El arco de las posibles penas será muy amplio, pero, incluso en el rango menor, implicaría el ingreso en prisión en caso de condena, salvo sorpresa mayúscula o ‘apaño’ extrajudicial in extremis. La Fiscalía, un año y medio después de comenzar a investigar a Iñaki Urdangarin y a expensas de recibir los últimos informes y declaraciones, cree ya tener pruebas suficientes para intentar sentar en el banquillo al yerno del Rey y a Diego Torres acusados por delitos que estarían penados con entre 7 y 26 años de cárcel.

Anticorrupción, cuyos responsables se inclinan por solicitar una condena que se moviera entre los ocho y los diez años de prisión, se prepara para semanas de actividad febril en el ‘caso Nóos’. Los fiscales del caso solo esperan recibir formalmente el informe de la Agencia Tributaria en Cataluña y el resultado de las últimas comisiones rogatorias para ampliar el abanico de imputaciones a los dos exdirectivos de la fundación sin ánimo de lucro. A los ya oficiales cargos de malversación -por haber desviado a su bolsillo los seis millones de euros que recibieron de los gobiernos de Baleares y Valencia para organizar eventos; fraude a la Administración; falsedad documental y prevaricación-, el Ministerio Público va a sumar los de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, quizás, el de tráfico de influencias. No ve posible, sin embargo, llevarle al banquillo también por la contratación de trabajadores ficticios.

La puntilla para el fraude a Hacienda va a llegar de la mano de los inspectores catalanes que ya han comunicado extraoficialmente a Anticorrupción que en el ejercicio 2007 ven indicios de defraudación superior a los 120.000 euros (si no, no sería delito, sino una falta). Las irregularidades han sido detectadas en las cuentas de Aizoon (la mercantil de Urdangarin y la Infanta Cristina) y de otras empresas del entramado que por entonces comenzaron a nutrirse de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), el sucedáneo del Instituto Nóos.

Sobre el lavado de dinero en el extranjero ya sólo faltan flecos porque las pruebas de cargo ya están en poder de la Fiscalía: Urdangarin cobró al menos 140.000 euros en cuentas suizas de los 375.000 que le pagó por dudosos servicios de asesoramiento en 2008 y 2009 la empresa Aguas de Valencia (Agval). La cantidad, 140.000, no es baladí: son 20.000 euros más que el mínimo para hablar de delito. Y Anticorrupción, además, tiene un as en la manga para afianzar esas acusaciones: la declaración el próximo sábado en los juzgados de Palma del empresario Joaquín Boixareu, el creador de FDCIS. Boixareu está imputado pero Anticorrupción ya ha contactado con el empresario para ‘suavizar’ sus acusaciones contra él a cambio de que revele cómo Urdangarin y Torres usaron la fundación para niños discapacitados para evadir dos millones de euros a través de una empresa británica sin empleados y sin actividad.

Declaración del sobrino

Boixareu no será el único que desfile el sábado por los juzgados de Palma. También está citada para ser interrogada como testigo Dulce Linares, la que fuera jefa de gabinete de Jaume Matas cuando el Gobierno de Baleares firmó en 2005 y 2006 los dos convenios para la celebración del Illes Baleares Forum y pieza clave para que la Fiscalía decida o no acusar a Urdangarin del séptimo delito: tráfico de influencias.
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Linares se ha convertido desde hace un año en una suerte de ‘garganta profunda’ de Anticorrupción y la Policía en el tema de los «pelotazos» del duque en el archipiélago. La exsubordinada de Matas ya ha asegurado que fue Urdangarin quien «impuso» al Gobierno balear el precio del primer fórum y que la segunda convención se pagó sin rechistar por orden directa del propio Matas porque el yerno del Rey seguía vinculado con el instituto, a pesar de que nominalmente lo había abandonado por orden de la Zarzuela.

El testimonio de Dulce Linares, que Anticorrupción quiere que ahora quede incorporado a la causa de viva voz, básicamente ha servido para reconstruir la forma en que el yerno del Rey usó su posición como miembro de la Familia Real y su amistad con Pepote Ballester, entonces director general de Deportes del Govern, para llegar en la primavera de 2005 hasta Matas. De confirmar estas declaraciones, Anticorrupción cree poder contar con indicios de que el marido de Cristina de Borbón incurrió en un ilícito clásico del 429 del Código Penal, que pena con hasta dos años de cárcel al «particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico».

Ese mismo día también declarará el sobrino del duque, Jan Gui Urdangarin. Otro testigo de lo más incómodo para el cada vez más oscuro futuro judicial de su tío porque él, según varios testigos, fue la persona que por orden del duque y de su socio se dedicó a captar y contratar falsos trabajadores para las empresas del entramado Nóos, a los que se pagaba por hacer absolutamente nada, pero que servían para hinchar los balances de las mercantiles.
La Fiscalía, independientemente de lo que declare el sobrino, tiene ya pruebas de que Urdangarin también cometió un fraude retirado a la Seguridad Social con esos contratos, pero la cifra posiblemente no llegue a los 120.000 euros que los convierten en delito. Sólo en ese caso, en el del fraude a la Seguridad Social, se librará. El resto de las nuevas imputaciones están ya más que amarradas por Anticorrupción.