El precio de virginidad de una adolescente indígena en la ciudad brasileña de São Gabriel da Cachoeira, en la zona fronteriza con Colombia, varía entre 10 dólares estadounidenses, un teléfono móvil y una caja de chocolates.

Al menos, según las madres que van denunciando los abusos sexuales contra sus hijas ante las autoridades de la ciudad que tiene la mayor población indígena del país, unas 29.000 personas de 22 grupos étnicos. Los primeros casos fueron reportados en 2008, según el diario ‘Folha’ de Sao Paulo. Hoy en día las denuncias oficiales son 12 y abarcan a jóvenes de entre 12 y 14 años.

Todas ellas ya dieron testimonio. Señalaron a nueve hombres blancos como los autores; entre ellos, empresarios locales, un ex concejal, dos efectivos del Ejército y un conductor.

“Él me llevó al dormitorio y se quitó la ropa. Era la primera vez, yo estaba triste. Él me dio 20 reales (unos 10 dólares estadounidenses) y me dijo que no le diga a nadie”, contó M., una niña de 12 años, al citado diario. Su ‘venta’ de su virginidad fue organizada a través de una prima, también adolescente. El ‘comprador’ fue un ex concejal, casado y con hijos.

P., otra joven, de 14 años, cuenta que perdió su virginidad con un comerciante. Estuvo con él dos veces y recibió un teléfono móvil.

“La primera vez que me vi obligado, me dio 30 reales (unos 15 dólares) y una caja de chocolates”, dice L., de 12 años. Cuenta que otras chicas también recibieron bombones y ropa a cambio de su virginidad.

Una de las denunciantes, una joven de 15 años, admitió en su testimonio que presenció varios encuentros sexuales de hombres con niñas menores de 10 años. Detalló que decidió contactar voluntariamente con la Policía después de que uno de los sospechosos la amenazara con llevarla a la cárcel consigo.

“Buscamos justicia”, afirma la presidenta del Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, Justina Zanato. Explica que es muy difícil luchar contra este tipo de explotación sexual, ya que los abusadores son blancos, ricos e influyentes en la región: “Tienen el poder que grita más fuerte, el dinero”. Detalla que las víctimas fueron amenazadas, que les decían que deben permanecer en silencio en sus casas si quieren estar a salvo. Cuenta que varias chicas tuvieron que mudarse a casas de sus parientes donde permanecen hasta ahora, para evitar riegos mayores.

“Los demandados son personas que tienen cierto poder dentro de la ciudad, lo que intimida a cualquier denunciante”, explica el fiscal José Júlio Araújo junior, quien trabaja en la aplicación de la Ley Indígena. A pesar de que hace un mes la Policía Federal se unió a la investigación que realizaba la Policía Civil, ninguno de los nueve sospechosos de pederastia fue detenido hasta el momento. Tampoco fueron presentados cargos oficiales.

Las autoridades locales indican que en su momento solicitaron el arresto de uno de los sospechosos, pero él logró huir de la ciudad y nunca fue localizado. En cuanto a los demás, no hubo ninguna medida en su contra. Según la Policía, la investigación es muy complicada debido a lo difícil que es encontrar a las víctimas y las pruebas del delito, ya que casi ninguna de las jóvenes se sometió a un examen médico después de sufrir el abuso.