Luciano Gómez (en el centro), secretario general de la Federación de Industrias y Afines de la UGT de Huelva

El secretario general de la Federación de Industrias de UGT en la provincia de Huelva, Luciano Gómez, prestó declaración la pasada semana ante la Guardia Civil en relación con los polémicos expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Faja Pirítica onubense, que se sucedieron tanto en la zona de Minas de Riotinto como en la parte de Tharsis-La Zarza.

Si bien no ha trascendido el contenido de su declaración, Luciano Gómez, que fue candidato del PSOE al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones generales, defendió en su día la legalidad de los expedientes tramitados en la Faja Pirítica.

En noviembre de 2001 y cuando el caso de los ERE se encontraba en su apogeo, Gómez, acompañado del actual vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, negó que se hubieran incluido 44 intrusos en un expediente de regulación de empleo de la comarca minera, y señaló que sólo se habían detectado «ocho errores de tramitación administrativa por parte de los funcionarios».

Aseguró que según los datos «aportados por los funcionarios que actuaron en este ERE, lo que tenemos son ocho errores que inicialmente se planteaban como irregularidades y al final quedaron en errores, que se han aclarado y están totalmente subsanados y solventados».

Más recientemente, concretamente en marzo del pasado año, Luciano Gómez justificó la prejubilación con cargo a un ERE financiado por la partida conocida «fondo de reptiles», del alcalde de la pedanía onubense de La Zarza, Juan Manuel Serrano, cuando sólo tenía 44 años. El expediente de regulación afectaba a la Faja Pirítica de Huelva y el tomador de la póliza era la Federación Estatal de Industrias y Afines de UGT.

En el caso de los ERE de la Faja Pirítica, especialmente los que se cumplimentaron para la zona de Minas de Riotinto, la Junta de Andalucía hizo un ímprobo esfuerzo por vincular las presuntas irregularidades con decisiones adoptadas por el Gobierno central cuando al frente del mismo estaba el Partido Popular. En concreto, los mandatarios socialistas dirigieron sus críticas hacia los exministros de Trabajo Eduardo Zaplana y Javier Arenas, y contra Juan Ignacio Zoido, que fue delegado del Gobierno central en Andalucía.

Al respecto, y durante las declaraciones que se produjeron en la comisión de investigación creada en el Parlamento, tanto el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, como el actual presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, en su condición de exdelegado del Gobierno, como el también exministro de Trabajo Javier Arenas, negaron la existencia de intrusos en los ERE de la Faja Pirítica que recibieron ayudas de la Administración central en la etapa de José María Aznar.

Posteriormente trascendió que el Parlamento de Andalucía, en el año 2003, durante la tramitación de un ERE para el colectivo de trabajadores de la denominada Bolsa de Tharsis, dio una «orden directa» para incluir 20 intrusos.

La revelación la hizo, también ante la mencionada comisión de investigación parlamentaria, el representante de la mediadora de seguros UniterJosé González Matas. Los citados trabajadores procedían de las empresas Citrasa y Sol Lepe.