Eduardo Arroyo Pardo.- Los que hablan del “liberalismo” de las Cortes de Cádiz y de la subsiguiente Constitución de 1812, deberían leer el texto con detenimiento, así como matizar y contextualizar sus afirmaciones.

Asuntos como la confesionalidad del Estado, que tiene por religión la “católica, apostólica y romana, única verdadera” y que prohibe “todas las demás” o la definición de la persona del Rey como “sagrada e inviolable” con tratamiento de “Majestad católica” se compadecen muy mal con la propensión a pensar en una especie de “FAES decimonónica”. Otras cuestiones, como la obtención de la ciudadanía por origen de sangre, la celebración preceptiva de Misa cantada de Espíritu Santo con motivo de la constitución de organismos representativos -por ejemplo, las Juntas de Parroquia- o el juramento exigido a los diputados a Cortes -”¿Juráis defender y conservar la religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra alguna en el Reino?”-, chirrían sobremanera con ese supuesto progresismo extremo de las Cortes de Cádiz.

Es cierto que, frente a la concepción monárquica tradicional, el artículo 373 reclamaba “el derecho” para todo español “a representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución” y que somete la figura real a las Cortes como expresión de la voluntad popular. En este sentido la Constitución, y el sistema legal que la desarrolla, se sitúan en un plano por encima de la figura del Monarca, algo que sí que hace de la Constitución de Cádiz un texto manifiestamente moderno. Sin embargo, la presencia de, por ejemplo, la religión católica, apostólica y romana en toda la extensión del texto pone de manifiesto el peso de la tradición anterior en la historia de “las Españas de ambos hemisferios”.

Esta reflexión nos lleva a una valoración sensiblemente distinta a la de la actual celebración “estándar” que, con motivo del 200 aniversario, está teniendo lugar en toda nuestra geografía.

Por citar algunos ejemplos, para el presidente del Parlamento Canario, Antonio Castro Cordobez, la Constitución “estimuló la inteligencia y el coraje para redactar, debatir y promulgar la primera Constitución que canceló las anacrónicas injusticias del antiguo régimen, y frente a la monarquía absoluta estableció la soberanía nacional, la separación de poderes, el sufragio universal y la libertad de expresión” (ABC, 27.3.2012). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el homenaje institucional del Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, conectó su patriotismo y su política de reformas con la ocasión histórica de los constitucionalistas de 1812, diciendo que ellos “nos enseñaron que en tiempos de crisis no hay que tener miedo de hacer reformas sino tener la decisión y la valentía de hacerlas. Fue así como el espíritu reformista se alzó frente al inmovilismo y la resignación. Gracias a su iniciativa, la reforma trajo el cambio y hoy como entonces el cambio es la reforma” (Cadena Ser, 19.3.2012).

En Valencia, la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) ha acogido la celebración de uno de los actos conmemorativos del bicententario de la Constitución de 1812 organizados por la Generalitat Valenciana, el panel de expertos en Derecho Constitucional “200 años de constitucionalismo liberal” (elperiodic.com, 27.3.2012). En el transcurso de los actos, la comisaria general para la conmemoración del bicentenario en la Comunidad Valenciana, María José Ferrer, ha declarado que “en una España en la que el 90% de la población era analfabeta, los diputados de Cádiz entendieron que no hay libertad sin instrucción e instauraron la creación de escuelas en todos los municipios para enseñar a leer, escribir y contar”.

Sin pretender ser exahustivos, todas las celebraciones institucionales, académicas o periodísticas tienen el común denominador de apelar al patriotismo en razón del gran logro constitucional de 1812. Además, hacen hincapié en lo “avanzado” del texto constitucional, subrayando el paralelismo con otras constituciones modernas, especialmente la de 1978. Así, en el curso del citado panel valenciano, el catedrático de Derecho Constitucional de la CEU-UCH, Manuel Martínez Sospedra, subrayó que “la Constitución de 1812 es el producto de exportación constitucional español más exitoso, por encima de nuestra carta magna actual, que ha inspirado otras constituciones vigentes como las de Polonia, Guatemala o Colombia”. La idea se lleva al extremo hasta afirmar, como hace Mariano Rajoy en el citado acto institucional gaditano, que Cádiz “por aquel entonces se convirtió en la ciudad de la utopía, la vanguardia del pensamiento y el centro del debate sobre el futuro de nuestro nación”, y, “en palabras de un contemporáneo, se convirtió en la brújula de la Europa liberal” (Cadena Ser, 19.3.2012).

Es indudable que a todos los anteriormente citados les hubiera cuadrado bastante mal en su esquema la prohibición de otras religiones, la celebración de misas tras un simple pleno del ayuntamiento, o el contenido del juramento obligatorio para todos los diputados a cortes.

