LG.- 1. CASO GÜRTEL: La causa iniciada en el año 2007 y conocida por la opinión pública en febrero del año 2009, se encuentra repartida entre el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y en la Audiencia Nacional, tras ser devuelta por TSJ de la Comunidad de Madrid. Hay abiertas 7 causas.

Según lo hasta ahora investigado “existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio”.

Están imputados decenas de dirigentes nacionales, regionales, provinciales y locales del Partido Popular que unidos a empresarios, abogados y asesores fiscales hacen que el número total supere la cifra de 100. El último de los imputados en abandonar la prisión en junio 2012, ha sido Francisco Correa, tras tres años y cuatro meses en prisión preventiva.

Tribunal Supremo

1. Se encuentra pendiente de resolver el recurso que la acusación particular ha interpuesto contra la sentencia de un jurado popular por la que se declaraba no culpable de cohecho impropio a Francisco Camps, ex Presidente de la Generalitad y ex Presidente de PP en la C. Valenciana y Ricardo Costa, ex Secretario General del PP en esa misma Comunidad. La fiscalía ha renunciado a presentar recurso. Por una causa similar han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al pago de una multa de 9.600 euros al exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. En sendas sentencias, la Sala de lo Civil y Penal condena también a Campos y Betoret a sufragar las costas procesales y acuerda el comiso de las prendas de vestir recibidas o, en su defecto, de su valor “en la cuantía de las mismas establecidas en los hechos probados”.

Audiencia Nacional

El caso está siendo instruido por el titular interino del Juzgado número 5, Pablo Ruz tras declararse incompetente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al perder la condición de aforados varios de los imputados que habían sido diputados en la Asamblea de Madrid.
Por el momento las actuaciones más relevantes han sido las siguientes:

2. Bárcenas, Merino y Galeote. La Sección IV de la Audiencia Nacional en marzo del 2012 acepta los recursos del acusación particular, abogacía del estado y ministerio fiscal y decide anular un auto del juez Pedreira del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a Luis Bárcenas, ex senador, ex gerente y ex tesorero nacional del PP, Jesús Merino, ex diputado y ex miembro de la dirección del GPP, entonces dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría y Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona. Tanto el abogado de Bárcenas como los abogados del PP, personado en la causa, se opusieron a los recursos para que se retomara la causa. La Sala ordena que se continúe el procedimiento contra los tres, por lo que retoman su condición de imputados por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Sala argumenta que la decisión de archivo que tomó el juez Antonio Pedreira no era “ni urgente ni inaplazable”.

El origen de la causa está en que sus nombres y cantidades recibidas aparecen en la contabilidad B de la red de Francisco Correa. En enero del 2013 el juez Ruz dicta varios autos tras recibir una primera información de la Comisión Rogatoria enviada a Suiza. Según se desprende de estos autos quedaría acreditado que Bárcenas tenía sociedades a su nombre en paraísos fiscales y que disponía, al menos, de una cuenta en Suiza en la entidad Dresner Bank, situada en Ginebra. La cuenta está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas. En la cuenta llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009.

3. Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, vuelve a ser imputada. El 20 de abril, el juez Ruz le atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La implicación se basa en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por ella al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio. La Agencia Tributaria asegura que la esposa del ex tesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién, ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta.

4. El juez Ruz el 18 de mayo retoma la instrucción del sumario remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas) en los que figuran algo más de 60 imputados, en su mayoría acusados de delitos relacionados con cohecho, prevaricación, malversación y financiación irregular del PP a través de Fundaciones, etc. El juez reclama a la Administración regional la documentación de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si se han producido sobrecostes y comisiones. Entre los imputados por este sumario destacan varios dirigentes del Partido Popular en la CA: Alberto López Viejo, ex Diputado regional y ex consejero de Deportes del gobierno de Esperanza Aguirre; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo; Arturo González Panero y Juan Siguero ex alcaldes de Boadilla del Monte; Jesús Sepúlveda, ex Alcalde de Pozuelo; Ginés López, ex Alcalde de Arganda; Benjamín Martín Vasco, ex diputado autonómico; Alfonso Bosch Tejedor ex diputado autonómico; Juan Carlos Clemente Aguado ex vice consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

5. Contratos Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Están imputados Ángel López de la Mota, ex empleado en la sede nacional del PP durante la etapa de Álvarez Cascos como Secretario General del PP y ex director de Comunicación del organismo y José María Gabarri. La policía les acusa de que a cambio de obtener contratos mientras Francisco Álvarez-Cascos, ocupó el Ministerio de Fomento, percibieron más de 85.000 euros en comisiones en un período en el que las empresas de Correa obtuvieron contratos por 2,4 millones de euros. El juez Ruz considera que López de la Mota y Gabarri habrían participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos supuestamente amañados que favorecieron a Special Events y FCS Travel Group (ambas de Correa).

