EM.- El empresario cordobés Rafael Gómez, más conocido como ‘Sandokán’, ha estallado un día después de que el responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de la capital andaluza, José María Bellido, anunciara que iba a ser “prácticamente imposible” que las arcas municipales ingresaran los cerca de 40 millones de euros que éste adeuda por sanciones urbanísticas. De ellos, 24,6 millones pertenecen a la multa por haber levantado más de 40.000 metros cuadrados de naves ilegales en 2006 sin la preceptiva licencia.

Gómez ha abierto este miércoles la caja de los truenos para acusar a la ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (entonces miembro de IU), de ser la causante de todos sus males con la hacienda municipal. El constructor, imputado por cohecho en el caso Malaya, no se ha andado con remilgos para decir que fue Aguilar quien le dijo que tirara para adelante con la edificación de las naves en la carretera de Palma del Río, donde en la actualidad tiene la sede el partido con el que consiguió convertirse en el líder de la oposición en las últimas elecciones municipales, Unión Cordobesa (UCOR).

En concreto, Rafael Gómez ha desvelado en una comparecencia ante los periodistas que se produjeron numerosos encuentros entre él, como empresario, Rosa Aguilar, como alcaldesa, y miembros de su gobierno. Estas reuniones habrían tenido lugar en diferentes escenarios, restaurantes e incluso casas de concejales. En estos encuentros clandestinos abordaban temas de interés para el constructor, como la construcción en lugares prohibidos.

Se puso “morada en mi casa”

El empresario se ha referido a la visita de Rosa Aguilar una noche a su casa particular para informarle de que se le iba a imponer una multa millonaria por la edificación de las naves en la antigua fábrica de Colecor sin licencia municipal y advertirle, de paso, que no se preocupara porque “eso se iba a quedar en nada”.

Según su versión, la ex alcaldesa le aseguró que no tendría que pagar más de 6.000 euros por esta actuación ilegal durante una cena en la que su mujer “no paró de sacarle platos” hasta que se puso “morada” de tanto comer.

No obstante, Gómez ha hablado también de un encuentro casual que se produjo hace dos semanas en el AVE entre su esposa y Aguilar. Su mujer increpó a la hoy diputada socialista por el devenir del asunto de la multa, que de haberlo sabido “le habría partido la cara” el día que cenó en su casa. La mujer de ‘Sandokán’ recriminó a Rosa Aguilar el que su gobierno le impusiera una de las multas urbanísticas más cuantiosas de todas cuanto se han puesto en España cuando recurría a él cada vez que lo necesitaba.

Gómez entiende que no ha cometido irregularidad alguna, pues quien mandaba en ese momento en la ciudad le dijo que continuara adelante con las obras. De ahí que se haya reafirmado en su negativa a abonar las sanciones millonarias por la edificación de las naves de Colecor.

Pero el empresario y constructor ha ido más allá al hacer partícipe a la Junta de Andalucía. Según ha contado éste, “Concha”, en referencia a Concepción Gutiérrez -la ex consejera de Obras Públicas del Ejecutivo de Manuel Chaves-, telefoneó a Aguilar para decirle que “mirase para otro lado” y que la Junta de Andalucía iba a tumbar el plan especial de la Carretera de Palma según el cual las naves podrían ser regularizadas.

Fue entonces, siempre siguiendo el testimonio ofrecido por el empresario, cuando la alcaldesa se reunió con quien entonces lideraba al PSOE en Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara y el portavoz socialista en el Consistorio cordobés, Antonio Hurtado, para abordar el asunto. Es cuando se decide multarlo.

No es la primera vez que Rafael Gómez apunta con el dedo a Rosa Aguilar y su equipo de gobierno como autores de la permisividad que supuestamente recibió para levantar 40.000 metros de naves ilegales, aunque ha sido ahora cuando ha ofrecido más datos y se ha mostrado más contundente.

Detalles de las reuniones

Otra de las reuniones desveladas por el empresario tuvo lugar, sin precisar fechas, en el conocido restaurante cordobés El Castillo de la Albaida. En ella habrían participado Rosa Aguilar, el entonces presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Andrés Ocaña, y el gerente de dicho organismo, Antonio Jiménez.

El tema a tratar era la construcción sin las licencias oportunas de una urbanización en la conocida como Carrera del Caballo. Según su testimonio, los responsables políticos le dijeron “tira para adelante” para más tarde comenzar a sancionarlo. “Me dieron permiso y de buenas a primeras empezaron a ponerme millonarias multas”, dijo.

El líder de la oposición en el consistorio cordobés ha amenazado con denunciar al Ayuntamiento si logra pruebas que acrediten que se está teniendo trato de favor con otros empresarios mientras que a él, que ha “hecho mucho por esta ciudad”, se le está persiguiendo.