El ex concejal independiente Enrique Remartínez, ya fallecido, se opuso a cualquier tipo de ayuda económica a Bohórquez.

Por Julio Liarte Parres.- Es, a partir de entonces, cuando entra en escena, de nuevo, el editor. Concretamente, a principios de noviembre de 1991, una sociedad en proceso de formación, denominada Grupo de Información de Melilla, SA, presentó una solicitud de coparticipación en su capital social, por importe inicial de 7,5 millones de pesetas, que significaba un 30% del capital social inicialmente previsto, en el que participaría, además, Bohórquez, de forma directa e indirecta, en un 36%; y un grupo indeterminado de personas en el restante 34%.

La actividad a desarrollar por la empresa promovida por Bohórquez sería la creación de una emisora de televisión por cable, y el proceso de constitución de la sociedad había sido iniciado a principios de agosto de ese mismo año, poco después de que Velázquez consiguiese la Alcaldía de Melilla. La inversión inicial prevista era de unos 38 millones de pesetas, y crearían 12 puestos de trabajo. La financiación provendría, aparte de los 25 millones de los recursos propios citados, de una subvención a fondo perdido, también gestionada por Promesa, por importe de 6,3 millones; y el resto, por importe de 6,7 millones mediante un préstamo bancario a largo plazo cuyos intereses serían subvencionados también por el régimen de ayudas gestionado por la entidad pública.

Esta es la razón por la que tuve que empezar a entrevistarme, de nuevo, con el editor. Acudí a la redacción del periódico en el edificio “Monumental”. Había cambiado muchísimo el editor desde la última vez que fui al mismo sitio seis años antes. Si tuvo alguna vez algún atisbo de humildad, esta había desaparecido completamente. Sabía que era el que mandaba, y no solicitaba, sino que ordenaba. Su mirada y actitud eran retadoras y estaban completamente claras: “si no colaboras, ya sabes lo que te espera”. Al igual que la vez anterior, le hice todo el proyecto de empresa, aunque esta vez ni se había molestado en hacer un borrador. Más adelante, a principios de enero de 1992, presentó la solicitud de las subvenciones complementarias a la participación en el capital social.

Poco después, a finales de ese mismo mes, ya teníamos todo el expediente preparado y listo para comenzar el proceso de aprobación. Era necesario un informe jurídico previo que dictaminara sobre la legalidad de la actividad económica pretendida. Lo exigía la normativa, y era lo lógico, puesto que la administración no puede participar, aunque sea indirectamente, en actividades ilícitas. El Letrado Secretario del Consejo de Administración inicialmente lo informó favorablemente en base a la legislación sobre vídeos comunitarios y la falta de legislación específica en la materia, por lo que deducía que era un caso de alegalidad y no de ilegalidad.

Además, como la participación en el capital social iba a ser menor de 15 millones de pesetas, el órgano de resolución sería la Comisión Municipal de Gobierno, en lugar del Pleno de la Corporación. Este era un punto crucial, y sin duda lo habían estudiado con anterioridad, puesto que el Alcalde sólo podía asegurar 12 votos favorables (los de su partido), mientras que los otros 2 votos correspondientes al PNM serían desfavorables, dada la negativa de Enrique Remartínez a aprobarle estas ayudas al editor, ya que argumentaba que, en tal caso, la televisión no sería para todo el pueblo de Melilla.

Efectivamente, a finales de febrero, la Comisión de Gobierno aprobó por mayoría, dado el voto en contra de Enrique Remartínez, la participación en la nueva empresa a constituir, aunque con algunas matizaciones menores que significaban cambios en las magnitudes del proyecto de empresa a consecuencia del informe económico que yo mismo había realizado, en concreto un aumento del capital social inicial en 5 millones de pesetas para amortiguar el impacto de los dos primeros años de pérdidas previstas. En el momento en que fuera constituida la empresa, podrían aprobarse las subvenciones correspondientes. Remartínez se reservó el derecho a impugnar el acuerdo de la Comisión de Gobierno, ya que lo consideraba un grave error político, y ofreció, como alternativa, un ante-proyecto para la creación de una televisión pública en la que participaran todos los grupos políticos. Los contra-argumentos del resto del equipo de gobierno se basaron en la defensa de la economía liberal y de la propiedad privada frente al estado.

Sin embargo, una vez que había sido aprobado inicialmente el acuerdo de participación en el capital, recibimos un escrito de la Jefatura de Telecomunicaciones de Melilla al que acompañaba una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de mediados de octubre de 1991, mediante la que se precisaba que la actividad de televisión por cable prevista estaba sujeta al régimen de intervención administrativa previa, por lo que sería necesario obtener unos permisos que gestionaba la Administración Central. Ante tales hechos, el Secretario no tuvo más remedio que reconsiderar su informe anteriormente emitido, modificando la calificación de la actividad y solicitando al órgano de resolución, que era la Comisión de Gobierno, que retomara el expediente y lo dejara en suspenso, advirtiendo que podía ser objeto de nulidad el acto administrativo resultante.

El Alcalde no tuvo más remedio que dar marcha atrás y paralizar el expediente, aunque el editor no se quedó parado, ya que mediante artículos diversos arremetió, en primer lugar, contra el Jefe Provincial de Telecomunicaciones, y, a pesar de la claridad de la sentencia, quería continuar adelante. Pero no pudo ser, y menos con un informe técnico en contra que advertía sobre la ilegalidad de la actividad pretendida.

EL AUTOR

Julio Liarte Parres es economista y funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla. Prestó sus servicios en el Ministerio de Trabajo, precisamente en el departamento encargado de las ayudas a empresas de nueva creación; y luego ha hecho lo propio como gerente de la empresa pública Proyecto Melilla, SA, entidad especializada creada por el entonces Ayuntamiento de Melilla para fomentar la creación de empresas y empleos en la ciudad. En la actualidad es diputado autonómico y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), un partido escindido del PP y que lidera el ex presidente de la Ciudad de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera.