Francisco Rubiales.- Los políticos se sienten legitimados por las urnas, ignorando el principio de que lo único que hacen las urnas es legalizar el gobierno, nunca legitimarlo. La legitimidad la tienen que ganar cada día los gobernantes con una política honrada. decente y al servicio de los ciudadanos. Cuando esa política falla, cuando se gobierna en contra de los derechos e intereses de los ciudadanos, los gobiernos quedan automáticamente deslegitimados, por muchos votos que tengan detrás, y luchar contra ellos para arrojarlos del poder se convierte en una tarea obligatoria para los demócratas y protegida por el derecho natural.

Esta filosofía de la rebelión legítima contra los gobiernos ineptos e indecentes, basica en democracia y recogida por la Constitución de los Estados Unidos de América, está siendo cuidadosamente ocultada y vaciada de contenido por muchos gobiernos actuales, especialmente por los que, como ocurre en España, se autoproclaman “demócratas” sin serlo, los que creen y defienden algo tan bastardo y falso como que la democracia es, exclusivamente,” el gobierno de las mayorías”.

El concepto de “mayoría” está siendo utilizado por muchos falsos demócratas para justificar ignominias y abusos de poder. Aunque lo saben, ocultan cuidadosamente que lo que caracteriza más a las verdaderas democracias no es el dominio de las mayorias, sino el respeto a las minorías, sobre todo a la minoría fundamental, que es el ciudadano, como indivíduo, no a la “ciudadanía” como concepto colectivo y abstracto.

No es difícil encontrar a gobernantes destacados de nuestros degradados gobiernos europeos defender la tesis de que, por ejemplo, las protestas de la oposición en Teherán no deslegitiman la victoria de Mahmud Ahmadineyad, vencedor por una aplastante mayoría en las urnas o que el hecho de que dos terceras partes de la población griega esté en contra de su gobierno carece de importancia.

Hacer pagar al pueblo, injustamente, el grueso de la factura de la crisis, practicar recortes a los ciudadanos mientras los políticos mantienen sus privilegios, aplastar al pueblo con impuestos abusivos y otras políticas arbitrarias más, todas ellas habituales en la España actual, son deslegitimadoras y convierten a los gobiernos que las practican en opresores y contrarios al bien común, aunque los políticos justifiquen sus abusos con el pobre argumento de que ellos proceden de las urnas.

Estos falsos demócratas se equivocan al pensar que una mayoría en las urnas otorga legitimidad y olvidan que la única legitimidad la otorga la decencia. El régimen de los ayatolás y el gobierno de Ahmadineyad, por muchos votos que hayan cosechado, son ilegítimos porque han construido un mundo basado en el odio y la injusticia, porque ahorcan a las mujeres adulteras y a los homosexuales, porque mutilan a los ladrones, porque no respetan los derechos humanos básicos, porque aplastan el pensamiento libre y porque reprimen y asesinan a cualquiera que se les oponga.

Luchar contra los dirigentes ilegítimos que malgobiernan a sus ciudadanos, que,con tanta tozudez como vileza, arruinan a sus paises y llevan a sus pueblos hacia el desastre y la corrupción, es un deber ético y político ineludible para todo demócrata.

El caso español es uno de los ejemplos mas claros de lo que representa un gobierno legal pero ilegítimo. Los últimos gobiernos españoles han legislado y gobernado en contra de la voluntad popular y han generado un profundo rechazo en la población, que se manifiesta en las encuestas como desprecio y condena a la clase política, considerada como el tercer gran problema de la nación por un número creciente de ciudadanos, cercano al 30 por ciento, mientras que la crítica directa a la labor del gobierno supera con creces el 50 por ciento de la población.

Si se realizaran consultas populares, algo que los gobiernos españoles evitan sistemáticamente, quedaría claro que los ciudadanos quieren más democracia, mas controles y cautelas que limiten el poder de los partidos políticos y los políticos profesionales, separación e independencia en los poderes básicos del Estado, sobre todo en la Justicia, y una política activa y de castigo para los corruptos y los ladrones que, desde el poder, han saqueado las cajas de ahorro y las arcas públicas y han cometido todo tipo de abusos y arbitrariedades.

El incumplimiento de esos deseos del pueblo español, al igual que el incumplimiento de las promesas electorales y la práctica de la mentira y el engaño son obligaciones ineludibles, en en democracia, para los gobernantes, aunque ellos lo nieguen, y convierten a los gobiernos que las incumplen en ilegítimos y ruines. Los ciudadanos, según el derecho natural y las reglas de la democracia, tienen todo el derecho del mundo a oponerse, mediante métodos pacíficos, aunque contundentes, a esos gobiernos para provocar su caída.