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

6. Caso Fitur. Tras inhibirse el juez Pedreira, instructor del caso en el TSJ de la Comunidad de Madrid, se abre una causa en el TSJ de la C. Valenciana por considerar que hay indicios de financiación irregular a favor del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008. Se trata de una pieza separada que ha investigado las adjudicaciones por seis millones de euros a la red de Francisco Correa del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trataría de facturas pagadas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y en las generales del 2008 (en las que salió derrotado Mariano Rajoy). Por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba “Barcelona”.

Entre los imputados se encuentran:

Dirección nacional PP: Luis Bárcenas. Ex tesorero del PP estatal. Por delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG
Direccional regional PP. Por delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG: Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV y diputado autonómico), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV y diputado autonómico), Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada autonómica), Cristina Ibáñez (administradora electoral y gerente desde 1995) y Cristóbal Páez, Administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008.

Altos cargos Administración regional: Por delitos contra la Administración, cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros: Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno y diputado autonómico, Milagrosa Martínez (exconsejera, expresidenta de las Cortes Valencianas y diputada autonómica ) , Angélica Such, ex consellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa del Parlamento regional, Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, ya condenado en el caso de los trajes, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia y la coordinadora de ferias, Ana Grau.

Empresarios: Todos los imputados y sus 9 empresas pertenecen al sector de la construcción. Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Constructora Hormigones, Martínez. Rafael Martínez Berna- alias El Cantante- directivo del grupo Vallalba Este empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Alegando razones personales hace unos meses presentó su dimisión.

Propietarios y gestores de las mercantiles Orange Market, SL, Boomerandrive SL, Easy Concept Comunicación SL (antes, Down Town Consulting SL), Rialgreen SL,TCM SL; Servimadrid Integral SL: Francisco Correa, alias Don Vito. Álvaro Pérez, alias El Bigotes, Pablo Crespo, ex Secretario de Organización PP de Galicia y los empleados, Cándido Herrero Martínez, José Luis Izquierdo, Felisa Isabel Jordán y Mónica Magariños

El 16 de enero 2013, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación de los hechos previo a la apertura del juicio oral. Entre las penas que solicita destacan las siguientes:

11 años de prisión para Milagrosa Martínez, alias La Perla, ex Consejera de Turismo, ex Presidenta de las Cortes Valencianas, actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante). La fiscalía acusa a Martínez de los delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como de un delito de cohecho. Junto a la pena de prisión, pide para ella 34 años de inhabilitación (16 de ellos, absoluta). Según la fiscalía, Martínez recibió un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que Francisco Correa adquirió en el establecimiento Joyería Suárez, sita en la calle Serrano número 63 de Madrid.

11 años de prisión y 38 de inhabilitación para Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Martínez.

10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación a Angélica Such, ex Consejera de Turismo y diputada autonómica.

Al Vicepresidente Rambla y diputado autonómico se solicita el sobreseimiento provisional de por no haber quedado debidamente acreditada su participación en los hechos, aunque sigue imputado, en la pieza separada del mismo caso que indaga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.

Para los responsables de la red de empresas de la trama, el fiscal solicita un total de 10 años de prisión para Francisco Correa por delitos continuados, como autor o cooperador necesario, de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Y 11 años y medio de cárcel para Álvaro Pérez y Pablo Crespo porque a los delitos atribuidos a Correa se suma el de falsificación de documento oficial.

7. Visita de Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. Esta causa en un primer momento fue instruida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Posteriormente, desde marzo hasta junio del 2012 el caso pasó a la Audiencia Nacional, en concreto al juzgado nº 5 que dirige el juez Ruz y desde junio del 2012, tras un auto del Tribunal Supremo, está siendo instruido nuevamente por el TSJCV. En la actualidad son 11 los imputados a los que se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.

