Salafistas reanudaron los ataques contra eventos culturales en Túnez e impidieron la celebración de espectáculos considerados contrarios al islam ante la mirada de las fuerzas del orden, lo que llevó a artistas a denunciar la “complicidad” del gobierno, dominado por islamistas.

En la noche del jueves, unas 200 personas con palos y sables irrumpieron durante un encuentro organizado en Bizerta (norte) en el marco del “Día de al Aqsa”. Según testigos, hubo cinco heridos.

Un militante del Frente de Liberación de Palestina (FLP), Samir Kantar, quien pasó 30 años preso en Israel, antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros con el movimiento chiita libanés Hezbolá, participaba en el encuentro. Los organizadores puntualizaron que Kantar había realizado declaraciones favorables al régimen sirio de Bashar al Asad.

Según el secretario general de la Liga de Derechos Humanos tunecina, la policía esperó una hora antes de intervenir. Cuatro salafistas fueron detenidos, según el ministerio del Interior.

Se trata del tercer espectáculo en tres días en el que irrumpen islamistas radicales. Antes de lo ocurrido en Bizerta, las acciones de esta nueva oleada no habían derivado en actos violentos, lo cual sí había ocurrido en junio, cuando atacaron una exposición de arte cerca de Túnez.

El martes por la noche en Menzel Burguiba (norte), islamistas radicales bloquearon el escenario donde el célebre cómico Lofti Abdeli, al que acusan de ofender al Islam, debía desarrollar su espectáculo “100% halal”.

Al día siguiente, esta vez en Kairuan (160 km al sur de Túnez) el grupo iraní Mehrab no pudo presentarse en el Festival Internacional de Música Sacra y Sufí. Su delito: ser chiitas, lo que para los fundamentalistas sunitas representa una ofensa contra lo sagrado.

Ningún movimiento radical reivindicó los actos y el principal grupo, Ansar al Charia (los Partidarios de la Sharia), rechazan cualquier contacto con los medios extranjeros.

Las fuerzas de seguridad, que dispersaron sin miramientos los movimientos sociales de estas últimas semanas, se mostraron discretas y no anunciaron ninguna detención.

Por ello, algunas personas las consideran sospechosas de complicidad con los islamistas del partido en el poder, Ennahda. “Dejan hacer a los salafistas”, afirma Leila Tubel, célebre escritora tunecina.

“¿Cómo no creer que este gobierno y Ennahda no están implicados?”, prosigue y denuncia una “complicidad, al menos, por el silencio”.

“Lo grave en este asunto, además del activismo de los extremistas religiosos que cada día tiene un alcance mayor, es la permisividad de las autoridades que capitulan ante (…) algunos energúmenos barbudos”, estima el diario digital Kapitalis, muy crítico con el poder.

El ministerio del Interior, contactado por la AFP, no comentó estas acusaciones y simplemente indicó que preparaban un comunicado.

En tanto, el ministerio de Cultura estimó que “este tipo de actitudes constituyen un ataque contra la libertad de expresión y una peligrosa amenaza al derecho a la cultura”.

Ennahda ya se encontraba en el punto de mira de los defensores de los Derechos Humanos por presentar un proyecto de ley que castiga con prisión los ataques a lo sagrado. Numerosos observadores consideran que este texto constituye un ataque a la libertad de expresión y de creación.

El líder de Ennahda, Rashed Ganushi, explicó en julio estar buscando el diálogo con los salafistas para que Túnez no caiga en “la opresión, la tortura y el encarcelamiento” que caracterizaron al régimen del depuesto presidente Zine El Abidine Ben Ali.