sucesoria era más habitual; de hecho, las infantas Pilar y Margarita, hermanas del Rey, perdieron sus derechos dinásticos al casarse con personas que, en su tiempo, se consideraban de un estatus inferior. Hoy en día, sin embargo, prácticamente la totalidad de los herederos a los tronos de Europa estar casados con plebeyos.