Entre estos los imputados se encuentra Pedro García , ex director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pablo Crespo, ex Secretario de Organización del PP en Galicia, el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, amigo personal del ex Presidente Aznar y Jacobo Gordon, ex socio y amigo de Alejandro Agag. Los tres últimos constan como administradores de la sociedad Castaño Corporate, una de las empresas a las que fue a parar parte del dinero sin que hicieran nada a cambio. Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputaciones, el ex director general de la RTVV habría percibido “reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico” del entorno de Francisco Correa que “al menos parcialmente” estarían vinculadas con “la contratación irregular” de RTVV con algunas de sus empresas. Los trabajos fueron subcontratados después a “empresas pantalla”: Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.

2. FINANCIACION IRREGULAR DEL PP EN BALEARES

En octubre del 2012, el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach y el juez José Castro, que son los mismos que investigan el caso Urdangarín, tras casi dos años de instrucción declarada secreta tienen indicios de delito en la actuación del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relación a la adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa Over Marketing y Comunicación (Over Mc). Con parte del dinero adjudicado a esa firma, el Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campaña electoral.

Los hechos descubiertos por la investigación judicial están dando lugar a varias imputaciones de ex altos cargos del Gobierno de Matas —entre ellos tres de sus consejeros—, así como de varios empresarios. Una primera estimación fija en tres millones de euros el dinero manejado en contratos públicos bajo sospecha. La investigación comenzó en 2010, tras unos registros a sedes de organismos del Gobierno de Baleares y de distintas oficinas y almacenes de compañías de publicidad. El núcleo de la investigación se centra en las adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicación (Over Mc), presidida por el publicista Daniel Mercado, que fue el encargado de gestionar las campañas de imagen y estrategia de Jaume Matas para las elecciones de 2007 y antes en 2003. Según las investigaciones cuando Matas retornó al gobierno regional en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, la mayoría de las 13 consejerías del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP pasaron a contratar trabajos con Over MC. La acusación acumula pruebas de que mediante este mecanismo se financió indirectamente con fondos públicos una parte de las campañas electorales del PP. Por su parte Mercado en sede judicial ha admitido su participación en los hechos investigados. Asimismo ha admitido que también ha colaborado con varios gobiernos regionales del PP: Madrid, Castilla y León y Valencia.

En las carpetas halladas durante el registro en la empresa de publicidad se encuentran apuntes que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones: “Campaña 2007 Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca”. A semejanza con el operativo del caso Gürtel, el método de contrataciones institucionales paralelas a trabajos para el PP incluye obsequios documentados para altos cargos y sus esposas. En la causa existen listados de regalos de gran lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios. En el sumario constan decenas de expedientes sospechosos, desde contratos de menos de 12.000 euros hasta uno de 1,09 millones para ferias turísticas. Existen facturas fragmentadas así como obsequios a autoridades y anotaciones de manejos de fondos clandestinos.

Entre los imputados se encuentran:

Pere Rotger. Se ha visto obligado a dimitir como Presidente del Parlamento regional- mantiene su escaño- tras confirmar el juez José Castro su imputación. Rotger está implicado en la adjudicación de un contrato supuestamente amañado de 20.000 euros con Over en la época en la que era alcalde de Inca (2007-2011). Según el juez Castro, hay indicios de haber cometido los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.

José María Rodríguez. Ex Consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP balear. Hasta julio del 2012 ha sido el Delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en esta C.A. Fue durante su etapa como Consejero cuando se efectuaron contrataciones oficiales con OverMC.
Antonio López Robles. Ex gerente del PP en Baleares. Sospechoso de haber manejado dinero opaco y traficado con facturas ficticias para que hoteleros sufragasen, en 2003, gastos de las campañas electorales de Matas. Al menos, 5 empresas turísticas abonaron pagos fragmentados por unos 30.000 euros.

Mabel Cabrer. Ha dimitido como Portavoz del PP en el Parlamento regional. Ex Consejera

Antoni Juaneda. Tras conocerse su imputación ha dimitido Director insular del Gobierno de Rajoy en Menorca.

Otros imputados relevantes son el actual alcalde de Inca, Rafael Torres; Encarnación Padilla, cuñada del ex presidente Matas y ex directora general de Innovación Tecnológica, y Javier Rodrigo de Santos, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP en 2003, que cumple prisión condenado por malversar dinero público y por abuso de menores.

