G.I.- La Fiscalía ha pedido al juez del “caso Palau” que envíe al Tribunal de Cuentas el informe policial que señala que CDC recibió donaciones de empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña a través de su fundación afín, Trias Fargas (actual Catdem), para que investigue si hubo financiación irregular por valor, al menos, de 775.000 euros.

Según fuentes judiciales, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, en el que plantea que el Tribunal de Cuentas investigue el importe de las aportaciones de empresas a CDC, a través de su fundación, para determinar si incumplen la ley de financiación de partidos políticos.

Esas donaciones de empresas figuran en un informe de la Policía Nacional encargado por el juez, en el marco de la investigación abierta para averiguar si el Palau de la Música ejerció de intermediario en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

El informe, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, concluye que CDC se financió irregularmente a través de su fundación afín, Trias Fargas, no sólo de la constructora Ferrovial, sino también con donativos de otras empresas de relevancia adjudicatarias de la Generalidad.

Los investigadores creen que el pago de comisiones por parte de Ferrovial a CDC no era “el único”, ya que el partido también pudo recibir donaciones -a través de su fundación- de “empresas de relevancia” en sectores como la construcción y los servicios que participaban en concursos o procesos adjudicatarios “cuyo resultado pudiera estar viciado por esas aportaciones”. El informe destapa indicios de la existencia de un posible “entramado de blanqueo de capitales” en torno a la Fundación Trias Fargas, que recibía los donativos de empresas y posteriormente los desviaba a CDC a través de contratos de servicios u otros “procedimientos de ingeniería financiera”.

El propósito de remitir el informe al Tribunal de Cuentas, organismo que tiene capacidad sancionadora, es que analice si las aportaciones recibidas por CDC fueron declaradas por las empresas donantes -dado que las anónimas están prohibidas por ley- y si las cantidades entregadas superaban el máximo de 100.000 euros anuales que permite la legislación.

Otra de las cuestiones a investigar sería la relación entre CDC y las empresas donantes, dado que el informe de la Policía Nacional resalta que éstas eran adjudicatarias de obras y servicios públicos en la administración autonómica, provincial o local de Cataluña y que, por lo tanto, esas concesiones podrían estar “viciadas”.

La financiación de CDC a través de donativos de empresas podría llegar a ser objeto de sanción administrativa -por parte del propio Tribunal de Cuentas- pero para que constituya delito se requiere una contraprestación por parte del partido que sustentara un posible cohecho, según las fuentes judiciales consultadas.

Del informe de la Policía Nacional podrían derivarse también irregularidades fiscales en las operaciones financieras entre las empresas donantes, la Fundación Trias Fargas y CDC, para burlar la tributación correspondiente, han añadido las mismas fuentes.