El presunto líder de la mafia china desarticulada en la operación Emperador, Gao Ping

Una gestoría de Madrid próxima a la Gran Vía se encargaba de regularizar la situación en nuestro país de ciudadanos chinos que trabajaban para la mafia china de Gao Ping a cambio de importantes cantidades de dinero. Los agentes de la Unidad de Drogas y Delincuencia Organizada (UDYCO) de la Policía sostienen que los inmigrantes tenían que pagar entre 16.000 y 18.000 mil euros, o bien trabajar gratis durante dos o tres años para abonar las deudas contraídas. Como informó ayer este diario, la trama de blanqueo y evasión fiscal había constituido 237 empresas en nuestro país.

Según informa El Confidencial, la entrada de los ciudadanos chinos en España se llevaba a cabo sin levantar sospechas, gracias a un funcionario del consulado de España en Pekín, cuya identidad no figura en el sumario de la causa, que expedía visados a cambio de importantes cantidades de dinero. Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) no supo concretar ayer si dicha persona ha sido identificada, ni si el Ministerio de Asuntos Exteriores ha adoptado alguna decisión.

Una vez en España, la gestoría de Kai Yang, alias Maomao, uno de los responsables de la contabilidad, se encargaba de confeccionar documentos falsos para legalizar la situación de los ciudadanos chinos, al igual que hacía el establecimiento de las proximidades de la Gran Vía madrileña. Su papel, según la Policía, “sería importante, participando activamente de muchas de las decisiones que se toman a nivel empresarial”. El siguiente escalón sería Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, que era la persona encargada de gestionar todos los temas laborales, contratos de personal, gestiones en bancos y notarios. Esta persona “realizaría estas labores para todas las empresas de la trama”.

Un informe policial del sumario sostiene que “las actividades laborales que desarrolla en España la comunidad china se nutre de sus ciudadanos (…) para realizar todos los trabajos necesarios para su expansión en los negocios. Es una sociedad cerrada de muy difícil acceso y donde generan muchos puestos de trabajo que son realizados por sus propios compatriotas, los cuales son traídos a España para cubrir esos puestos de trabajo generados. Esto significa que el beneficio que pudiera tener la sociedad española por la inversión empresarial de los ciudadanos chinos en España es un espejismo, y esa forma de organización se encuentra en estos momentos aumentando, al tener acceso a otras vías de negocios más sofisticadas, como pueden ser empresas de telecomunicaciones, banca, agencias de viaje, gestorías, inversión inmobiliaria y proyectos de miniciudades empresariales chinas, como las propuestas en el municipio de Extremera (Madrid)”.

La organización contaba también con otras gestorías y despachos de abogados que además de colaborar en la inmigración ilegal de ciudadanos chinos, se encargarían de cuadrar las cuentas del entramado empresarial con la emisión de facturas falsas, y darían cobertura a las actividades de fraude de capital y blanqueo de capitales. Un ejemplo de ello es la detención de José Luis García Vinagre, que a través de la gestoría Auditaser hacía las veces de “gestor y asesor financiero, económico y mercantil de la organización criminal investigada”, según uno de los autos del juez Fernando Andréu, que instruye la causa. Con él trabajaba otro gestor, José Luis Naranjo Romojoro, igualmente detenido. Los investigadores de la Operación Emperador han localizado otras dos gestorías, en este caso en Burgos, vinculadas también a la mafia china.