El gobierno argentino acaba de firmar un infame y bochornoso acuerdo -más precisamente un peculiar tratado- de nueve oscuros puntos con el estado policial de Irán por el que se traslada parte del proceso judicial a Teherán bajo la grotesca y patética argumentación que es “para esclarecer” los atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires instigados por sospechosos iraníes contra la AMIA y la Embajada de Israel.

La tiranía iraní está además en dificultades por la inflación del 110% anual que padece y por las trifulcas entre líneas internas de bandoleros que apuntan a un posible juicio político contra Mahamoud Ahamadimejad, no por sus permanentes atropellos al derecho, tanto en el orden interno y como en el externo, sino por no haber sido suficientemente dúctil a las órdenes criminales emanadas de sus fanáticos jefes.

Los gobernantes de Irán, negadores del Holocausto y que propician el extermino del estado de Israel, reiteran que el acuerdo de marras “significará estrechar nuevos lazos con Argentina” lo cual permite conjeturar toda clase de arreglos clandestinos tal como viene ocurriendo en Cuba, Venezuela y Ecuador. Entre otras muchas cosas, con este inaudito acuerdo se pretenden suplir las barrabasadas del gobierno argentino en materia energética.

Esto es lo que suele ocurrir con los aparatos estatales que alardean de patroterismo en el contexto del uso y abuso de la noción de soberanía. Tal como lo ha puesto de manifiesto Bertrand de Jouvenel en su tratado sobre los estados modernos, la soberanía corresponde exclusivamente al individuo. Constituye un resabio de la monarquía absoluta aplicar este concepto a los gobiernos y más recientemente en la Argentina a la atrabiliaria idea de la “soberanía energética” (una política estatista que conduce a energía más cara y más escasa) y la “soberanía monetaria” (una política que destroza el signo monetario local). Tampoco es pertinente aludir a la “soberanía territorial” sino más bien a la jurisdicción territorial. En el caso que nos ocupa, el gobierno argentino a renunciado a la llamada “soberanía judicial”, más propiamente a la jurisdicción de la justicia argentina al permitir la intervención de “jueces” iraníes, además con la constitucionalmente inadmisible intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial al violar de modo fragrante el principio del juez natural.

Este caso gravísimo que comenzó con la complicidad del gobierno argentino de los noventa, el actual ahora se asocia con los sospechosos de los horrendos atentados criminales mencionados en esta nota, en un cuadro de situación en el que ex terroristas de los años setenta ocupan cargos relevantes en la presente administración…y todo esto en nombre de los “derechos humanos”.

Esta decisión aberrante de los gobernantes argentinos del momento, originalmente se pretendió basar en el caso de Lockerbie alegando que el juicio a los responsables libios se llevó a cabo en un tercer país, situación aquella completamente distinta ya que la voladura del avión de Pan-Am fue sobre territorio escosés, de ahí que fueron jueces escoceses los designados para juzgar, no por tratarse de un tercer país. Luego, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se decidió el juicio en Holanda y debido a las razones apuntadas bajo el sistema legal de Escocia y con magistrados escoceses. Pues bien, finalmente los funcionarios argentinos abandonaron la idea del tercer país para ir a la boca del lobo.

Las nuevas políticas de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania se ubican en un plano completamente distinto al caso argentino. Se trata de evitar la inaceptable figura de la “invasión preventiva” a la que se recurrió en la fantochada de Irak (y véase los últimos fiascos en Egipto-Libia, donde la “primavera árabe” se convirtió en un caótico y crudo “invierno árabe”). Se trata de recurrir a políticas disuasivas de diverso tenor al efecto de mitigar el peligro de las armas nucleares en poder de un aparato terrorista como el de Irán. Es de gran relevancia recordar los peligros de las intervenciones militares puntualizados por los sabios Padres Fundadores, incluyendo al general Washington quien, siendo Presidente, en 1795, extendió su preocupación y consejo para el futuro en el sentido de “mantener a los Estados Unidos fuera de toda conexión política con otros países” y, también siendo Presidente, el general Eisenhower, en 1961, advirtió de “los riesgos para la libertad que presenta el conglomerado industrial-militar de Estados Unidos”. Es como afirmó John Quincy Adams en 1821: “América [del Norte] no va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Desea la libertad y la independencia de todos. Es el campeón solamente de las suyas. Sabe bien que alistándose bajo otras banderas que no son la suya […] podrá ser la directriz el mundo pero no será más la directriz de su propio espíritu”.

Debe recordarse que fueron tropas norteamericanas y soviéticas las que entronizaron al Sha en el gobierno (después de derrocar a su padre) para repudiarlo después de 29 años en el poder y abrir las puertas a los fanatismos criminales de los ayatollah. El Sha acumuló los títulos de Rey de Reyes, Sombra del Todopoderoso, Nuncio de Dios y Centro del Universo. Como bien documenta Ryszard Kapuscinski, el Savak, la policía secreta del Sha, torturaba a sus opositores encerrándolos en bolsas de arpillera con serpientes venenosas, clausuró diarios independientes y estableció una férrea planificación estatal que imposibilitó el progreso del país. No es asunto menor que también el gobierno norteamericano entrenó y financió a Saddam Hussein en la guerra contra Irán de 1980 a 1988.

De cualquier manera, estas políticas nada tienen que ver con la renuncia a encontrar la verdad en la investigación de los actos criminales que causaron tantas muertes y tanto dolor en tierra argentina. Denominar “Comisión de la Verdad” a lo que se instalará próximamente en Teherán es un insulto a la inteligencia y una bofetada a la buena fe. El descaro, la desfachatez y la cobardía moral con que se aprobó el antedicho acuerdo en medio de ocultamientos, ambigüedades y subterfugios, constituye una afrenta a la Justicia y un enorme peligro para la seguridad futura.

Estamos viviendo una era de hipocresía mayúscula. En el contexto de lo señalado, el colmo del cinismo acaba de exhibirse en Santiago de Chile, en la reunión del Consejo de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que declara en sus estatutos que se establece para preservar los valores democráticos. Henos aquí que en esa reunión se eligió Presidente pro tempore nada menos que al sátrapa Raúl Castro en representación de la isla-cárcel cubana, otra muestra de la falta de respeto a la civilización. Como lo hizo Cicerón en el Senado romano, es hora de exclamar “¡hasta cuando abusarás de nuestra paciencia Catilina!”.