3) CASO BANKIA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instruye una causa contra una treintena de ex miembros del Consejo de Administración de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Están acusados de cometer un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Entre los consejeros de Bankia están Rodrigo Rato Figaredo (ex ministro de Economía en el Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (ex presidente de Bancaja, ex presidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP), José Manuel Fernández Norniella (ex presidente del Consejo Superior de Cámaras),

Entre los consejeros de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) : Ángel Acebes (ex ministro de Justicia y ex secretario general del PP); José Rafael García-Fuster (ex concejal del Ayuntamiento de Valencia y ex senador territorial por el PP); Agustín González González, ( Presidente de la Diputación Provincial de Ávila ); Mercedes de la Merced (Ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y ex eurodiputada por el PP), Jesús Pedroche (ex presidente de la Asamblea de Madrid), Estanislao Rodríguez Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda), Mercedes Rojo-Izquierdo (ex asesora técnica del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid),

4) CASO BRUGAL

Hay abiertas tres causas:

PGOU de Alicante

Contrata de la basura de Orihuela

Soborno al ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicar la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja.

El número de imputados supera la treintena. Se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados. Entre los imputados se encuentran:

José Joaquín Ripoll, ex Presidente del Partido Popular de Alicante y ex Presidente de la Diputación provincial. En la actualidad es Presidente del Puerto de Alicante

Ex alcaldes del PP de Orihuela Mónica Lorente, José Manuel Medina y Francisco García Ortuño y seis ex concejales más del PP.

Sonia Castedo, actual Alcaldesa de Alicante y Diputada autonómica y el ex alcalde de esa ciudad Luis Díaz Alperi, también diputado regional. En octubre del 2012, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los “deseos” del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini. Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones. Hay igualmente varios empresarios y funcionarios imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el abogado urbanista José Luis Castedo hermano de la regidora Castelo. También directivos de Bancaja y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

5) CASO EMARSA

Se investiga un agujero económico de al menos 17 millones de euros por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras numerosas irregularidades cometidas entre los años 2004 y 2010 en la extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima.

Esta era una empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos dedicada a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L’Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia. Se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y de otros 18 pueblos cercanos pagan con la factura del agua. La aportación directa de fondos a Emarsa, sin embargo, la hacía en su mayor parte la Generalitat a través de su empresa Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales). Epsar estaba adscrita en la época investigada a Medio Ambiente. Dependió por tanto de los consejeros Rafael Blasco, Esteban González Pons, José Ramón García Antón y Juan Cotino. Según la Agencia Tributaria Emarsa defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2006 y 2009.Hasta el momento hay 27 imputados. La alcaldesa de Valencia Rita Barberá se ha visto reiteradamente citada por testigos e imputados que la atribuyen aceptar costosos regalos a cargo de la entidad

6) CASO FABRA

El origen del caso se remonta al año 2003 cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, acusó a Carlos Fabra, por entonces Presidente de la Diputación Provincial de Castellón y Presidente del PP en esa misma provincia de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La investigación desembocó en su imputación por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por 4 fraudes fiscales, tras detectar un incremento patrimonial no justificado. El caso estuvo parado durante años por los sucesivos cambios de jueces y fiscales. En el año 2010 la Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco fraudes fiscales que se le imputaban.

Sin embargo, el 1 de Diciembre del pasado año el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así la decisión de la Audiencia provincial de Castellón.

Sin embargo, la sección Primera de la Audiencia Provincial, la que preside el propio presidente del tribunal, Carlos Domínguez, que mantiene una fluida relación con el principal imputado Carlos Fabra, ha decidido devolver el caso al juzgado de Nules a través de un auto dictado de oficio, sin que nadie se lo pidiese. En su auto alega que el delito de cohecho que se le imputaba a Fabra no existe. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que la recurriría ante el Supremo. También lo hará la acusación popular, primero ante la propia Audiencia y luego ante el Supremo.

El titular del Juzgado número 1 de Nules le ha impuesto una fianza de 4,2 millones. Según los peritos de Hacienda, el entonces matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación eleva su petición de prisión hasta los 20 años. Además de Carlos Fabra están imputados su ex esposa, María Amparo Fernández; el empresario denunciante Vicente Vilar y su ex esposa. A la primera se le ha impuesto una fianzas de 1,7 millones y a Vilar y a Vives, 800.000. Por último, la Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP. Se trata del exdiputado y exsenador Miguel Prim, sobre el que el tribunal sostiene que “pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa”.