Las fuerzas de seguridad y los expertos en integrismo religioso advierten del avance de los islamistas y señalan que su implantación está dificultando la integración social de estos extranjeros. En el peor de los casos, alertan de que el avance del radicalismo puede suponer incluso una amenaza para la seguridad nacional.

Cuenta Lucía N. Poza en ElConfidencial que un claro ejemplo el conocido la semana pasada en Ceuta. Cuatro jóvenes españoles de origen marroquí que asistían a la mezquita de Las Caracolas, una de las más radicales de la ciudad autónoma por su inspiración salafista, decidieron viajar a Siria para luchar junto a los rebeldes que se han levantado contra Bachar Al Assad. Uno de ellos, Rachid Wahbi, taxista de 32 años, murió en un enfrentamiento con el Ejército sirio. Y otros musulmanes con DNI español podrían haber emprendido el mismo camino. Radicalismo religioso y violencia no van unidos pero la frontera que los separa es demasiado permeable.

No hay cifras fiables sobre la adscripción de los dos millones de musulmanes que viven en suelo español, pero si hay indicios preocupantes. En una encuesta realizada por el Ministerio del Interior en 2010 el 40% de los musulmanes rechazó la prohibición del niqab o el burka (las dos prendas que más anulan el rostro de la mujer) en los espacios públicos, un valioso indicador de radicalismo desde el punto de vista policial. El sondeo también reveló que el número de musulmanes “muy practicantes” no ha dejado de crecer en el último lustro y que sólo el 40% de los entrevistados se mostró en contra de “la existencia de tribunales islámicos en países no musulmanes”.

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) le ha dedicado recientemente un análisis a estos movimientos en plena expansión en España. “Persiguen que fines como la instauración de un califato universal, la reclusión en su actividad puramente religiosa o una moralidad ultraconservadora, circunstancias que hacen que la integración en nuestra sociedad de los sus fieles sea más que dificultosa”, señala Óscar Pérez Ventura, analista en terrorismo yihadista y movimientos radicales islamistas y coautor del documento del IEE.

Entre estos movimientos se encuentra Justicia y Caridad (traducido también como Justicia y Espiritualidad), una corriente de origen marroquí pero ilegalizada por Rabat, fuertemente implantada en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. En esta última autonomía, Justicia y Caridad se ha alzado incluso como portavoz oficial de todos los musulmanes, tras tomar el control de la Federación Islámica de la Región de Murcia (FIRM), un hecho que les permite acceder a las subvenciones públicas. Nadia Yassine, hija del líder del movimiento, el jeque Abdeslam Yassine, ha realizado numerosas visitas a sus lugartenientes locales. Su interpretación del texto sagrado es sumamente conservadora. Promulga la no violencia pero Justicia y Caridad se muestra contrario a la integración de los musulmanes en la sociedad española. De hecho, en Murcia, los imanes que predican en sus mezquitas han promovido la creación de guetos en los que se aplica la ley islámica. Tampoco reconocen la legitimidad de las autoridades políticas.

La Yama’a Al-Tabligh es otra organización con serios planes de crecimiento en España. Apareció en la india hace casi un siglo y es una especie de orden contemplativa. Promulga la islamización de las vidas cotidianas de sus adeptos. Javier Jordán, profesor de la Universidad de Granada experto en terrorismo islamista y analista del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI), afirma que “era una organización muy cerrada pero se han ido abriendo a la sociedad, organizando cursos y seminarios y su discurso se ha vuelto más moderado. Tienen interés en tener una buena relación con las autoridades y ahora ponen mucho empeño en evitar los discursos más radicales”.

Con todo, los tabligh están en el punto de mira de las Fuerzas de Seguridad porque, pese a rechazar de la violencia, su adoctrinamiento en la visión más conservadora del Islam ha sido utilizado anteriormente por otros grupos para pescar entre sus seguidores potenciales yihadistas. De hecho, implicados en la red de Abu Dahdah, líder de Al Qaeda en España, y en el 11-M habían profesado esta doctrina antes de dar el salto a la yihad. Son reconocibles por sus barbas (de sólo unos dedos de longitud) y sus túnicas blancas. Están muy bien organizados aunque por el momento renuncian a tomar el control de las organizaciones de representación de los fieles musulmanes. Están en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Ceuta y Melilla.

La última gran corriente implantada en España son los Hermanos Musulmanes, una organización fundada en Egipto y con presencia en casi todo el mundo. La influyente Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), una de las dos asociaciones que se arroga la representación de los musulmanes españoles, se mueve en su entorno. Tienen mezquitas en Madrid, Valencia y Andalucía. Aunque se les considera moderados, pregonan la instauración de la ley islámica y el rechazo a los líderes occidentales. Varios de los imputados por el 11-M también habían pasado por esta organización. El propio Abu Dahdah perteneció a ella.

Sin embargo, lo que más preocupaa a las Fuerzas de Seguridad no es una organización sino dos corrientes muy similares, salafismo y wahabismo, dos concepciones extremadamente radicales del Islam que rechazan cualquier tipo de relación con no musulmanes, exigen el cumplimiento estricto del Corán e incluso arrinconan a los creyentes moderados. Pérez Ventura incluye en este grupo a la doctrina, el Takfir Wal Hijra, que justifica incluso la Guerra Santa. “Son movimientos que no dudan en utilizar la violencia y la retórica yihadista para la consecución de sus objetivos”, advierte. Su objetivo prioritario en España es, por ahora, expandir su base social, algo que ya están consiguiendo, especialmente en Cataluña, gracias al patrocinio de Arabia Saudí, patria del wahabbismo.

Jordán puntualiza que, salvo excepciones, por suerte “no se trata tanto de un problema para la seguridad interior como para la integración de los inmigrantes, en especial, los de segunda y tercera generación”. “A España le conviene promover otro tipo de asociaciones con una visión de la religión más abierta al diálogo con otras confesiones”, opina el analista del Gesi. “La apertura que se ha producido en el seno del movimiento Tabligh es un buen camino a seguir”.

La lista la completan Hizb ut-Tahrir, con tentáculos en País Vasco y Cataluña, y la secta Al Morabitum, instalada en el Albaicín granadino, ambas fundamentadas en lecturas extremas del Corán, aunque hay otros colectivos minoritarios, “como Sharia4Spain [una plataforma web que defiende abiertamente la aplicación de la ley islámica en España], que tienen un lenguaje ambiguo respecto al terrorismo y la yihad”, advierte Pérez Ventura.