Es fácil desdeñar todo esto en calidad de pervivencias esperables del Antiguo Régimen y quedarse tan solo con lo que interesa al típico constructo mental de carácter oportunista que exige nuestro momento histórico. Más interesante es, quizás,preguntarse hasta que punto vivía esa modernidad que hoy se reclama en exclusiva para los españoles de entonces entre los combatientes que luchaban contra el ejército francés, mientras nuestros constitucionalistas deliberaban en la retaguardia extrema. Recordemos que los diputados eran los “representantes” de la voluntad popular, entonces combatiente frente a un imperialismo que posiblemente conecta más con esa “Europa liberal”, de la que habla Rajoy. Dicho de otra manera, ¿hasta que punto la España combatiente era representada, en lo político y en lo ideológico, por los hombres “llegados de todos los lugares de la España peninsular y de ultramar”, de los que habla el Presidente del Gobierno? Sin duda, las apreciaciones históricas deben tomarse en su conjunto, y no solo parcialmente, si se quiere fundamentar el presente con justicia.

Y es que las alabanzas a la Constitución de 1812 han puesto de manifiesto un notable sesgo de apreciación que ha introducido algunos equívocos importantes: primeramente, se sugiere que España nace en las Cortes de Cádiz y, de manera sutil, se presenta a España como un invento de la modernidad, especialmente de la modernidad liberal. En segundo lugar, se asocia la lucha patriótica de liberación como una lucha librada así mismo por la citada modernidad, en contra de fuerzas oscuras de carácter integrista. En tercer lugar, se silencia la contribución anterior de la herencia tradicional y católica española, como si solo hubiera en ella cuanto de negro y turbio reclama la propaganda de los tiempos actuales. En cuarto lugar, se vertebra el discurso pro-1812 en torno a un burdo esquema progresista, que hace de la modernidad un logro absolutamente positivo en sí mismo, y que conduce hasta el presente sin vislumbrar siquiera un atisbo de crítica. Por último, se fundamenta en esa herencia liberal, exclusiva y excluyente, cuanto de patriótico hoy puede reivindicarse.

Todo esto no es más que una falsificación ideológicamente interesada que obedece a razones muy concretas. Porque es fácil comprobar como el pensamiento conservador español ha sido usurpado por la exclusividad radical del ultraliberalismo, responsable en buena parte dela crisis en la que nos encontramos. Así, en el reino de la libertad abstracta, aventada en la retórica diaria de los medios de comunicación, los hechos demuestran que las libertades concretas y tangibles se están viendo progresivamente recortadas.

La hegemonía de lo económico y la materialización de la vida están haciendo realidad la omnipresencia de un poder tecnocrático, distante frente al poder oficial teóricamente representativo de la “voluntad popular”. Tras ese poder de cartón piedra, escenificado en medio de mil noticias intrascendentes que solo pretenden distraer respecto de lo que de verdad importa, todo parece trascurrir en plena sintonía con la estrategia del capital global. En la plutocracia se halla el fundamento de un poder que tiene cada vez menos cortapisas y que necesita tanto de la progresiva aborregamiento de los ciudadanos como la destrucción de todo lo que suena a “nacional”. En la era global, pueblos, historia, herencia y trascendencia, en una palabra: todo aquello que hace posible la libertad, sobra de manera radical.

Por eso conectar la tropelía que se está poco a poco gestando con la Constitución de 1812, es tanto como imputar a los constitucionalistas de Cádiz la situación que vivimos, algo que constituye en sí una enorme injusticia histórica. También por ese motivo asumir toda esta superchería supone caer en una trampa importante tendida por quienes quieren sustituir a España por una amalgama de tecnicismos legalistas -”espacio de derechos y libertades”, lo llaman- y, precisamente por ello, apelan al engendro del “patriotismo constitucional” como única idea de la patria compatible con la termitera gris que el capital necesita. Para citar un tesis nada popular hoy en día, muchos pensamos que la modernidad trajo, en palabras de Max Weber, el “desencantamiento del mundo” o, dicho de otro modo, una pérdida del sentido de la trascendencia que está en la raíz misma del caos en el que se debate la Civilización Occidental.

Las convulsiones que vivimos son el producto de esa patología y es lógico que sus causantes estén interesados en reconstruir una historia a su medida, porque precisamente los que hoy festejan con el dinero público la Constitución de 1812 son los gestores del desastre que se avecina. Así que mucho me temo que si los hombres de Cádiz contemplaran hoy eso en lo que nos hemos convertido, hubieran abandonados los debates y se hubieran ido al frente sin más.